Se aprobó por unanimidad del senado el proyecto de ley sobre “Documentos, Firmas y Comercio Electrónico”, con el objetivo de facilitar el trámite en los diferentes ámbitos de la administración.
Esta ley entrará en vigencia desde 18 meses después de su aprobación no cambia la estructura del derecho existente.
El proyecto de ley que fuera aprobado en grande el 21 de agosto de 2007 tiene como objeto reconocer el valor jurídico y probatorio de los mensajes de datos, documento electrónico, firma electrónica, contratación electrónica, así como el comercio electrónico, incluyendo modificaciones al Código Penal sobre la utilización de los medios electrónicos y a los delitos informáticos.
Según los entendidos este proyecto de ley no cambia la estructura del Derecho existente, simplemente reconoce el valor jurídico y probatorio de un nuevo soporte el “soporte electrónico”, es así que se respetan los Códigos Civil y Comercial y sólo se incluyen modificaciones al Código Penal, incluyendo al correo electrónico, documento electrónico, medios electrónicos y nuevos delitos informáticos.
Al igual que como se hacia con la información contenida en soporte papel, es importante conocer los nuevos términos que se empezarán a manejar el próximo año, es así que el documento escrito pasa a ser el documento electrónico, la firma manuscrita (firma electrónica), la Cédula de Identidad o Pasaporte para identificarse (Certificado Electrónico), algunos contratos en presencia física del Notario de Fe Pública (documento público electrónico), la contratación entre personas presentes (contratación electrónica) y el comercio tradicional (comercio electrónico).
Este nuevo soporte conocido de forma genérica como “medios electrónicos” (computadora, Internet, celular, fax, televisión, entre otros) van a permitir agilizar y hacer más eficientes nuestros trámites en los ámbitos de la Administración Pública (diversos trámites en línea), Administración de Justicia (notificaciones electrónicas a un correo electrónico si se fija como domicilio), ámbito financiero (banca electrónica o telebanca, desmaterialización de documentos), ámbito tributario (presentación de impuestos por Internet, factura electrónica), ámbito comercial (contratación electrónica, vender a cualquier parte del mundo), entre otros.
Hoy en día se está realizando contratación electrónica y utilizando documentos electrónicos al retirar dinero de cualquier cajero automático con nuestra tarjeta de débito o crédito, o al pagar con las mismas en un supermercado o negocio que aceptan el pago con tarjeta.
Con este sistema se puede tener presencia a nivel mundial al contar con un sitio web a través del cual se podrá vender productos, ya sean bienes o servicios, ahorrando en costos de pagar el alquiler de una oficina, luz, agua, secretaria, etc.
La nueva ley de Documentos, Firmas y Comercio Electrónico dará seguridad en el marco de las transacciones que se realizan a través de medios electrónicos en cualquier ámbito.
Según el informe se tiene previsto que una vez aprobada la ley, se contará con un plazo de hasta dieciocho meses para la difusión de la misma al sector público (Administración Central, Departamental y Local y al Poder Judicial), sector privado y sociedad civil (Colegios de Abogados, Notarios, Ingenieros, entre otros).
http://www.elmundo.com.bo/Secundarianew.asp?edicion=07/10/2007&Tipo=Economia&Cod=7156
miércoles, 17 de octubre de 2007
ESPAÑA: Aprobada la ley que obliga a las compañías a guardar los datos para investigaciones criminales
Las compañías de telefonía móvil tienen dos años, a partir de ahora, para localizar a más de 20 millones de clientes que utilizan tarjetas prepago -sin contrato y, por tanto, anónimos- y exigirles sus datos para incluirlos en un registro. Transcurrido ese plazo, las compañías estarán obligadas a desactivar las tarjetas. Así lo establece la Ley de Conservación de Datos relativos a las Comunicaciones Electrónicas, que ayer aprobó definitivamente el Congreso -por unanimidad- y que obliga a las compañías a guardar los datos de usuarios y llamadas (salvo su contenido) y cederlos en investigaciones criminales.
La ley, pensada para perseguir delitos de terrorismo o crimen organizado, obliga a las operadoras de telefonía fija, móvil y por Internet a guardar durante un máximo de dos años los datos de los usuarios -nombre, dirección y número de teléfono de ambos interlocutores, y hora y duración de las llamadas, pero no su contenido- y cedérselos a los cuerpos de seguridad si así lo autoriza un juez. En la actualidad, las compañías ya conservaban algunos datos durante dos o tres meses (por motivos comerciales), pero no estaban obligadas a ello.
La investigación de los atentados del 11-M sacó a la luz la importancia de esta vía de investigación: las bombas fueron activadas con móviles, y el rastreo de éstos ayudó a localizar a varios de los sospechosos. Tras aquellos atentados en Madrid y los de Londres, de julio de 2005, la Unión Europea dictó una directiva que el Parlamento español desarrolla ahora en esta ley.
Almacenar los datos de los clientes que tienen teléfono fijo o un móvil con contrato es sencillo, porque ya obran en poder de las operadoras. Pero quienes utilizan móviles con tarjeta prepago son anónimos. Por eso, la ley incluye una disposición adicional que da instrucciones precisas a las compañías sobre qué hacer en este caso: deberán llevar un "libro-registro en el que conste la identidad de los clientes que adquieran una tarjeta [prepago]: nombre, apellidos, nacionalidad y DNI o pasaporte del comprador".
A los 20,4 millones de clientes que ya poseen un móvil sin contrato, las compañías van a tener que localizarlos -con campañas de publicidad o como se les ocurra, porque eso la ley no lo precisa- y pedirles los datos. "Transcurrido el plazo de dos años, los operadores vendrán obligados a anular o desactivar aquellas tarjetas de prepago respecto de las que no se haya podido cumplir con las obligaciones de inscripción". Eso sí, las compañías tienen seis meses desde ahora para adecuar sus equipos y preparar los mecanismos de registro.
La ley pretende "proteger la seguridad pública" pero "buscando el imprescindible equilibrio con el respeto a los derechos individuales" como el de la intimidad y la privacidad. Para lograr eso hay tres garantías: que los datos sólo se cederán con una autorización judicial previa, que únicamente se utilizarán en la investigación de delitos "graves" -no especifica cuáles son- y que en ningún caso se almacenarán ni, por tanto, cederán los datos referentes al "contenido" de las comunicaciones.
Es decir, la policía -si el juez lo autoriza- podrá saber el nombre y dirección de dos personas que hayan entablado una conversación -por teléfono fijo, móvil en llamada o mensaje, correo electrónico o telefonía por Internet-, a qué hora hablaron, desde dónde y durante cuánto tiempo. Pero no qué se dijeron. Salvo que obtenga un permiso judicial que autorice expresamente el pinchazo de la línea, aunque esa posibilidad ya existe ahora y sólo se concede cuando hay indicios claros de delito.
"Esta ley es un instrumento de lucha contra el crimen y creemos que los derechos individuales quedan plenamente garantizados", afirmó el diputado socialista Sebastián Fuentes, que agradeció el apoyo final de todos los grupos al texto del Gobierno (parcialmente enmendado en el Parlamento). Todos eran conscientes de que la directiva europea había que convertirla en ley antes o después, y ninguno consideró que el resultado final vulnere el derecho a la intimidad de los consumidores.
Sin control de los 'chats'
Isaura Navarro, de IU-ICV, recordó que su grupo estará vigilante porque "la lucha contra el terrorismo no puede implicar un recorte de libertades"; Margarita Uria (PNV) habló de un texto "equilibrado en el binomio seguridad-libertad"; y Georgina Oliva, de ERC, planteó la cuestión de base: "¿Qué está dispuesta a aceptar la ciudadanía en beneficio de la seguridad?". "Compartimos el objetivo: contribuir a la investigación policial. Pero insistimos en lo mismo que el primer día: hay que garantizar el secreto de las comunicaciones", terminó el portavoz de CiU, Jordi Jané.
El PP, que se abstuvo en la primera votación de la ley hace tres meses, ha votado finalmente a favor por considerar que las enmiendas introducidas mejoran el texto y que éste ayudará a "combatir la impunidad en la Red", según dijo el diputado José Ignacio Echániz. Su única crítica fue que la ley es aún insuficiente, porque deja fuera del control los chats y foros de Internet, las vías "más usadas por las redes de pederastas". "Se ha perdido una gran oportunidad. Esta ley es positiva, pero podría haberlo sido más", concluyó Echániz.
http://www.elpais.com/articulo/espana/millones/clientes/moviles/prepago/deben/identificarse/perderan/numero/elpepuesp/20071005elpepinac_5/Tes
La ley, pensada para perseguir delitos de terrorismo o crimen organizado, obliga a las operadoras de telefonía fija, móvil y por Internet a guardar durante un máximo de dos años los datos de los usuarios -nombre, dirección y número de teléfono de ambos interlocutores, y hora y duración de las llamadas, pero no su contenido- y cedérselos a los cuerpos de seguridad si así lo autoriza un juez. En la actualidad, las compañías ya conservaban algunos datos durante dos o tres meses (por motivos comerciales), pero no estaban obligadas a ello.
La investigación de los atentados del 11-M sacó a la luz la importancia de esta vía de investigación: las bombas fueron activadas con móviles, y el rastreo de éstos ayudó a localizar a varios de los sospechosos. Tras aquellos atentados en Madrid y los de Londres, de julio de 2005, la Unión Europea dictó una directiva que el Parlamento español desarrolla ahora en esta ley.
Almacenar los datos de los clientes que tienen teléfono fijo o un móvil con contrato es sencillo, porque ya obran en poder de las operadoras. Pero quienes utilizan móviles con tarjeta prepago son anónimos. Por eso, la ley incluye una disposición adicional que da instrucciones precisas a las compañías sobre qué hacer en este caso: deberán llevar un "libro-registro en el que conste la identidad de los clientes que adquieran una tarjeta [prepago]: nombre, apellidos, nacionalidad y DNI o pasaporte del comprador".
A los 20,4 millones de clientes que ya poseen un móvil sin contrato, las compañías van a tener que localizarlos -con campañas de publicidad o como se les ocurra, porque eso la ley no lo precisa- y pedirles los datos. "Transcurrido el plazo de dos años, los operadores vendrán obligados a anular o desactivar aquellas tarjetas de prepago respecto de las que no se haya podido cumplir con las obligaciones de inscripción". Eso sí, las compañías tienen seis meses desde ahora para adecuar sus equipos y preparar los mecanismos de registro.
La ley pretende "proteger la seguridad pública" pero "buscando el imprescindible equilibrio con el respeto a los derechos individuales" como el de la intimidad y la privacidad. Para lograr eso hay tres garantías: que los datos sólo se cederán con una autorización judicial previa, que únicamente se utilizarán en la investigación de delitos "graves" -no especifica cuáles son- y que en ningún caso se almacenarán ni, por tanto, cederán los datos referentes al "contenido" de las comunicaciones.
Es decir, la policía -si el juez lo autoriza- podrá saber el nombre y dirección de dos personas que hayan entablado una conversación -por teléfono fijo, móvil en llamada o mensaje, correo electrónico o telefonía por Internet-, a qué hora hablaron, desde dónde y durante cuánto tiempo. Pero no qué se dijeron. Salvo que obtenga un permiso judicial que autorice expresamente el pinchazo de la línea, aunque esa posibilidad ya existe ahora y sólo se concede cuando hay indicios claros de delito.
"Esta ley es un instrumento de lucha contra el crimen y creemos que los derechos individuales quedan plenamente garantizados", afirmó el diputado socialista Sebastián Fuentes, que agradeció el apoyo final de todos los grupos al texto del Gobierno (parcialmente enmendado en el Parlamento). Todos eran conscientes de que la directiva europea había que convertirla en ley antes o después, y ninguno consideró que el resultado final vulnere el derecho a la intimidad de los consumidores.
Sin control de los 'chats'
Isaura Navarro, de IU-ICV, recordó que su grupo estará vigilante porque "la lucha contra el terrorismo no puede implicar un recorte de libertades"; Margarita Uria (PNV) habló de un texto "equilibrado en el binomio seguridad-libertad"; y Georgina Oliva, de ERC, planteó la cuestión de base: "¿Qué está dispuesta a aceptar la ciudadanía en beneficio de la seguridad?". "Compartimos el objetivo: contribuir a la investigación policial. Pero insistimos en lo mismo que el primer día: hay que garantizar el secreto de las comunicaciones", terminó el portavoz de CiU, Jordi Jané.
El PP, que se abstuvo en la primera votación de la ley hace tres meses, ha votado finalmente a favor por considerar que las enmiendas introducidas mejoran el texto y que éste ayudará a "combatir la impunidad en la Red", según dijo el diputado José Ignacio Echániz. Su única crítica fue que la ley es aún insuficiente, porque deja fuera del control los chats y foros de Internet, las vías "más usadas por las redes de pederastas". "Se ha perdido una gran oportunidad. Esta ley es positiva, pero podría haberlo sido más", concluyó Echániz.
http://www.elpais.com/articulo/espana/millones/clientes/moviles/prepago/deben/identificarse/perderan/numero/elpepuesp/20071005elpepinac_5/Tes
martes, 2 de octubre de 2007
ESPAÑA: Una enmienda en la LISI permitiría a la Administración cerrar páginas en Internet
Aunque la propuesta especifica que los contenidos protegidos por el derecho a la libertad de expresión e información seguirán estando amparados por un procedimiento judicial.
Vuelve la polémica sobre la Ley de Impulso de la Sociedad de la Información (LISI). Y es que una reciente enmienda a este cuerpo legislativo, presentada por el grupo socialista, establece que los tribunales sólo podrán clausurar una web cuando su contenido afecte a los derechos y libertades de expresión y de información de los ciudadanos. Para la Asociación de Internautas (AI) esto significa que en el resto de casos no contemplados en el artículo, la Administración podrá censurar los contenidos de los sitios de Internet sin el previo procedimiento judicial. Además, la AI explica que el texto legislativo no explicita quién será la autoridad competente para cerrar las web ni el procedimiento o ámbito de aplicación a seguir para realizarlo.
Pedro Martínez, teniente fiscal de Madrid, utiliza, en un artículo colgado en el site de la AI, el ejemplo de una página en la que aparezcan anuncios de medicamentos prohibidos, pero en la que se publican otro tipo de contenidos. Las autoridades competentes, en este caso el Ministerio de Sanidad y Consumo, siguiendo las pautas que el grupo socialista quiere introducir, podría tomar cartas en el asunto clausurando la página, pero, según indica Martínez en su artículo, de esta forma no se conseguiría evitar la venta de estos medicamentos. Y es que, en este caso, se trata de un delito contra la salud y de estafa, lo que requiere la intervención de los jueces para localizar los almacenes, entrar en ellos e incautarse de la mercancía.
La LISI ya fue objeto de polémica antes de su tramitación parlamentaria al conocerse que el anteproyecto que manejaba el Gobierno permitía a las autoridades administrativas proceder a la censura de una web sin el previo procedimiento judicial. Las presiones de las asociaciones de internautas lograron que ese artículo desapareciese del cuerpo legal. Ahora, en la fase de enmiendas en el Congreso, se deja abierta la puerta a que las autoridades administrativas puedan cerrar una web.
http://www.redestelecom.com/Actualidad/Noticias/Comunicaciones/Legislaci%C3%B3n/20071001013
Vuelve la polémica sobre la Ley de Impulso de la Sociedad de la Información (LISI). Y es que una reciente enmienda a este cuerpo legislativo, presentada por el grupo socialista, establece que los tribunales sólo podrán clausurar una web cuando su contenido afecte a los derechos y libertades de expresión y de información de los ciudadanos. Para la Asociación de Internautas (AI) esto significa que en el resto de casos no contemplados en el artículo, la Administración podrá censurar los contenidos de los sitios de Internet sin el previo procedimiento judicial. Además, la AI explica que el texto legislativo no explicita quién será la autoridad competente para cerrar las web ni el procedimiento o ámbito de aplicación a seguir para realizarlo.
Pedro Martínez, teniente fiscal de Madrid, utiliza, en un artículo colgado en el site de la AI, el ejemplo de una página en la que aparezcan anuncios de medicamentos prohibidos, pero en la que se publican otro tipo de contenidos. Las autoridades competentes, en este caso el Ministerio de Sanidad y Consumo, siguiendo las pautas que el grupo socialista quiere introducir, podría tomar cartas en el asunto clausurando la página, pero, según indica Martínez en su artículo, de esta forma no se conseguiría evitar la venta de estos medicamentos. Y es que, en este caso, se trata de un delito contra la salud y de estafa, lo que requiere la intervención de los jueces para localizar los almacenes, entrar en ellos e incautarse de la mercancía.
La LISI ya fue objeto de polémica antes de su tramitación parlamentaria al conocerse que el anteproyecto que manejaba el Gobierno permitía a las autoridades administrativas proceder a la censura de una web sin el previo procedimiento judicial. Las presiones de las asociaciones de internautas lograron que ese artículo desapareciese del cuerpo legal. Ahora, en la fase de enmiendas en el Congreso, se deja abierta la puerta a que las autoridades administrativas puedan cerrar una web.
http://www.redestelecom.com/Actualidad/Noticias/Comunicaciones/Legislaci%C3%B3n/20071001013
ESPAÑA: La Ley de Internet seguirá permitiendo el cierre de sitios web sin orden judicial
La presentación, el pasado miércoles, de cuatro enmiendas transaccionales al Proyecto de Ley de Medidas de Impulso a la Sociedad de la Información(LISI) por parte del Grupo Socialista en el Congreso ha sido recibida con satisfacción, pero también con cierta desconfianza, entre la oposición y la mayoría de los sectores afectados. Especialmente la enmienda que establece que sólo los jueces tendrán la potestad de restringir los contenidos de una web cuando choquen con la libertad de expresión o información.
Es precisamente esta condición («cuando colisionen con la libertad de expresión o información»), la que sigue siendo considerada como un «matiz peligroso» de la futura ley, ya que no elimina por completo la anterior ambigüedad de la norma y sigue teniendo en cuenta la posibilidad de que en determinados supuestos, sean los «órganos competentes» quienes restrinjan los contenidos (o incluso cerrar) páginas web.
Una vez terminado el plazo de presentación de enmiendas, el pasado 7 de septiembre, la casi totalidad de los grupos parlamentarios, excepto el PSOE y CIU, se mostraron de acuerdo en dos aspectos fundamentales: declarar el acceso a Internet por banda ancha como servicio universal y manifestarse en contra de que las autoridades administrativas puedan cerrar páginas web sin una orden judicial.
El polémico asunto del artículo 17 bis fue retirado por Industria tras el veto del pasado mes de abril por parte del Consejo Asesor de las Telecomunicaciones y la Sociedad de Información (CATSI). Facultaba a las entidades de gestión de los derechos de autor (SGAE, CEDRO, etc) para cerrar o bloquear páginas web sin necesidad de una orden judicial. Esta cuestión ha quedado «solucionada», según Víctor Domingo, presidente de la Asociación de Internautas.
Pero no así los flecos legales que permitirían, en determinadas condiciones, que «autoridades competentes» sin especificar pudieran bloquear contenidos o incluso cerrar páginas web. «Tanto los internautas como el resto de los grupos parlamentarios -explica Domingo- queremos que sea un juez quien decida, en todos los casos. Pero en su artículo 8, la ley sigue dejando en manos de terceros el bloqueo de contenidos en determinadas páginas web».
A su juicio, «el melón sigue abierto en materia de protección de derechos de autor, y un 'órgano competente', como por ejemplo Sanidad, podrá cerrar una página porque vende medicamentos, o un banco si quiere evitar el 'phishing', podría seguir bloqueando páginas sin intervención judicial. Nosotros queremos que quede muy claro que siempre, en todos los casos, sea un juez quien tenga la última palabra».
En lo referente a la implantación del acceso a internet por banda ancha como servicio universal, la enmienda transaccional presentada por el Grupo Socialista sigue sin explicar los mecanismos a través de los que se podría financiar ese servicio. El texto de la enmienda recoge literalmente el contenido del artículo 22.1 de la Ley General de Telecomunicaciones (LGT), que establece el derecho de todo usuario a obtener una conexión a la red telefónica pública, pero cambia el último párrafo, sustituyendo el concepto de que dicha conexión deberá «permitir comunicaciones de fax y datos a velocidad suficiente para acceder de forma funcional a internet», por la de «permitir comunicaciones de fax y datos en banda ancha, en los términos y calidades definidos por la normativa comunitaria para el servicio universal».
Y ese es, precisamente, el problema, ya que la normativa comunitaria para el servicio universal a la que se refiere la enmienda no dice nada sobre la banda ancha a la hora de definir los términos y calidades en los que debe prestarse el servicio. Es más, el artículo 4.2 de la Directiva 2002/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, se limita a decir que la conexión a deberá efectuarse a «velocidades suficientes para acceder de forma funcional a Internet», y en su Considerando 8 dice expresamente que «esta exigencia se limita a una única conexión a la red de banda estrecha» lo que, en la práctica, sólo garantiza el servicio a una velocidad de transmisión de datos de 56 kbit/s, la que permite un modem convencional.
Ni siquiera está prevista, en una próxima revisión de esta directiva comunitaria, la inclusión de la banda ancha a este servicio. Al contrario, una comunicación de la Comisión, de abril de 2006, sobre revisión del alcance del servicio universal, afirma textualmente que: «no se cumplen las condiciones necesarias para incluir los servicios de banda ancha en la aplicación del servicio universal».
http://www.internautas.org/html/4497.html
Es precisamente esta condición («cuando colisionen con la libertad de expresión o información»), la que sigue siendo considerada como un «matiz peligroso» de la futura ley, ya que no elimina por completo la anterior ambigüedad de la norma y sigue teniendo en cuenta la posibilidad de que en determinados supuestos, sean los «órganos competentes» quienes restrinjan los contenidos (o incluso cerrar) páginas web.
Una vez terminado el plazo de presentación de enmiendas, el pasado 7 de septiembre, la casi totalidad de los grupos parlamentarios, excepto el PSOE y CIU, se mostraron de acuerdo en dos aspectos fundamentales: declarar el acceso a Internet por banda ancha como servicio universal y manifestarse en contra de que las autoridades administrativas puedan cerrar páginas web sin una orden judicial.
El polémico asunto del artículo 17 bis fue retirado por Industria tras el veto del pasado mes de abril por parte del Consejo Asesor de las Telecomunicaciones y la Sociedad de Información (CATSI). Facultaba a las entidades de gestión de los derechos de autor (SGAE, CEDRO, etc) para cerrar o bloquear páginas web sin necesidad de una orden judicial. Esta cuestión ha quedado «solucionada», según Víctor Domingo, presidente de la Asociación de Internautas.
Pero no así los flecos legales que permitirían, en determinadas condiciones, que «autoridades competentes» sin especificar pudieran bloquear contenidos o incluso cerrar páginas web. «Tanto los internautas como el resto de los grupos parlamentarios -explica Domingo- queremos que sea un juez quien decida, en todos los casos. Pero en su artículo 8, la ley sigue dejando en manos de terceros el bloqueo de contenidos en determinadas páginas web».
A su juicio, «el melón sigue abierto en materia de protección de derechos de autor, y un 'órgano competente', como por ejemplo Sanidad, podrá cerrar una página porque vende medicamentos, o un banco si quiere evitar el 'phishing', podría seguir bloqueando páginas sin intervención judicial. Nosotros queremos que quede muy claro que siempre, en todos los casos, sea un juez quien tenga la última palabra».
En lo referente a la implantación del acceso a internet por banda ancha como servicio universal, la enmienda transaccional presentada por el Grupo Socialista sigue sin explicar los mecanismos a través de los que se podría financiar ese servicio. El texto de la enmienda recoge literalmente el contenido del artículo 22.1 de la Ley General de Telecomunicaciones (LGT), que establece el derecho de todo usuario a obtener una conexión a la red telefónica pública, pero cambia el último párrafo, sustituyendo el concepto de que dicha conexión deberá «permitir comunicaciones de fax y datos a velocidad suficiente para acceder de forma funcional a internet», por la de «permitir comunicaciones de fax y datos en banda ancha, en los términos y calidades definidos por la normativa comunitaria para el servicio universal».
Y ese es, precisamente, el problema, ya que la normativa comunitaria para el servicio universal a la que se refiere la enmienda no dice nada sobre la banda ancha a la hora de definir los términos y calidades en los que debe prestarse el servicio. Es más, el artículo 4.2 de la Directiva 2002/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, se limita a decir que la conexión a deberá efectuarse a «velocidades suficientes para acceder de forma funcional a Internet», y en su Considerando 8 dice expresamente que «esta exigencia se limita a una única conexión a la red de banda estrecha» lo que, en la práctica, sólo garantiza el servicio a una velocidad de transmisión de datos de 56 kbit/s, la que permite un modem convencional.
Ni siquiera está prevista, en una próxima revisión de esta directiva comunitaria, la inclusión de la banda ancha a este servicio. Al contrario, una comunicación de la Comisión, de abril de 2006, sobre revisión del alcance del servicio universal, afirma textualmente que: «no se cumplen las condiciones necesarias para incluir los servicios de banda ancha en la aplicación del servicio universal».
http://www.internautas.org/html/4497.html
ARGENTINA: Por cada disco legal hay tres pirateados
La tecnología revolucionó la forma de escuchar música. Lejos de la fina selección y la agudización del criterio que se tenía antaño a la hora de elegir comprar un disco, la disposición de millones y millones de archivos musicales en Internet a través de programas como P2P (Ares, Emule, Kazaa, Bearshare, Bittorrent, entre otros) inauguró una nueva manera de consumo más amplio pero, sobre todo, más económico.
La proliferación de este modo de adquisición musical se puede apreciar de forma concreta a través de los números que desde la Asociación para la Protección de los Derechos Intelectuales sobre Fonogramas y Videogramas (Apdif) acercaron a Rosario3.com. Según sus datos, en el año 2006 “las descargas ilegales de archivos musicales realizadas a través de programas P2P aumentaron un 67,69 por ciento respecto del 2005”. En otras palabras: de las 412 millones descargas no autorizadas hechas en 2005, se pasó a más de 608 millones en 2006.
Y para ser más concretos aún, agregan: “Si se considera que un disco promedio tiene 13 temas, resulta que en el 2005 se bajaron 31 millones de discos y en el 2006 cerca de 47 millones de discos, siendo la producción legal de 2006, 17 millones”. Estas descargas son en su mayoría realizadas desde los hogares (45 por ciento) y también desde los cíbers (38 por ciento). Sin embargo, la gente baja música en casa de amigos y curiosamente también lo hace en el trabajo y en la facultad.
La denominada "piratería digital" gana terreno ante la accesibilidad del software trucho que permite contar con mayores instrumentos (cada vez más ágiles) para hacerse de música en la gran red. Pero también ayuda la cada vez mayor cantidad conexiones de banda ancha a Internet, como así también por la multiplicación de cíbers y locutorios que facilitan, mediante el pago de un precio, los medios necesarios para que sus clientes realicen las descargas de música.
Qué dicen las leyes
A pesar de que para la mayoría de los usuarios de Internet que bajan de vez en cuando algún tema musical es ignorado, lo cierto es que la actividad “ al igual que la piratería de soportes físicos, se encuentra sancionada penalmente en la Ley 11.723 en los Art. 71, 72 y 72 bis, al mismo tiempo que configura un ilícito civil por el cual los titulares de derechos de propiedad intelectual están facultados a iniciar las acciones legales tendientes a reclamar el cese de la actividad ilícita y una indemnización por los daños y perjuicios sufridos”, señalaron desde Capif, organización sin fines de lucro integrada por compañías discográficas nacionales e internacionales, cuya misión es promover y defender los derechos de los productores de fonogramas, así como el valor de la música en el aspecto económico, social y cultural.
De acuerdo a lo informado por este organismo, en el país la ley se hizo carne en 62 acciones civiles contra particulares que “ponían a disposición grandes cantidades de archivos de música protegidos por la ley de propiedad intelectual, sin contar con las autorizaciones correspondientes para hacerlo”, sostuvieron.
“Al usar programas p2p los usuarios abren sus computadoras a otras personas, utilizando esa función de los programas para compartir archivos, no se hace más que ver qué es lo que tienen disponible”, explicaron desde Capif el método para detectar a los piratas. “Cuando se encuentra que lo que está disponible son cientos o miles de archivos protegidos por propiedad intelectual, entre ellos archivos de música, se detecta el número de IP de esa computadora en ese momento y se solicita por vía judicial a los ISP (proveedores de servicios de Internet correspondientes que asignaron ese número de IP) los datos de la persona física detrás de esa conexión, para después poder instarlos al cese de la actividad y a compensar económicamente por los daños ocasionados a los propietarios de los derechos”, terminaron.
Sin embargo, en una nota publicada por Rosario3.com, en la que se consulta al abogado penalista Héctor Superti sobre la legalidad de la venta de discografía trucha, el profesional reflexiona: “La copia en el país no se castiga: es la comercialización –ya sea venta o alquiler –donde aparece la infracción”.
http://www.rosario3.com/noticias/pais/noticias.aspx?idNot=19200
La proliferación de este modo de adquisición musical se puede apreciar de forma concreta a través de los números que desde la Asociación para la Protección de los Derechos Intelectuales sobre Fonogramas y Videogramas (Apdif) acercaron a Rosario3.com. Según sus datos, en el año 2006 “las descargas ilegales de archivos musicales realizadas a través de programas P2P aumentaron un 67,69 por ciento respecto del 2005”. En otras palabras: de las 412 millones descargas no autorizadas hechas en 2005, se pasó a más de 608 millones en 2006.
Y para ser más concretos aún, agregan: “Si se considera que un disco promedio tiene 13 temas, resulta que en el 2005 se bajaron 31 millones de discos y en el 2006 cerca de 47 millones de discos, siendo la producción legal de 2006, 17 millones”. Estas descargas son en su mayoría realizadas desde los hogares (45 por ciento) y también desde los cíbers (38 por ciento). Sin embargo, la gente baja música en casa de amigos y curiosamente también lo hace en el trabajo y en la facultad.
La denominada "piratería digital" gana terreno ante la accesibilidad del software trucho que permite contar con mayores instrumentos (cada vez más ágiles) para hacerse de música en la gran red. Pero también ayuda la cada vez mayor cantidad conexiones de banda ancha a Internet, como así también por la multiplicación de cíbers y locutorios que facilitan, mediante el pago de un precio, los medios necesarios para que sus clientes realicen las descargas de música.
Qué dicen las leyes
A pesar de que para la mayoría de los usuarios de Internet que bajan de vez en cuando algún tema musical es ignorado, lo cierto es que la actividad “ al igual que la piratería de soportes físicos, se encuentra sancionada penalmente en la Ley 11.723 en los Art. 71, 72 y 72 bis, al mismo tiempo que configura un ilícito civil por el cual los titulares de derechos de propiedad intelectual están facultados a iniciar las acciones legales tendientes a reclamar el cese de la actividad ilícita y una indemnización por los daños y perjuicios sufridos”, señalaron desde Capif, organización sin fines de lucro integrada por compañías discográficas nacionales e internacionales, cuya misión es promover y defender los derechos de los productores de fonogramas, así como el valor de la música en el aspecto económico, social y cultural.
De acuerdo a lo informado por este organismo, en el país la ley se hizo carne en 62 acciones civiles contra particulares que “ponían a disposición grandes cantidades de archivos de música protegidos por la ley de propiedad intelectual, sin contar con las autorizaciones correspondientes para hacerlo”, sostuvieron.
“Al usar programas p2p los usuarios abren sus computadoras a otras personas, utilizando esa función de los programas para compartir archivos, no se hace más que ver qué es lo que tienen disponible”, explicaron desde Capif el método para detectar a los piratas. “Cuando se encuentra que lo que está disponible son cientos o miles de archivos protegidos por propiedad intelectual, entre ellos archivos de música, se detecta el número de IP de esa computadora en ese momento y se solicita por vía judicial a los ISP (proveedores de servicios de Internet correspondientes que asignaron ese número de IP) los datos de la persona física detrás de esa conexión, para después poder instarlos al cese de la actividad y a compensar económicamente por los daños ocasionados a los propietarios de los derechos”, terminaron.
Sin embargo, en una nota publicada por Rosario3.com, en la que se consulta al abogado penalista Héctor Superti sobre la legalidad de la venta de discografía trucha, el profesional reflexiona: “La copia en el país no se castiga: es la comercialización –ya sea venta o alquiler –donde aparece la infracción”.
http://www.rosario3.com/noticias/pais/noticias.aspx?idNot=19200
ESPAÑA: El Congreso comienza a hablar del acceso a Internet como derecho y "servicio universal"
Desde que el Consejo de Ministros aprobara la remisión a las Cortes Generales del Proyecto de Ley de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información (LISI) el pasado 13 de abril, esta polémica ley ha estado en boca de toda la comunidad internauta.
Según dijo en su momento la Asociación de Usuarios de Internet, "la nueva Ley, tal y como se ha redactado, puede provocar la censura y el veto para acceder a contenidos tal y como está sucediendo en países como China". El artículo 17 de dicha ley es el que ha dado lugar a las mayores polémicas, pues daría pie a situaciones como que ciertas entidades como la SGAE y otros organismos similares pudieran cerrar páginas web sin orden judicial alguna.
Por lo visto, además, dicho artículo suscitó en su momento el rechazo de varios grupos parlamentarios, y quizá por esto, ahora, los socialistas están preparando varias enmiendas a la ley para corregir los aspectos más polémicos.
Muñoz: "Se trata de garantizar una cobertura de servicio universal de conexión a banda ancha a finales del 2008 para todas las personas independientemente de donde vivan"
"Del mismo modo que estaba garantizada una cobertura de cabinas telefónicas, ahora debe de haber una cobertura de equipos con acceso a Internet con banda ancha"
Según explica la diputada socialista Lourdes Muñoz en su blog, en la segunda reunión de la ponencia de la LISI, el Grupo Socialista ha presentado cuatro enmiendas transaccionales que la mayoría de grupos han apoyado. "La primera transaccional deja claro que los únicos órganos que pueden restringir contenidos en Internet cuando afecte a la libertad de información y expresión son juzgados y tribunales", explica Muñoz.
Las otras tres definen el acceso a Internet por banda ancha como servicio universal. La propuesta "supone avanzar en derechos de ciudadanía, el acceso a Internet por banda ancha pasará de ser un producto que podemos contratar a ser un derecho, ya que se incluye como servicio universal", relata la política catalana. Se trata de "garantizar una cobertura de servicio universal de conexión a banda ancha a finales del 2008 para todas las personas independientemente de donde vivan".
Por otro lado, la diputada explica que estas enmiendas incorporan a la definición de servicio universal de telefonía dos cuestiones: "Una, del mismo modo que hasta ahora estaba garantizado una cobertura de cabinas telefónicas, ahora debe de haber una cobertura de equipos con acceso a Internet con banda ancha. La otra, que todos los usuarios finales puedan obtener una conexión a la red que permita las comunicaciones de datos en banda ancha en términos y calidades definidos por la normativa comunitaria para el servicio universal".
No obstante, tal y como suele ocurrir en estas fases de tramitación parlamentaria, no se especifican métodos o procedimientos para aplicar estas disposiciones. Por tanto, tampoco partidas presupuestarias para llevarlas a cabo.
La LISI se enmarca en el conjunto de medidas que constituyen el Plan 2006-2010 para el desarrollo de la Sociedad de la información y de convergencia con Europa y entre las Comunidades y Ciudades Autónomas
http://www.bottup.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1802&Itemid=32
Según dijo en su momento la Asociación de Usuarios de Internet, "la nueva Ley, tal y como se ha redactado, puede provocar la censura y el veto para acceder a contenidos tal y como está sucediendo en países como China". El artículo 17 de dicha ley es el que ha dado lugar a las mayores polémicas, pues daría pie a situaciones como que ciertas entidades como la SGAE y otros organismos similares pudieran cerrar páginas web sin orden judicial alguna.
Por lo visto, además, dicho artículo suscitó en su momento el rechazo de varios grupos parlamentarios, y quizá por esto, ahora, los socialistas están preparando varias enmiendas a la ley para corregir los aspectos más polémicos.
Muñoz: "Se trata de garantizar una cobertura de servicio universal de conexión a banda ancha a finales del 2008 para todas las personas independientemente de donde vivan"
"Del mismo modo que estaba garantizada una cobertura de cabinas telefónicas, ahora debe de haber una cobertura de equipos con acceso a Internet con banda ancha"
Según explica la diputada socialista Lourdes Muñoz en su blog, en la segunda reunión de la ponencia de la LISI, el Grupo Socialista ha presentado cuatro enmiendas transaccionales que la mayoría de grupos han apoyado. "La primera transaccional deja claro que los únicos órganos que pueden restringir contenidos en Internet cuando afecte a la libertad de información y expresión son juzgados y tribunales", explica Muñoz.
Las otras tres definen el acceso a Internet por banda ancha como servicio universal. La propuesta "supone avanzar en derechos de ciudadanía, el acceso a Internet por banda ancha pasará de ser un producto que podemos contratar a ser un derecho, ya que se incluye como servicio universal", relata la política catalana. Se trata de "garantizar una cobertura de servicio universal de conexión a banda ancha a finales del 2008 para todas las personas independientemente de donde vivan".
Por otro lado, la diputada explica que estas enmiendas incorporan a la definición de servicio universal de telefonía dos cuestiones: "Una, del mismo modo que hasta ahora estaba garantizado una cobertura de cabinas telefónicas, ahora debe de haber una cobertura de equipos con acceso a Internet con banda ancha. La otra, que todos los usuarios finales puedan obtener una conexión a la red que permita las comunicaciones de datos en banda ancha en términos y calidades definidos por la normativa comunitaria para el servicio universal".
No obstante, tal y como suele ocurrir en estas fases de tramitación parlamentaria, no se especifican métodos o procedimientos para aplicar estas disposiciones. Por tanto, tampoco partidas presupuestarias para llevarlas a cabo.
La LISI se enmarca en el conjunto de medidas que constituyen el Plan 2006-2010 para el desarrollo de la Sociedad de la información y de convergencia con Europa y entre las Comunidades y Ciudades Autónomas
http://www.bottup.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1802&Itemid=32
ESPAÑA: La AETIC carga contra la enmienda que quieren introducir las sociedades de gestión en la LISI
La tramitación de la LISI (Ley de Impulso a la Sociedad de la Información) vuelve a encender el conflicto entre las sociedades de gestión de derechos de autor y la industria de Internet. AETIC denuncia que las entidades gestoras pretenden introducir una enmienda a la Ley de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información que les permita exigir el cese de actividad a los proveedores de servicios y contenidos en Internet (ISP) que ellas consideren que vulneran los derechos de autor sin mediación de un juez.
Aunque para introducir esta enmienda a la normativa en trámite las entidades de gestión deberían conseguir que alguno de los partidos la adoptase en el debate parlamentario –y eso AETIC no lo considera probable, a tenor de las últimas manifestaciones públicas de los grupos parlamentarios–, Jesús Banegas, presidente de esta patronal no quiere confiarse y carga contra una pretensión que considera extremadamente atentatoria contra el “frágil equilibrio entre las partes” y generadora de inseguridad
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“Nadie está más interesado que AETIC y sus empresas en la protección de la propiedad intelectual, pero en ningún caso podemos admitir que su administración cuestione el principio de seguridad jurídica cuya vigencia es fundamental para un óptimo desarrollo de nuestra sociedad”, señala el directivo, quien no cree necesaria la implantación de medidas que protejan, “aún más”, los derechos de autor. En lugar de esto, Banegas propone que se agoten las posibilidades legales de la legislación vigente. “Todavía no se han aprovechado, por parte de los propietarios de los derechos y sus representantes, todas las herramientas legales amparadas en las últimas directivas europeas sobre esta materia”, asegura el presidente de AETIC.
Banegas hace un repaso sobre las legislaciones que regulan los derechos de autor en el ámbito de las nuevas tecnologías en Estados Unidos y los países de la Unión Europea para concluir que en ninguna se incluye nada parecido a lo que proponen las sociedades de gestión de derechos en España.
http://www.idg.es/computerworld/noticia.asp?id=60763
Aunque para introducir esta enmienda a la normativa en trámite las entidades de gestión deberían conseguir que alguno de los partidos la adoptase en el debate parlamentario –y eso AETIC no lo considera probable, a tenor de las últimas manifestaciones públicas de los grupos parlamentarios–, Jesús Banegas, presidente de esta patronal no quiere confiarse y carga contra una pretensión que considera extremadamente atentatoria contra el “frágil equilibrio entre las partes” y generadora de inseguridad
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“Nadie está más interesado que AETIC y sus empresas en la protección de la propiedad intelectual, pero en ningún caso podemos admitir que su administración cuestione el principio de seguridad jurídica cuya vigencia es fundamental para un óptimo desarrollo de nuestra sociedad”, señala el directivo, quien no cree necesaria la implantación de medidas que protejan, “aún más”, los derechos de autor. En lugar de esto, Banegas propone que se agoten las posibilidades legales de la legislación vigente. “Todavía no se han aprovechado, por parte de los propietarios de los derechos y sus representantes, todas las herramientas legales amparadas en las últimas directivas europeas sobre esta materia”, asegura el presidente de AETIC.
Banegas hace un repaso sobre las legislaciones que regulan los derechos de autor en el ámbito de las nuevas tecnologías en Estados Unidos y los países de la Unión Europea para concluir que en ninguna se incluye nada parecido a lo que proponen las sociedades de gestión de derechos en España.
http://www.idg.es/computerworld/noticia.asp?id=60763
MEXICO: Registra Profeco 538 quejas por compras vía internet
En lo que va del año, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) recibió 538 quejas de consumidores que quedaron insatisfechos con las compras realizadas vía internet.
El titular de la institución, Antonio Morales de la Peña, dijo que la dependencia a su cargo requerirá a los proveedores en línea, del mercado interno, modificar la información que brindan a los cibernautas en caso de que esta no se apegue a la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC).
Indicó que las páginas mexicanas de internet deberán observar las siguientes características básicas:
Datos completos del contacto como: dirección postal y electrónica, teléfono y fax; claridad y visibilidad de los términos y condiciones en que deben concretarse las compras, así como las políticas de cancelación, reembolso, garantías y devolución.
Asimismo deberán ofrecer mecanismos de pago confiables, en tanto que la publicidad y estrategias de mercadotecnia utilizadas en las páginas de internet del mercado doméstico deberán tener absoluta claridad.
Ello, explicó Morales de la Peña, significa que no deben proporcionar información engañosa que conduzca al consumidor al error.
Los proveedores en línea deben tener especial cuidado en la publicidad que dirigen a la población vulnerable como niños, ancianos y enfermos.
El proveedor en línea está obligado a tratar los datos personales y financieros del ciberconsumidor de manera confidencial y segura, además que la información debe estar en idioma español y los precios expresarse en moneda nacional.
El titular de la Profeco señaló lo anterior durante su participación en el marco del "Sweep Days 2007" realizado en las instalaciones de la Profeco. (Con información de Notimex/MCH)
http://www.elfinanciero.com.mx/ElFinanciero/Portal/cfpages/contentmgr.cfm?docId=81287&docTipo=1&orderby=docid&sortby=ASC
El titular de la institución, Antonio Morales de la Peña, dijo que la dependencia a su cargo requerirá a los proveedores en línea, del mercado interno, modificar la información que brindan a los cibernautas en caso de que esta no se apegue a la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC).
Indicó que las páginas mexicanas de internet deberán observar las siguientes características básicas:
Datos completos del contacto como: dirección postal y electrónica, teléfono y fax; claridad y visibilidad de los términos y condiciones en que deben concretarse las compras, así como las políticas de cancelación, reembolso, garantías y devolución.
Asimismo deberán ofrecer mecanismos de pago confiables, en tanto que la publicidad y estrategias de mercadotecnia utilizadas en las páginas de internet del mercado doméstico deberán tener absoluta claridad.
Ello, explicó Morales de la Peña, significa que no deben proporcionar información engañosa que conduzca al consumidor al error.
Los proveedores en línea deben tener especial cuidado en la publicidad que dirigen a la población vulnerable como niños, ancianos y enfermos.
El proveedor en línea está obligado a tratar los datos personales y financieros del ciberconsumidor de manera confidencial y segura, además que la información debe estar en idioma español y los precios expresarse en moneda nacional.
El titular de la Profeco señaló lo anterior durante su participación en el marco del "Sweep Days 2007" realizado en las instalaciones de la Profeco. (Con información de Notimex/MCH)
http://www.elfinanciero.com.mx/ElFinanciero/Portal/cfpages/contentmgr.cfm?docId=81287&docTipo=1&orderby=docid&sortby=ASC
lunes, 24 de septiembre de 2007
ARGENTINA: La campaña por la ley para celíacos se vive en la web
Un grupo de enfermos, junto a familiares y amigos, decidieron juntar firmas online para lograr que "despierte" una normativa dormida en la legislatura. Para eso armaron un sitio en Internet que, además de ser informativo, da su expreso apoyo a la causa
Los celíacos han protagonizado numerosas manifestaciones en reclamo de la aprobación de una ley que, entre otros puntos, permitiría que la enfermedad sea contemplada en Plan Médico Obligatorio y exigiría a las empresas alimenticias a rotular sus productos con una leyenda que especifique si contiene o no gluten.
Nunca fueron oídos: la normativa no ha sido sancionada aún. Es por eso que un grupo de celiacos, familiares y amigos de todas partes del país se organizaron en el marco de una lista de correo creada el 17 de septiembre de 2004. Armaron un sitio web en donde juntan adhesiones en pos de lograr que la ley sea aprobada pero además establecieron un foro dedicado a la problemática.
Los interesados en conocer más sobre la propuesta puede ingresar al sitio www.ley-celiaca.com.
http://www.rosario3.com/noticias/noticias.aspx?idNot=18967
Los celíacos han protagonizado numerosas manifestaciones en reclamo de la aprobación de una ley que, entre otros puntos, permitiría que la enfermedad sea contemplada en Plan Médico Obligatorio y exigiría a las empresas alimenticias a rotular sus productos con una leyenda que especifique si contiene o no gluten.
Nunca fueron oídos: la normativa no ha sido sancionada aún. Es por eso que un grupo de celiacos, familiares y amigos de todas partes del país se organizaron en el marco de una lista de correo creada el 17 de septiembre de 2004. Armaron un sitio web en donde juntan adhesiones en pos de lograr que la ley sea aprobada pero además establecieron un foro dedicado a la problemática.
Los interesados en conocer más sobre la propuesta puede ingresar al sitio www.ley-celiaca.com.
http://www.rosario3.com/noticias/noticias.aspx?idNot=18967
ESPAÑA: Un juez condena al titular de una página web que albergaba insultos a Ramoncín
Los titulares de los dominios en los que se alojan las páginas web deben vigilar con cien ojos los contenidos que cualquier usuario puede colgar en Internet. Y si no, que se lo pregunten al creador de la página alasbarricadas.com, que ha sido condenado a pagar 6.000 euros a José Ramón Julio Márquez, Ramoncín, por albergar comentarios y fotografías que vulneran el derecho al honor del cantante. Así lo sostiene una sentencia del juzgado de primera instancia número 44 de Madrid.
Ramoncín demandó al citado sitio web, autodenominado "Foro anarquista para el debate y contacto directo entre compañer@s", por los contenidos vertidos en el apartado El Rey del Pollo Frito. Ramoncín, en el que aparecieron comentarios sobre el cantante y presentador de televisión del siguiente tenor: "sólamente abro este tema para expresar mi odio más visceral a este gilipollas"... "pedante, creído, farandulero, mal politiquillo, mal presentador de programas de TV, chupacámaras"... "menudo hipócrita, menos mal que hay gente que desenmascara de vez en cuando a estos mentirosos". Tales mensajes aparecieron publicados en junio de 2006 y en octubre saltó a la Red una fotografía manipulada del cantante con la cabeza cortada.
Ramoncín presentó una demanda por entender que estas expresiones son una intromisión ilegítima y un grave perjuicio para su honor, con menosprecio de su dignidad. En su defensa, el titular de alasbarricadas.com dijo que creó la página en 2000 para "abrir canales y espacios" de denuncia social y que su papel se limitó a poner a disposición de los usuarios la página web, siendo éstos quienes dotan de contenidos a los foros.
Personaje público
Sobre el demandante, sostuvo que "es un personaje público que se hizo famoso bajo el pseudónimo de El rey del pollo frito o Ramoncín con maneras y actitudes subversivas, habiendo adquirido nueva notoriedad como dirigente de la SGAE y contertulio de programas de entretenimiento y debates de tintes amarillistas, abundando entre sus propias manifestaciones públicas insultos, descalificaciones, exageraciones o incluso actitudes contrarias al orden público".
Argumenta también que al conocer las expresiones injuriosas -junto cuando le llegó la demanda- las retiró de la página web. La sentencia valora esta circunstancia, pero destaca que el titular de alasbarricadas.com no tenía actualizados sus datos (incluida una dirección de correo electrónico) en el registro, por lo que no cumplió "diligentemente" con su deber de retirar los mensajes y las fotografías difamatorias. Por eso, la sentencia -contra la que cabe recurso- estima que es responsable de los contenidos y le impone una indemnización de 6.000 euros, pese a que el titular de alasbarricadas.com argumentó que Ramoncín también incumplía en su propia página web los deberes que impone la ley.Un juez condena al titular de una página web que albergaba insultos a Ramoncín
Los titulares de los dominios en los que se alojan las páginas web deben vigilar con cien ojos los contenidos que cualquier usuario puede colgar en Internet. Y si no, que se lo pregunten al creador de la página alasbarricadas.com, que ha sido condenado a pagar 6.000 euros a José Ramón Julio Márquez, Ramoncín, por albergar comentarios y fotografías que vulneran el derecho al honor del cantante. Así lo sostiene una sentencia del juzgado de primera instancia número 44 de Madrid.
Ramoncín demandó al citado sitio web, autodenominado "Foro anarquista para el debate y contacto directo entre compañer@s", por los contenidos vertidos en el apartado El Rey del Pollo Frito. Ramoncín, en el que aparecieron comentarios sobre el cantante y presentador de televisión del siguiente tenor: "sólamente abro este tema para expresar mi odio más visceral a este gilipollas"... "pedante, creído, farandulero, mal politiquillo, mal presentador de programas de TV, chupacámaras"... "menudo hipócrita, menos mal que hay gente que desenmascara de vez en cuando a estos mentirosos". Tales mensajes aparecieron publicados en junio de 2006 y en octubre saltó a la Red una fotografía manipulada del cantante con la cabeza cortada.
Ramoncín presentó una demanda por entender que estas expresiones son una intromisión ilegítima y un grave perjuicio para su honor, con menosprecio de su dignidad. En su defensa, el titular de alasbarricadas.com dijo que creó la página en 2000 para "abrir canales y espacios" de denuncia social y que su papel se limitó a poner a disposición de los usuarios la página web, siendo éstos quienes dotan de contenidos a los foros.
Personaje público
Sobre el demandante, sostuvo que "es un personaje público que se hizo famoso bajo el pseudónimo de El rey del pollo frito o Ramoncín con maneras y actitudes subversivas, habiendo adquirido nueva notoriedad como dirigente de la SGAE y contertulio de programas de entretenimiento y debates de tintes amarillistas, abundando entre sus propias manifestaciones públicas insultos, descalificaciones, exageraciones o incluso actitudes contrarias al orden público".
Argumenta también que al conocer las expresiones injuriosas -junto cuando le llegó la demanda- las retiró de la página web. La sentencia valora esta circunstancia, pero destaca que el titular de alasbarricadas.com no tenía actualizados sus datos (incluida una dirección de correo electrónico) en el registro, por lo que no cumplió "diligentemente" con su deber de retirar los mensajes y las fotografías difamatorias. Por eso, la sentencia -contra la que cabe recurso- estima que es responsable de los contenidos y le impone una indemnización de 6.000 euros, pese a que el titular de alasbarricadas.com argumentó que Ramoncín también incumplía en su propia página web los deberes que impone la ley.
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/juez/condena/titular/pagina/web/albergaba/insultos/Ramoncin/elpepusoc/20070924elpepisoc_9/Tes
Ramoncín demandó al citado sitio web, autodenominado "Foro anarquista para el debate y contacto directo entre compañer@s", por los contenidos vertidos en el apartado El Rey del Pollo Frito. Ramoncín, en el que aparecieron comentarios sobre el cantante y presentador de televisión del siguiente tenor: "sólamente abro este tema para expresar mi odio más visceral a este gilipollas"... "pedante, creído, farandulero, mal politiquillo, mal presentador de programas de TV, chupacámaras"... "menudo hipócrita, menos mal que hay gente que desenmascara de vez en cuando a estos mentirosos". Tales mensajes aparecieron publicados en junio de 2006 y en octubre saltó a la Red una fotografía manipulada del cantante con la cabeza cortada.
Ramoncín presentó una demanda por entender que estas expresiones son una intromisión ilegítima y un grave perjuicio para su honor, con menosprecio de su dignidad. En su defensa, el titular de alasbarricadas.com dijo que creó la página en 2000 para "abrir canales y espacios" de denuncia social y que su papel se limitó a poner a disposición de los usuarios la página web, siendo éstos quienes dotan de contenidos a los foros.
Personaje público
Sobre el demandante, sostuvo que "es un personaje público que se hizo famoso bajo el pseudónimo de El rey del pollo frito o Ramoncín con maneras y actitudes subversivas, habiendo adquirido nueva notoriedad como dirigente de la SGAE y contertulio de programas de entretenimiento y debates de tintes amarillistas, abundando entre sus propias manifestaciones públicas insultos, descalificaciones, exageraciones o incluso actitudes contrarias al orden público".
Argumenta también que al conocer las expresiones injuriosas -junto cuando le llegó la demanda- las retiró de la página web. La sentencia valora esta circunstancia, pero destaca que el titular de alasbarricadas.com no tenía actualizados sus datos (incluida una dirección de correo electrónico) en el registro, por lo que no cumplió "diligentemente" con su deber de retirar los mensajes y las fotografías difamatorias. Por eso, la sentencia -contra la que cabe recurso- estima que es responsable de los contenidos y le impone una indemnización de 6.000 euros, pese a que el titular de alasbarricadas.com argumentó que Ramoncín también incumplía en su propia página web los deberes que impone la ley.Un juez condena al titular de una página web que albergaba insultos a Ramoncín
Los titulares de los dominios en los que se alojan las páginas web deben vigilar con cien ojos los contenidos que cualquier usuario puede colgar en Internet. Y si no, que se lo pregunten al creador de la página alasbarricadas.com, que ha sido condenado a pagar 6.000 euros a José Ramón Julio Márquez, Ramoncín, por albergar comentarios y fotografías que vulneran el derecho al honor del cantante. Así lo sostiene una sentencia del juzgado de primera instancia número 44 de Madrid.
Ramoncín demandó al citado sitio web, autodenominado "Foro anarquista para el debate y contacto directo entre compañer@s", por los contenidos vertidos en el apartado El Rey del Pollo Frito. Ramoncín, en el que aparecieron comentarios sobre el cantante y presentador de televisión del siguiente tenor: "sólamente abro este tema para expresar mi odio más visceral a este gilipollas"... "pedante, creído, farandulero, mal politiquillo, mal presentador de programas de TV, chupacámaras"... "menudo hipócrita, menos mal que hay gente que desenmascara de vez en cuando a estos mentirosos". Tales mensajes aparecieron publicados en junio de 2006 y en octubre saltó a la Red una fotografía manipulada del cantante con la cabeza cortada.
Ramoncín presentó una demanda por entender que estas expresiones son una intromisión ilegítima y un grave perjuicio para su honor, con menosprecio de su dignidad. En su defensa, el titular de alasbarricadas.com dijo que creó la página en 2000 para "abrir canales y espacios" de denuncia social y que su papel se limitó a poner a disposición de los usuarios la página web, siendo éstos quienes dotan de contenidos a los foros.
Personaje público
Sobre el demandante, sostuvo que "es un personaje público que se hizo famoso bajo el pseudónimo de El rey del pollo frito o Ramoncín con maneras y actitudes subversivas, habiendo adquirido nueva notoriedad como dirigente de la SGAE y contertulio de programas de entretenimiento y debates de tintes amarillistas, abundando entre sus propias manifestaciones públicas insultos, descalificaciones, exageraciones o incluso actitudes contrarias al orden público".
Argumenta también que al conocer las expresiones injuriosas -junto cuando le llegó la demanda- las retiró de la página web. La sentencia valora esta circunstancia, pero destaca que el titular de alasbarricadas.com no tenía actualizados sus datos (incluida una dirección de correo electrónico) en el registro, por lo que no cumplió "diligentemente" con su deber de retirar los mensajes y las fotografías difamatorias. Por eso, la sentencia -contra la que cabe recurso- estima que es responsable de los contenidos y le impone una indemnización de 6.000 euros, pese a que el titular de alasbarricadas.com argumentó que Ramoncín también incumplía en su propia página web los deberes que impone la ley.
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/juez/condena/titular/pagina/web/albergaba/insultos/Ramoncin/elpepusoc/20070924elpepisoc_9/Tes
MEXICO: Inician redadas contra negocios ilícitos por Internet
México, 21 sep (PL) La Agencia Federal de Investigación (AFI) inició hoy una serie de redadas planificadas en el Distrito Federal como parte de una iniciativa para frenar el auge de negocios ilegales vía Internet en México.
En la delegación capitalina Miguel Hidalgo se efectuó un operativo y resultaron detenidas 10 personas que hacían apuestas ilícitas a través de redes electrónicas.
El secretario de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, Camerino Márquez, dijo que el incremento de la actividad es alarmante y podría ser en el futuro piedra de tropiezo para el desarrollo nacional.
"México es un edén para casinos virtuales y apuestas por Internet ante la ausencia de una ley sobre la materia", expresó.
Ante el vacío legal para resolver esos asuntos, la Reforma Fiscal que gravará tales giros constituye sólo el primer paso para regular la operación y marcar los límites futuros, recordó.
Por ese motivo, explicó, solicitaremos a las secretarías de Hacienda y Gobernación entregar una lista de casinos, centros de apuestas, ferias, y empresas dedicadas a sorteos en televisión e Internet, para saber a cuánto asciende lo recaudado por las mismas.
La aprobación del nuevo impuesto del 20 por ciento a los juegos y sorteos servirá para cerrar el paso al lavado de dinero y a la proliferación de esos negocios en México, aclaró.
http://www.prensalatina.com.mx/Article.asp?ID=%7BBF053863-008F-43B9-BE30-5D3DE6E24F08%7D&language=ES
En la delegación capitalina Miguel Hidalgo se efectuó un operativo y resultaron detenidas 10 personas que hacían apuestas ilícitas a través de redes electrónicas.
El secretario de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, Camerino Márquez, dijo que el incremento de la actividad es alarmante y podría ser en el futuro piedra de tropiezo para el desarrollo nacional.
"México es un edén para casinos virtuales y apuestas por Internet ante la ausencia de una ley sobre la materia", expresó.
Ante el vacío legal para resolver esos asuntos, la Reforma Fiscal que gravará tales giros constituye sólo el primer paso para regular la operación y marcar los límites futuros, recordó.
Por ese motivo, explicó, solicitaremos a las secretarías de Hacienda y Gobernación entregar una lista de casinos, centros de apuestas, ferias, y empresas dedicadas a sorteos en televisión e Internet, para saber a cuánto asciende lo recaudado por las mismas.
La aprobación del nuevo impuesto del 20 por ciento a los juegos y sorteos servirá para cerrar el paso al lavado de dinero y a la proliferación de esos negocios en México, aclaró.
http://www.prensalatina.com.mx/Article.asp?ID=%7BBF053863-008F-43B9-BE30-5D3DE6E24F08%7D&language=ES
jueves, 20 de septiembre de 2007
ESPAÑA: El reto de convertir internet en una tienda segura
Marisol Paul
Protegidos o desprotegidos en el comercio electrónico? Las tecnologías de la información y de la comunicación han llegado a un grado de desarrollo poco previsible hace años. En 2003, el 3,3% de los hogares españoles estaba conectado a internet; tres años después, la cifra se ha multiplicado por diez, según los datos de la empresa pública Red.es. Comprar un billete de avión o hacer una transferencia bancaria son ya operaciones frecuentes desde casa o la oficina.
La tecnología ha impulsado el comercio electrónico para hacer la vida más cómoda y el fenómeno es imparable. A pesar de los fraudes. Porque con el avance tecnológico también ha crecido la amenaza de delitos, ahora masivos y globales, con la dificultad que ello implica para su persecución. Un problema sobre el que ha debatido un grupo de expertos en el marco del encuentro La seguridad jurídica en las transacciones electrónicas, organizado por T-Systems, Red.es y Cinco Días. En el debate, los participantes han mostrado su confianza en la implantación del DNI electrónico para aumentar las garantías en la red.
Un elemento esencial en la seguridad en el entorno tecnológico es la identidad de las personas. La apuesta de la Administración es el DNI electrónico, en cuya implantación trabaja Red.es en colaboración con el Ministerio del Interior. 'Entendemos que su utilización masiva puede permitir realizar más actuaciones, más seguras y dinamizar el comercio electrónico', comenta Carlos Romero, secretario general de Red.es. De aquí a final de año, 350 comisarias expedirán la identidad digital. El reto es garantizar la seguridad en el tráfico electrónico. Todo negocio va asociado al riesgo y la red conoce muchas amenazas.
Raúl Burgos, director de Sistemas de Información de Bankinter, recuerda que los fraudes han existido siempre. Cita el caso del estafador que ofrecía una serie de servicios, cogía el dinero y desaparecía. Una especie de phishing que antes no daba miedo, asegura Burgos. Ahora sí, porque se ha vuelto masivo. 'En los hogares, los ordenadores son una puerta abierta para acceder a nuestra seguridad', asegura. 'El Estado tiene que aportar un marco jurídico de protección en las operaciones entre el cliente y la empresa. Un marco global, no local', opina Burgos quien, además, manifiesta su confianza en el DNI electrónico.
El phishing (usurpación de identidad en internet) es una de las amenazas actuales. Un fenómeno que, en palabras de Daniel Martínez Batanero, director de Planificación y Control del Grupo Cajas Rurales, 'no entiende de fronteras'. Precisamente, por tratarse de un fenómeno global no se puede atacar fácilmente con normativas nacionales, por eso cree que 'habrá que ir pensando en fomentar iniciativas globales, porque de lo contrario pasará como con los paraísos fiscales: unas naciones serán más tolerantes y permisivas con esos delitos porque beneficiarán a su economía, atraerán a factorías del cibercrimen'. Obviamente, para el directivo de las Cajas Rurales, las legislaciones locales también pueden incidir en medidas de protección.
Los ciberdelitos exigen un marco global, porque, como destaca José Luis Martínez Tellez, gerente de banca de T-Systems, se ejecutan desde cualquier lugar del planeta. 'El mundo de internet se ha hecho para poder acceder desde entornos no locales', señala. A su juicio, de poco sirve legislar en España si no hacen lo mismo Alemania, Estados Unidos o China. Entre tanto, ve una ayuda en el DNI electrónico. 'Creo que va a funcionar, espero que no pase como con el certificado digital, pero hay que contar con los medios para utilizarlo', apunta.
Son esas amenazas las que llevan a la sociedad a defenderse. Luis Bermúdez, director de Servicios Jurídicos de Mutua Madrileña, explica que a su compañía, como al resto de aseguradoras, le preocupa la seguridad jurídica en todos los canales (web, teléfono) que no requieran la presencia física de las personas. 'El reto del sector es mantener los niveles de seguridad en las operaciones a través de los nuevos canales y, a veces, no es sencillo', precisa Bermúdez.
La normativa exige que los acuerdos tengan forma escrita, con lo que los asegurados contratan por teléfono o a través de la web, pero al final la compañía les envía el contrato a casa para que lo firmen. Para Luis Bermúdez, la solución podría ser la firma electrónica, pero 'no acaba de arrancar'. Mutua Madrileña tiene emitidas 2,5 millones de pólizas y la mayoría de los titulares no utiliza este sistema.
En el caso de bancos y cajas, las entidades se encuentran con la dificultad de la variedad de transacciones e instrumentos: tarjetas de crédito, de débito, prepago, tarjetas virtuales, por lo que para Daniel Martínez Batanero, 'la seguridad jurídica en las transacciones reviste una especial complejidad'. Una numerosa casuística que las cajas rurales han abordado con estrategias de economía de escala, centralizando las funciones de seguridad.
Para los juristas, uno de los grandes problemas de seguridad jurídica en las transacciones electrónicas es probar los hechos. El anonimato o la usurpación de la personalidad son algunas de las dificultades con las que se encuentran las fuerzas de seguridad del Estado a la hora de perseguir la criminalidad. José María Anguiano, socio de Garrigues, destaca dos características de la prueba electrónica que la hacen complicada: 'Es muy volátil, puedes hacer desaparecer el rastro informático, y es intrusiva, la gente considera que se está vulnerando su intimidad'. En este panorama, algunas iniciativas surgen para aportar confianza en este ámbito. Es el caso de PostalTrust, participada por Garrigues y T-Systems, del grupo Deutsche Telekom. 'Intentamos facilitar confianza para desarrollar ese canal necesario para las empresas en las relaciones con sus clientes, empleados, con otras empresas o la Administración', explica su director general, José Manuel Oliva.
Herramientas
Las sociedades tecnológicamente avanzadas cuentan con sus mecanismos de defensa. Red.es tiene centros de respuesta ante eventuales vulneraciones de la seguridad de internet y herramientas contra el phishing. Raúl Burgos también llama la atención sobre la existencia de otras herramientas defensivas. Bankinter, por ejemplo, analiza conexiones y cuando se encuentra con operaciones extrañas niega la conexión. 'Tenemos instalado con el permiso de los clientes un software en su ordenador para avisarle cuando alguien ha accedido a él de forma ilícita. El software que llega nuevo, tiene protecciones elevadas, es infinitamente más seguro', confirma.
Las entidades trabajan para proteger al consumidor, aunque a veces tropiezan con algún obstáculo. José María Anguiano está pensando en la protección de datos. 'Desde luego hay que generar garantías al consumidor, pero no se le puede dar poder excesivo a la ley'. El socio de Garrigues alude a las multas que le pueden caer a una empresa sin haber causado daños importantes a la intimidad de particulares, cuando por otro lado, son más peligrosos ciertos blogs o programas de televisión.
Nuevos retos para sociedades cada vez más tecnológicamente avanzadas.
Un servicio para custodiar las pruebas
A finales de los noventa, las firmas electrónicas cobran protagonismo. En el área de nuevas tecnologías y comercio electrónico de Garrigues consideraron entonces que con su uso se solucionaban algunos problemas, como los de integridad, duplicidad o confidencialidad, pero otros no, como es el repudio en destino; es decir, que el cliente no rechace el envío. PostalTrust surge para facilitar los servicios de custodia de pruebas electrónicas. La Ley de Servicios de la Sociedad de la Información recoge que las partes podrán acordar que un tercero archive las declaraciones de voluntad que integran los contratos electrónicos y que consigne la fecha y hora en que dichas comunicaciones han tenido lugar. 'Son pruebas volátiles e intrusivas y si las custodia la empresa que presta los servicios en cualquier juicio las echarán para atrás porque no deja de ser juez y parte', declara José Manuel Oliva.
PostalTrust trabaja con bancos y compañías de seguros para solucionar problemas de volatilidad e intrusión, mediante la custodia de las evidencias electrónicas generadas de un modo independiente a las partes que participan en estas transacciones. Asimismo, aporta las pruebas electrónicas custodiadas en procesos judiciales que lo requieran, haciendo innecesaria la presencia física para la firma de contratos.
http://www.cincodias.com/articulo/Sentidos/reto/convertir/internet/tienda/segura/cdscdi/20070920cdscdicst_1/Tes/
Protegidos o desprotegidos en el comercio electrónico? Las tecnologías de la información y de la comunicación han llegado a un grado de desarrollo poco previsible hace años. En 2003, el 3,3% de los hogares españoles estaba conectado a internet; tres años después, la cifra se ha multiplicado por diez, según los datos de la empresa pública Red.es. Comprar un billete de avión o hacer una transferencia bancaria son ya operaciones frecuentes desde casa o la oficina.
La tecnología ha impulsado el comercio electrónico para hacer la vida más cómoda y el fenómeno es imparable. A pesar de los fraudes. Porque con el avance tecnológico también ha crecido la amenaza de delitos, ahora masivos y globales, con la dificultad que ello implica para su persecución. Un problema sobre el que ha debatido un grupo de expertos en el marco del encuentro La seguridad jurídica en las transacciones electrónicas, organizado por T-Systems, Red.es y Cinco Días. En el debate, los participantes han mostrado su confianza en la implantación del DNI electrónico para aumentar las garantías en la red.
Un elemento esencial en la seguridad en el entorno tecnológico es la identidad de las personas. La apuesta de la Administración es el DNI electrónico, en cuya implantación trabaja Red.es en colaboración con el Ministerio del Interior. 'Entendemos que su utilización masiva puede permitir realizar más actuaciones, más seguras y dinamizar el comercio electrónico', comenta Carlos Romero, secretario general de Red.es. De aquí a final de año, 350 comisarias expedirán la identidad digital. El reto es garantizar la seguridad en el tráfico electrónico. Todo negocio va asociado al riesgo y la red conoce muchas amenazas.
Raúl Burgos, director de Sistemas de Información de Bankinter, recuerda que los fraudes han existido siempre. Cita el caso del estafador que ofrecía una serie de servicios, cogía el dinero y desaparecía. Una especie de phishing que antes no daba miedo, asegura Burgos. Ahora sí, porque se ha vuelto masivo. 'En los hogares, los ordenadores son una puerta abierta para acceder a nuestra seguridad', asegura. 'El Estado tiene que aportar un marco jurídico de protección en las operaciones entre el cliente y la empresa. Un marco global, no local', opina Burgos quien, además, manifiesta su confianza en el DNI electrónico.
El phishing (usurpación de identidad en internet) es una de las amenazas actuales. Un fenómeno que, en palabras de Daniel Martínez Batanero, director de Planificación y Control del Grupo Cajas Rurales, 'no entiende de fronteras'. Precisamente, por tratarse de un fenómeno global no se puede atacar fácilmente con normativas nacionales, por eso cree que 'habrá que ir pensando en fomentar iniciativas globales, porque de lo contrario pasará como con los paraísos fiscales: unas naciones serán más tolerantes y permisivas con esos delitos porque beneficiarán a su economía, atraerán a factorías del cibercrimen'. Obviamente, para el directivo de las Cajas Rurales, las legislaciones locales también pueden incidir en medidas de protección.
Los ciberdelitos exigen un marco global, porque, como destaca José Luis Martínez Tellez, gerente de banca de T-Systems, se ejecutan desde cualquier lugar del planeta. 'El mundo de internet se ha hecho para poder acceder desde entornos no locales', señala. A su juicio, de poco sirve legislar en España si no hacen lo mismo Alemania, Estados Unidos o China. Entre tanto, ve una ayuda en el DNI electrónico. 'Creo que va a funcionar, espero que no pase como con el certificado digital, pero hay que contar con los medios para utilizarlo', apunta.
Son esas amenazas las que llevan a la sociedad a defenderse. Luis Bermúdez, director de Servicios Jurídicos de Mutua Madrileña, explica que a su compañía, como al resto de aseguradoras, le preocupa la seguridad jurídica en todos los canales (web, teléfono) que no requieran la presencia física de las personas. 'El reto del sector es mantener los niveles de seguridad en las operaciones a través de los nuevos canales y, a veces, no es sencillo', precisa Bermúdez.
La normativa exige que los acuerdos tengan forma escrita, con lo que los asegurados contratan por teléfono o a través de la web, pero al final la compañía les envía el contrato a casa para que lo firmen. Para Luis Bermúdez, la solución podría ser la firma electrónica, pero 'no acaba de arrancar'. Mutua Madrileña tiene emitidas 2,5 millones de pólizas y la mayoría de los titulares no utiliza este sistema.
En el caso de bancos y cajas, las entidades se encuentran con la dificultad de la variedad de transacciones e instrumentos: tarjetas de crédito, de débito, prepago, tarjetas virtuales, por lo que para Daniel Martínez Batanero, 'la seguridad jurídica en las transacciones reviste una especial complejidad'. Una numerosa casuística que las cajas rurales han abordado con estrategias de economía de escala, centralizando las funciones de seguridad.
Para los juristas, uno de los grandes problemas de seguridad jurídica en las transacciones electrónicas es probar los hechos. El anonimato o la usurpación de la personalidad son algunas de las dificultades con las que se encuentran las fuerzas de seguridad del Estado a la hora de perseguir la criminalidad. José María Anguiano, socio de Garrigues, destaca dos características de la prueba electrónica que la hacen complicada: 'Es muy volátil, puedes hacer desaparecer el rastro informático, y es intrusiva, la gente considera que se está vulnerando su intimidad'. En este panorama, algunas iniciativas surgen para aportar confianza en este ámbito. Es el caso de PostalTrust, participada por Garrigues y T-Systems, del grupo Deutsche Telekom. 'Intentamos facilitar confianza para desarrollar ese canal necesario para las empresas en las relaciones con sus clientes, empleados, con otras empresas o la Administración', explica su director general, José Manuel Oliva.
Herramientas
Las sociedades tecnológicamente avanzadas cuentan con sus mecanismos de defensa. Red.es tiene centros de respuesta ante eventuales vulneraciones de la seguridad de internet y herramientas contra el phishing. Raúl Burgos también llama la atención sobre la existencia de otras herramientas defensivas. Bankinter, por ejemplo, analiza conexiones y cuando se encuentra con operaciones extrañas niega la conexión. 'Tenemos instalado con el permiso de los clientes un software en su ordenador para avisarle cuando alguien ha accedido a él de forma ilícita. El software que llega nuevo, tiene protecciones elevadas, es infinitamente más seguro', confirma.
Las entidades trabajan para proteger al consumidor, aunque a veces tropiezan con algún obstáculo. José María Anguiano está pensando en la protección de datos. 'Desde luego hay que generar garantías al consumidor, pero no se le puede dar poder excesivo a la ley'. El socio de Garrigues alude a las multas que le pueden caer a una empresa sin haber causado daños importantes a la intimidad de particulares, cuando por otro lado, son más peligrosos ciertos blogs o programas de televisión.
Nuevos retos para sociedades cada vez más tecnológicamente avanzadas.
Un servicio para custodiar las pruebas
A finales de los noventa, las firmas electrónicas cobran protagonismo. En el área de nuevas tecnologías y comercio electrónico de Garrigues consideraron entonces que con su uso se solucionaban algunos problemas, como los de integridad, duplicidad o confidencialidad, pero otros no, como es el repudio en destino; es decir, que el cliente no rechace el envío. PostalTrust surge para facilitar los servicios de custodia de pruebas electrónicas. La Ley de Servicios de la Sociedad de la Información recoge que las partes podrán acordar que un tercero archive las declaraciones de voluntad que integran los contratos electrónicos y que consigne la fecha y hora en que dichas comunicaciones han tenido lugar. 'Son pruebas volátiles e intrusivas y si las custodia la empresa que presta los servicios en cualquier juicio las echarán para atrás porque no deja de ser juez y parte', declara José Manuel Oliva.
PostalTrust trabaja con bancos y compañías de seguros para solucionar problemas de volatilidad e intrusión, mediante la custodia de las evidencias electrónicas generadas de un modo independiente a las partes que participan en estas transacciones. Asimismo, aporta las pruebas electrónicas custodiadas en procesos judiciales que lo requieran, haciendo innecesaria la presencia física para la firma de contratos.
http://www.cincodias.com/articulo/Sentidos/reto/convertir/internet/tienda/segura/cdscdi/20070920cdscdicst_1/Tes/
MEXICO: Urge PAN a la apertura de partidos vía internet
Por: Alejandro Sánchez y Carole Simonnet
Para consolidar la reforma electoral, el legislador panista Luis Gustavo Parra llevó al pleno de la Cámara de Diputados una iniciativa que obliga a los partidos políticos a transparentar sus actividades y el manejo de los recursos.
La iniciativa los obliga a desplegar en internet informes sobre el financiamiento público recibido, así como el proveniente de militantes, simpatizantes, por autofinanciamiento y el relativo a financiamiento por rendimientos financieros, fondos y fideicomisos.
También plantea que divulguen los procesos de selección de candidatos, remuneración mensual y las contrataciones que el partido celebre, estructura orgánica y funciones que realizan sus órganos, el directorio de dirigentes y personal administrativo.
El diputado Parra argumentó que actualmente la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental prevé como sujetos obligados a los Poderes de la Unión, pero los partidos, señaló, aún quedan a deber en materia de rendición de cuentas.
"Se propone consolidar la reforma electoral, promoviendo que exista transparencia en los partidos políticos, y representa un avance significativo en los sistemas de control de los mismos en lo que se refiere al ejercicio de su actividad", puntualizó el panista.
Expuso que el IFE, de abril a junio del presente año, organizó jornadas con la participación de organismos internacionales, sociedad civil, consejeros distritales, funcionarios de casilla, así como integrantes del Consejo General.
"Dentro de las propuestas recibidas en dichas jornadas, se planteó establecer en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales la obligación de los partidos de garantizar el acceso a la información sobre sus actividades, bienes y recursos económicos; presentar semestralmente los informes sobre el origen y monto de los ingresos; revisar más rigurosamente las actividades de las agrupaciones políticas.
"Establecer sanciones para los partidos que incumplan con su obligación de transparentar el origen y destino de sus recursos y establecer la obligación de los partidos para que a través de medios electrónicos publiquen permanentemente su información."
Incluso, el IFE entregó a la Cámara de Diputados un informe final de las jornadas titulado Rendición de cuentas y transparencia, el cual precisamente identifica que el Cofipe no contempla preceptos relacionados con la transparencia y acceso a la información de los partidos.
Ese texto señala que los partidos y agrupaciones políticas nacionales no son sujetos obligados de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
Por ello, Parra Noriega señaló: "Debido al papel trascendente que juegan los partidos en nuestro sistema democrático, como legisladores debemos cumplir con nuestra obligación de legislar previendo mecanismos que transparenten las actividades de los partidos.
"De no existir un manejo transparente de las actividades de los partidos, se corre el riesgo de fomentar un comportamiento irresponsable que eventualmente derive en actos de corrupción, sobre todo en el manejo del financiamiento.
"Es tarea del Legislativo realizar los ajustes para lograr un régimen jurídico más más acabado, que responda a las exigencias de la ciudadanía y que sea el reflejo de madurez política y cívica de todos los actores que intervienen en los procesos electorales", puntualizó.
http://www.nuevoexcelsior.com.mx/main.aspx?pid=55&idioma=27&parent=99999999.5.¬icia=50160&categoria=%7BCATEGORIA%7D&ruta=Urge%20PAN%20a%20la%20apertura%20de%20partidos%20v%C3%ADa%20internet
Para consolidar la reforma electoral, el legislador panista Luis Gustavo Parra llevó al pleno de la Cámara de Diputados una iniciativa que obliga a los partidos políticos a transparentar sus actividades y el manejo de los recursos.
La iniciativa los obliga a desplegar en internet informes sobre el financiamiento público recibido, así como el proveniente de militantes, simpatizantes, por autofinanciamiento y el relativo a financiamiento por rendimientos financieros, fondos y fideicomisos.
También plantea que divulguen los procesos de selección de candidatos, remuneración mensual y las contrataciones que el partido celebre, estructura orgánica y funciones que realizan sus órganos, el directorio de dirigentes y personal administrativo.
El diputado Parra argumentó que actualmente la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental prevé como sujetos obligados a los Poderes de la Unión, pero los partidos, señaló, aún quedan a deber en materia de rendición de cuentas.
"Se propone consolidar la reforma electoral, promoviendo que exista transparencia en los partidos políticos, y representa un avance significativo en los sistemas de control de los mismos en lo que se refiere al ejercicio de su actividad", puntualizó el panista.
Expuso que el IFE, de abril a junio del presente año, organizó jornadas con la participación de organismos internacionales, sociedad civil, consejeros distritales, funcionarios de casilla, así como integrantes del Consejo General.
"Dentro de las propuestas recibidas en dichas jornadas, se planteó establecer en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales la obligación de los partidos de garantizar el acceso a la información sobre sus actividades, bienes y recursos económicos; presentar semestralmente los informes sobre el origen y monto de los ingresos; revisar más rigurosamente las actividades de las agrupaciones políticas.
"Establecer sanciones para los partidos que incumplan con su obligación de transparentar el origen y destino de sus recursos y establecer la obligación de los partidos para que a través de medios electrónicos publiquen permanentemente su información."
Incluso, el IFE entregó a la Cámara de Diputados un informe final de las jornadas titulado Rendición de cuentas y transparencia, el cual precisamente identifica que el Cofipe no contempla preceptos relacionados con la transparencia y acceso a la información de los partidos.
Ese texto señala que los partidos y agrupaciones políticas nacionales no son sujetos obligados de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
Por ello, Parra Noriega señaló: "Debido al papel trascendente que juegan los partidos en nuestro sistema democrático, como legisladores debemos cumplir con nuestra obligación de legislar previendo mecanismos que transparenten las actividades de los partidos.
"De no existir un manejo transparente de las actividades de los partidos, se corre el riesgo de fomentar un comportamiento irresponsable que eventualmente derive en actos de corrupción, sobre todo en el manejo del financiamiento.
"Es tarea del Legislativo realizar los ajustes para lograr un régimen jurídico más más acabado, que responda a las exigencias de la ciudadanía y que sea el reflejo de madurez política y cívica de todos los actores que intervienen en los procesos electorales", puntualizó.
http://www.nuevoexcelsior.com.mx/main.aspx?pid=55&idioma=27&parent=99999999.5.¬icia=50160&categoria=%7BCATEGORIA%7D&ruta=Urge%20PAN%20a%20la%20apertura%20de%20partidos%20v%C3%ADa%20internet
martes, 18 de septiembre de 2007
PARAGUAY: Planean ley para los cobros por Internet
La Mesa Sectorial de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, de la Red de Inversiones y Exportaciones (Rediex), promoverá un proyecto de ley que favorezca el desarrollo del comercio electrónico, vale decir, pagos y cobros electrónicos y reconocimiento de firmas digitales. Es parte del plan de mejorar el perfil del país y estimular el desarrollo de los negocios de exportación, según explicaron.
Hoy día, muchas compras y ventas no se pueden realizar por Internet por falta de garantías o inexistencia de legislaciones. Es más, algunas organizaciones con fines sociales que quieren recaudar fondos por Internet para el desarrollo de causas nobles no lo están pudiendo hacer por ese mismo motivo. No se puede vender publicidad internacional en páginas web locales y cobrarlas por el sistema PayPal, por ejemplo. Muchos empresarios y hasta artesanos tienen interés en instalar tiendas virtuales para la venta de productos y percibir dinero, pero hay vacíos legales que la Mesa Sectorial de las TIC proyecta superar con el diseño de normas legales que serán propuestas a los organismos competentes. Otro de los objetivos establecidos para el sector tiene que ver con el posicionamiento internacional de Paraguay como país productor de software, y para ello se planea la participación en ferias internacionales, works shop y hacer un relevamiento de la demanda existente en mercados meta. Asimismo, se prevén la promoción de atracción de inversiones y el diseño de proyectos de promoción de la industria del sofware y preparación de planes de negocios.
http://www.abc.com.py/articulos.php?pid=358009&ABCDIGITAL=35276e536c416a3bf241924da53b9854
Hoy día, muchas compras y ventas no se pueden realizar por Internet por falta de garantías o inexistencia de legislaciones. Es más, algunas organizaciones con fines sociales que quieren recaudar fondos por Internet para el desarrollo de causas nobles no lo están pudiendo hacer por ese mismo motivo. No se puede vender publicidad internacional en páginas web locales y cobrarlas por el sistema PayPal, por ejemplo. Muchos empresarios y hasta artesanos tienen interés en instalar tiendas virtuales para la venta de productos y percibir dinero, pero hay vacíos legales que la Mesa Sectorial de las TIC proyecta superar con el diseño de normas legales que serán propuestas a los organismos competentes. Otro de los objetivos establecidos para el sector tiene que ver con el posicionamiento internacional de Paraguay como país productor de software, y para ello se planea la participación en ferias internacionales, works shop y hacer un relevamiento de la demanda existente en mercados meta. Asimismo, se prevén la promoción de atracción de inversiones y el diseño de proyectos de promoción de la industria del sofware y preparación de planes de negocios.
http://www.abc.com.py/articulos.php?pid=358009&ABCDIGITAL=35276e536c416a3bf241924da53b9854
MEXICO: Impuesto a juegos y sorteos incluye a apuestas por Internet y TV
Ante el vacío legal en materia de casinos, sorteos y apuestas, la Reforma Fiscal que gravará a estos giros es sólo el primer paso para regular la operación de los mismos y marcar los límites con que podrán operar en el futuro.
México, DF.- La fracción legislativa del PRD en la Cámara de Diputados destacó que la aprobación de nuevo impuesto de 20 por ciento a los juegos y sorteos servirá para cerrar el paso al “lavado de dinero” y a la proliferación de estos negocios en México.
Subrayó la importancia del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, que gravará con una tasa de 20 por ciento a quienes realicen juegos con apuestas o sorteos.
El secretario de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, Camerino Márquez Madrid, aseguró que nunca se entregó el impacto financiero de este nuevo impuesto, pero debe ser cercano a los 10 mil millones de pesos.
“Vamos a solicitar a las secretarías de Hacienda y de Gobernación que se haga público el listado de empresas, casinos, centros de apuestas, que operan desde ferias, palenques, sorteos en televisión e Internet”, para saber lo que se recaudará, dijo.
Recordó que ante el vacío legal en materia de casinos, sorteos y apuestas, la Reforma Fiscal que gravará a estos giros es sólo el primer paso para regular la operación de los mismos y marcar los límites con que podrán operar en el futuro.
En entrevista en San Lázaro dejó claro que la reforma al IEPS va dirigida a todos aquellos que realicen juegos con apuestas o sorteos en territorio nacional, por lo que no debe interpretarse que el impuesto es para quienes apuestan en esos negocios.
Márquez Madrid opinó que México se ha convertido en un “paraíso” para la operación de casinos virtuales y apuestas por Internet, ante la ausencia de una legislación en la materia.
http://www.milenio.com/index.php/2007/09/16/121469/
México, DF.- La fracción legislativa del PRD en la Cámara de Diputados destacó que la aprobación de nuevo impuesto de 20 por ciento a los juegos y sorteos servirá para cerrar el paso al “lavado de dinero” y a la proliferación de estos negocios en México.
Subrayó la importancia del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, que gravará con una tasa de 20 por ciento a quienes realicen juegos con apuestas o sorteos.
El secretario de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, Camerino Márquez Madrid, aseguró que nunca se entregó el impacto financiero de este nuevo impuesto, pero debe ser cercano a los 10 mil millones de pesos.
“Vamos a solicitar a las secretarías de Hacienda y de Gobernación que se haga público el listado de empresas, casinos, centros de apuestas, que operan desde ferias, palenques, sorteos en televisión e Internet”, para saber lo que se recaudará, dijo.
Recordó que ante el vacío legal en materia de casinos, sorteos y apuestas, la Reforma Fiscal que gravará a estos giros es sólo el primer paso para regular la operación de los mismos y marcar los límites con que podrán operar en el futuro.
En entrevista en San Lázaro dejó claro que la reforma al IEPS va dirigida a todos aquellos que realicen juegos con apuestas o sorteos en territorio nacional, por lo que no debe interpretarse que el impuesto es para quienes apuestan en esos negocios.
Márquez Madrid opinó que México se ha convertido en un “paraíso” para la operación de casinos virtuales y apuestas por Internet, ante la ausencia de una legislación en la materia.
http://www.milenio.com/index.php/2007/09/16/121469/
sábado, 15 de septiembre de 2007
COLOMBIA: El dulce anonimato
María Antonia García
Que Internet no sea refugio para agresiones, sino para el debate limpio.
Daniel Samper Pizano y Óscar Collazos se hartaron de que una manada de anónimos los amenazara de muerte en Internet. Y no es para menos. Los niveles de agresividad que permite el anonimato en la red no tienen nada que ver con ese debate ideal entre un columnista y los lectores. O entre un blogger y sus lectores.
Lo que está pasando con los comentarios de los lectores linda con un linchamiento de seres sin rostro que lanzan patadas, protegidos por un apodo. Algunos columnistas le restan importancia a la sarta de improperios, como si el deber de responsabilizarse de sus opiniones recayera solo sobre los columnistas, mientras que los lectores insultan y agreden en la más abierta impunidad.
Protegidos, claro, por el dulce anonimato. Unos con nombre falso, otros con su nombre real.
Este desbalance está lejos de la 'democracia participativa' que creen proporcionar los medios virtuales. Se trata más de un espacio inequitativo, que fomenta el vandalismo, la agresividad y el ataque sistemático. No se atacan los argumentos sino que se busca despedazar moralmente al opositor, a ese columnista que sí debe dar la cara.
No se trata, claro, de un propósito deliberado de los medios.
Estamos pagando la primiparada de interactuar en una realidad paralela, que todavía nos es ajena. En la que todavía nos movemos con la torpeza de quien recorre, por primera vez, un territorio desconocido. Por esta razón, es imperativo establecer reglas para que los que revelan su identidad cuenten con las mismas garantías que aquellos que se escudan en un nickname, como si fuera un pasamontañas. No se los ve, solo se sabe que alguien detrás de los comentarios quiso atacar de la manera más violenta posible lo que permite un medio virtual: las palabras.
Cualquiera diría que las palabras no son nada, que con palabras no puede disparársele a nadie y que las palabras no pueden acabar con una vida como lo hace un puñal. Sin embargo, la ley prevé el peligro que pueden significar las palabras, pues ellas pueden configurar una amenaza de muerte, hacer parte de un fraude, vulnerar la honra y el buen nombre de otra persona.
Pueden, también, invitar a acabar con una vida, como ocurrió con las amenazas a Collazos. Las inocentes y simples palabras no lo son. Por esto, es hora de que existan regulaciones más estrictas en espacios en los que reemplazan de manera aterradora el arma física empuñada contra otra persona. Sería absurdo frenar las dinámicas naturales de Internet y anular herramientas tan útiles como los foros y los debates. Pero es vital poner a raya a estos individuos anónimos, que se escudan en las sombras para sabotear y agredir. Nada positivo puede derivar de un debate político cuyo sostén es la vil amenaza y el ataque -a la persona y a sus allegados- y que olvida el propósito principal: un intercambio de ideas sano y necesario.
En este nuevo espacio, el de Internet, deberían aplicarse los mismos filtros que en el espacio impreso: solo aquellos usuarios cuya identidad pueda comprobarse deben opinar. De poco sirve que 300 personas comenten una columna si 200 de ellas irrespetan las normas básicas del debate. Vale recordar los debates en persona, en los que es tan indispensable un moderador como lo son quienes opinan. Y basta que alguno se pase de tono para que se le quite la palabra de inmediato.
Como de igualdad de condiciones se trata, también debe ser obligatorio para los columnistas -y para los bloggers- respetar a sus opositores y no escudarse en referencias vagas y apodos cuando se refieren a un contradictor.
Que Internet no sea refugio para agresiones anónimas, sino para la controversia limpia, con nombres y apellidos. Y esta no es tarea de los miembros de la red, sino de los portales que ofrecen estos espacios.
http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/otroscolumnistas/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR-3723278.html
Que Internet no sea refugio para agresiones, sino para el debate limpio.
Daniel Samper Pizano y Óscar Collazos se hartaron de que una manada de anónimos los amenazara de muerte en Internet. Y no es para menos. Los niveles de agresividad que permite el anonimato en la red no tienen nada que ver con ese debate ideal entre un columnista y los lectores. O entre un blogger y sus lectores.
Lo que está pasando con los comentarios de los lectores linda con un linchamiento de seres sin rostro que lanzan patadas, protegidos por un apodo. Algunos columnistas le restan importancia a la sarta de improperios, como si el deber de responsabilizarse de sus opiniones recayera solo sobre los columnistas, mientras que los lectores insultan y agreden en la más abierta impunidad.
Protegidos, claro, por el dulce anonimato. Unos con nombre falso, otros con su nombre real.
Este desbalance está lejos de la 'democracia participativa' que creen proporcionar los medios virtuales. Se trata más de un espacio inequitativo, que fomenta el vandalismo, la agresividad y el ataque sistemático. No se atacan los argumentos sino que se busca despedazar moralmente al opositor, a ese columnista que sí debe dar la cara.
No se trata, claro, de un propósito deliberado de los medios.
Estamos pagando la primiparada de interactuar en una realidad paralela, que todavía nos es ajena. En la que todavía nos movemos con la torpeza de quien recorre, por primera vez, un territorio desconocido. Por esta razón, es imperativo establecer reglas para que los que revelan su identidad cuenten con las mismas garantías que aquellos que se escudan en un nickname, como si fuera un pasamontañas. No se los ve, solo se sabe que alguien detrás de los comentarios quiso atacar de la manera más violenta posible lo que permite un medio virtual: las palabras.
Cualquiera diría que las palabras no son nada, que con palabras no puede disparársele a nadie y que las palabras no pueden acabar con una vida como lo hace un puñal. Sin embargo, la ley prevé el peligro que pueden significar las palabras, pues ellas pueden configurar una amenaza de muerte, hacer parte de un fraude, vulnerar la honra y el buen nombre de otra persona.
Pueden, también, invitar a acabar con una vida, como ocurrió con las amenazas a Collazos. Las inocentes y simples palabras no lo son. Por esto, es hora de que existan regulaciones más estrictas en espacios en los que reemplazan de manera aterradora el arma física empuñada contra otra persona. Sería absurdo frenar las dinámicas naturales de Internet y anular herramientas tan útiles como los foros y los debates. Pero es vital poner a raya a estos individuos anónimos, que se escudan en las sombras para sabotear y agredir. Nada positivo puede derivar de un debate político cuyo sostén es la vil amenaza y el ataque -a la persona y a sus allegados- y que olvida el propósito principal: un intercambio de ideas sano y necesario.
En este nuevo espacio, el de Internet, deberían aplicarse los mismos filtros que en el espacio impreso: solo aquellos usuarios cuya identidad pueda comprobarse deben opinar. De poco sirve que 300 personas comenten una columna si 200 de ellas irrespetan las normas básicas del debate. Vale recordar los debates en persona, en los que es tan indispensable un moderador como lo son quienes opinan. Y basta que alguno se pase de tono para que se le quite la palabra de inmediato.
Como de igualdad de condiciones se trata, también debe ser obligatorio para los columnistas -y para los bloggers- respetar a sus opositores y no escudarse en referencias vagas y apodos cuando se refieren a un contradictor.
Que Internet no sea refugio para agresiones anónimas, sino para la controversia limpia, con nombres y apellidos. Y esta no es tarea de los miembros de la red, sino de los portales que ofrecen estos espacios.
http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/otroscolumnistas/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR-3723278.html
VENEZUELA: Entes inspeccionan centros de Internet
DORYEL SALAZAR MOYA
BARCELONA / PUERTO LA CRUZ.- A propósito de que la próxima semana comienza el año escolar, la Fundación para el Desarrollo de la Familia y del Niño, Niña y Adolescente de Barcelona (Fundafana) y la Junta Parroquial de Pozuelos en Puerto La Cruz tienen previsto realizar inspecciones en las salas de Internet.
Israel Narváez, coordinador de la Defensoría de Fundafana, explicó que la idea es que los cybers cumplan con las normativas contempladas en la Ley Orgánica de Protección del Niño, Niña y Adolescente (Lopna). Advirtió que si encuentran a menores allí, pueden proceder al cierre de los establecimientos.
Por lo pronto, hicieron un operativo de fiscalización en la parroquia El Carmen, específicamente en los sectores Tronconal, Barrio Sucre y Campo Alegre, y de 24 centros de conexión visitados, 90% carecía del permiso de inscripción solicitado ante el Consejo Municipal de Derechos del Niño.
Los propietarios de los negocios tienen 35 días para ponerse a derecho, de lo contrario se exponen a sanciones como la clausura, pues ya recibieron una charla sobre el tema.
Bajo la lupa
El prefecto de la parroquia Pozuelos del municipio Sotillo, Juan Aquia, también dijo que una vez iniciadas las clases en los colegios, supervisarán los cybers a fin de verificar que no permitan la entrada a menores de edad uniformados ni ofrezcan juegos violentos. Además las páginas pornográficas deben estar bloqueadas.
“Les vamos a dar con mucha fuerza a los reincidentes”.
http://www.eltiempo.com.ve/noticias/default.asp?id=124326
BARCELONA / PUERTO LA CRUZ.- A propósito de que la próxima semana comienza el año escolar, la Fundación para el Desarrollo de la Familia y del Niño, Niña y Adolescente de Barcelona (Fundafana) y la Junta Parroquial de Pozuelos en Puerto La Cruz tienen previsto realizar inspecciones en las salas de Internet.
Israel Narváez, coordinador de la Defensoría de Fundafana, explicó que la idea es que los cybers cumplan con las normativas contempladas en la Ley Orgánica de Protección del Niño, Niña y Adolescente (Lopna). Advirtió que si encuentran a menores allí, pueden proceder al cierre de los establecimientos.
Por lo pronto, hicieron un operativo de fiscalización en la parroquia El Carmen, específicamente en los sectores Tronconal, Barrio Sucre y Campo Alegre, y de 24 centros de conexión visitados, 90% carecía del permiso de inscripción solicitado ante el Consejo Municipal de Derechos del Niño.
Los propietarios de los negocios tienen 35 días para ponerse a derecho, de lo contrario se exponen a sanciones como la clausura, pues ya recibieron una charla sobre el tema.
Bajo la lupa
El prefecto de la parroquia Pozuelos del municipio Sotillo, Juan Aquia, también dijo que una vez iniciadas las clases en los colegios, supervisarán los cybers a fin de verificar que no permitan la entrada a menores de edad uniformados ni ofrezcan juegos violentos. Además las páginas pornográficas deben estar bloqueadas.
“Les vamos a dar con mucha fuerza a los reincidentes”.
http://www.eltiempo.com.ve/noticias/default.asp?id=124326
ESPAÑA: El Gobierno presentará antes de fin de año un plan de financiación para potenciar la Administración electrónica
El Ministerio de Administraciones Públicas (MAP) presentará ante el Consejo de Ministros antes de que finalice el año un plan de actuaciones en el que se contengan los medios y recursos necesarios para desarrollar la Ley en la Administración General del Estado y un calendario de adaptación de los servicios que ésta presta, para que sean accesibles electrónicamente.
Estas medidas van acompañadas de un informe del MAP con el objetivo de impulsar el desarrollo de la e-administración mediante actuaciones legislativas e inversoras que permitan eliminar los trámites burocráticos mediante ventanilla. Tras la aprobación de la Ley de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, el Ejecutivo ha destinado un global de 24 millones de euros para favorecer la prestación de servicios de forma electrónica, si bien existe un importante catálogo de trámites que todavía no pueden hacerse a través de Internet.
La Ley fue aprobada en junio de este año y para desarrollarla el Ministerio de Administraciones Públicas presentará un Plan de actuaciones que contenga todos los medios y recursos necesarios para la Administración General del Estado, así como el calendario de adaptación de los procedimientos. La ley contempla que las administraciones autonómicas y locales, cuya financiación queda pendiente.
UN MILLON DE DNI-E EXPEDIDOS.
El segundo pilar en la e-administración será la creación de infraestructuras de uso común como la red SARA, una red privada que une a todos los departamentos y ministerios de la Administración General del Estado y Comunidades Autónomas de forma segura, a la que sólo tienen acceso, de manera controlada, los organismos públicos.
Las prestaciones de esta Intranet administrativa eran muy limitadas, debido a su velocidad reducida, en torno a 2-4 megabits/seg. En esta Legislatura esta red se ha ampliado, aumentando su velocidad y conectando a todas las Comunidades Autónomas y la Comunidad Europea, y el objetivo es que su capacidad de transporte de datos se amplíe a 10 Gbps, con el objetivo de que sea la "columna vertebral" de todas las comunicaciones entre administraciones en España. Su media diaria de tráfico, en la actualidad, supera los cuatro terabytes.
Otro de los avances más importantes en este terreno es la implantación del DNI electrónico, que permite identificar a su poseedor de manera segura en Internet, y favorece el comercio a través de Internet. Actualmente, se han expedido un millón de DNI electrónicos, en 35 provincias de doce Comunidades Autónomas, y está previsto que a finales de año se expida en toda España.
En paralelo se ha creado una plataforma de validación electrónica, '@firma', que permite a todas las administraciones desarrollar de manera fácil servicios electrónicos que hacen uso tanto del nuevo DNI como del resto de certificados electrónicos emitidos en España. El desarrollo se realizó a lo largo del año 2005 y 2006, ligada a los más de 400 servicios adaptados al DNI electrónico. Desde marzo de 2006 se han validado 3.140.000 certificados.
UN MILLON DE LLAMADAS AL 060.
Durante el año pasado se acometió la homologación del acceso a todos los webs ministeriales, y se crearon nuevas aplicaciones para cometidos específicos, como las de cambio de domicilio y matriculación en pruebas selectivas. Para finales de este año, la web del 060 (www.060.es) aumentará sus prestaciones para incluir el acceso a los servicios de todas las Comunidades Autónomas y Entidades Locales, número único de la administración, que durante este año ha recibido un millón de consultas.
http://www.hoytecnologia.com/noticias/Gobierno-presentara-antes-plan/23649
Estas medidas van acompañadas de un informe del MAP con el objetivo de impulsar el desarrollo de la e-administración mediante actuaciones legislativas e inversoras que permitan eliminar los trámites burocráticos mediante ventanilla. Tras la aprobación de la Ley de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, el Ejecutivo ha destinado un global de 24 millones de euros para favorecer la prestación de servicios de forma electrónica, si bien existe un importante catálogo de trámites que todavía no pueden hacerse a través de Internet.
La Ley fue aprobada en junio de este año y para desarrollarla el Ministerio de Administraciones Públicas presentará un Plan de actuaciones que contenga todos los medios y recursos necesarios para la Administración General del Estado, así como el calendario de adaptación de los procedimientos. La ley contempla que las administraciones autonómicas y locales, cuya financiación queda pendiente.
UN MILLON DE DNI-E EXPEDIDOS.
El segundo pilar en la e-administración será la creación de infraestructuras de uso común como la red SARA, una red privada que une a todos los departamentos y ministerios de la Administración General del Estado y Comunidades Autónomas de forma segura, a la que sólo tienen acceso, de manera controlada, los organismos públicos.
Las prestaciones de esta Intranet administrativa eran muy limitadas, debido a su velocidad reducida, en torno a 2-4 megabits/seg. En esta Legislatura esta red se ha ampliado, aumentando su velocidad y conectando a todas las Comunidades Autónomas y la Comunidad Europea, y el objetivo es que su capacidad de transporte de datos se amplíe a 10 Gbps, con el objetivo de que sea la "columna vertebral" de todas las comunicaciones entre administraciones en España. Su media diaria de tráfico, en la actualidad, supera los cuatro terabytes.
Otro de los avances más importantes en este terreno es la implantación del DNI electrónico, que permite identificar a su poseedor de manera segura en Internet, y favorece el comercio a través de Internet. Actualmente, se han expedido un millón de DNI electrónicos, en 35 provincias de doce Comunidades Autónomas, y está previsto que a finales de año se expida en toda España.
En paralelo se ha creado una plataforma de validación electrónica, '@firma', que permite a todas las administraciones desarrollar de manera fácil servicios electrónicos que hacen uso tanto del nuevo DNI como del resto de certificados electrónicos emitidos en España. El desarrollo se realizó a lo largo del año 2005 y 2006, ligada a los más de 400 servicios adaptados al DNI electrónico. Desde marzo de 2006 se han validado 3.140.000 certificados.
UN MILLON DE LLAMADAS AL 060.
Durante el año pasado se acometió la homologación del acceso a todos los webs ministeriales, y se crearon nuevas aplicaciones para cometidos específicos, como las de cambio de domicilio y matriculación en pruebas selectivas. Para finales de este año, la web del 060 (www.060.es) aumentará sus prestaciones para incluir el acceso a los servicios de todas las Comunidades Autónomas y Entidades Locales, número único de la administración, que durante este año ha recibido un millón de consultas.
http://www.hoytecnologia.com/noticias/Gobierno-presentara-antes-plan/23649
viernes, 14 de septiembre de 2007
ESPAÑA: Proponen regular el juego online
El PP propone que se regulen las apuestas por Internet y limitar la retención de datos de las operadoras a un año.
El Grupo Popular en el Congreso ha registrado una batería de enmiendas al proyecto de Ley de Medidas de Impulso a la Sociedad de la Información por las que propone establecer una regulación para el juego y las apuestas online y limita el plazo de retención de datos de las comunicaciones electrónicas por parte de las prestadoras de servicios a un período de doce meses.
En sus enmiendas, a las que ha tenido acceso Europa Press, plantean dotar de régimen jurídico a la actividad del juego y las apuestas por Internet, dotando de capacidad al Estado y, en el caso de que el ámbito de actuación no supere el territorio de una comunidad autónoma a los gobiernos regionales, en cada caso. Para ello, se entenderá que el ámbito de actuación es el que compete a la publicidad y oferta al público de servicios de apuestas, según propone el PP.
La realización de actividades de apuestas online estará sometida a la autorización previa, así como a las normas tributarias aplicables en cada caso.
Asimismo, hacen hincapié en que sólo los tribunales de Justicia son competentes para determinar el cierre de una página web o la retirada de un contenido escrito o audiovisual, y defienden la consideración de Internet como servicio universal, así como de una serie de consideraciones de servicio público para la prestación de un servicio de calidad.
En cuanto al deber de retención de datos de tráfico que se imponen a las compañías prestadoras de servicios, especialmente para la investigación de delitos, el Grupo Popular demanda que el plazo se límite a doce meses, y que la información almacenada debe limitarse a la identificación del usuarios de la comunicación y la localización del terminal, pero "en ningún caso el contenido de la misma".
http://www.vnunet.es/Actualidad/Noticias/Comunicaciones/Internet/20070912002
El Grupo Popular en el Congreso ha registrado una batería de enmiendas al proyecto de Ley de Medidas de Impulso a la Sociedad de la Información por las que propone establecer una regulación para el juego y las apuestas online y limita el plazo de retención de datos de las comunicaciones electrónicas por parte de las prestadoras de servicios a un período de doce meses.
En sus enmiendas, a las que ha tenido acceso Europa Press, plantean dotar de régimen jurídico a la actividad del juego y las apuestas por Internet, dotando de capacidad al Estado y, en el caso de que el ámbito de actuación no supere el territorio de una comunidad autónoma a los gobiernos regionales, en cada caso. Para ello, se entenderá que el ámbito de actuación es el que compete a la publicidad y oferta al público de servicios de apuestas, según propone el PP.
La realización de actividades de apuestas online estará sometida a la autorización previa, así como a las normas tributarias aplicables en cada caso.
Asimismo, hacen hincapié en que sólo los tribunales de Justicia son competentes para determinar el cierre de una página web o la retirada de un contenido escrito o audiovisual, y defienden la consideración de Internet como servicio universal, así como de una serie de consideraciones de servicio público para la prestación de un servicio de calidad.
En cuanto al deber de retención de datos de tráfico que se imponen a las compañías prestadoras de servicios, especialmente para la investigación de delitos, el Grupo Popular demanda que el plazo se límite a doce meses, y que la información almacenada debe limitarse a la identificación del usuarios de la comunicación y la localización del terminal, pero "en ningún caso el contenido de la misma".
http://www.vnunet.es/Actualidad/Noticias/Comunicaciones/Internet/20070912002
miércoles, 12 de septiembre de 2007
ESPAÑA: Una decena de gobiernos vigilan lo que sus ciudadanos hacen por Internet
MADRID.- Según denuncia Amnistía Internacional, actualmente hay 57 países donde ser 'preso político' todavía es factible. Los gobiernos de estos países vigilan 'salas de chat', eliminan blogs o bloquean motores de búsqueda o encarcelan a personas por expresar sus convicciones políticas en la Red.
El director de Amnistía Internacional en España, Esteban Beltrán, aseguró que desde los atentados del 11-S se ha producido un recorte en las libertades que no ha servido para crear un mundo más seguro, sino para que aumentasen los países que restringen las libertades. Beltrán explicó que son diez los países que en la actualidad vigilan a sus ciudadanos cuando estos navegan por Internet. Entre ellos se encuentra China —de la se conocen varios casos de disidentes en la Red detenidos—, Cuba o Mauritania.
Actualmente, en otros 57 hay 'presos de conciencia', es decir, personas encarceladas o sometidas a restricciones físicas por sus convicciones políticas, religiosas o cualquier otro motivo de conciencia, así como por su origen étnico, sexo, color, idioma, origen nacional o social.
"Desde el 11-S, la tortura ha dejado de ser clandestina", lamenta Beltrán, citando como ejemplo la aprobación en EEUU de una ley de Comisiones Militares que, según explicó, "permite la práctica de la tortura de forma legal".
Añadió que "la guerra contra el terror" emprendida tras los atentados "está haciendo retroceder libertades conseguidas en una parte del mundo hace 60 años". "Países de larga tradición democrática están creando sistemas excepcionales que vulneran derechos humanos", sentenció.
"El 11-S nos vendió que un recorte de las libertades podía dar lugar a un mundo más seguro, pero la realidad es muy distinta y actualmente tenemos un mundo más inseguro", concluyó el director de Amnistía Internacional en España.
http://www.elmundo.es/navegante/2007/09/11/tecnologia/1189501395.html
El director de Amnistía Internacional en España, Esteban Beltrán, aseguró que desde los atentados del 11-S se ha producido un recorte en las libertades que no ha servido para crear un mundo más seguro, sino para que aumentasen los países que restringen las libertades. Beltrán explicó que son diez los países que en la actualidad vigilan a sus ciudadanos cuando estos navegan por Internet. Entre ellos se encuentra China —de la se conocen varios casos de disidentes en la Red detenidos—, Cuba o Mauritania.
Actualmente, en otros 57 hay 'presos de conciencia', es decir, personas encarceladas o sometidas a restricciones físicas por sus convicciones políticas, religiosas o cualquier otro motivo de conciencia, así como por su origen étnico, sexo, color, idioma, origen nacional o social.
"Desde el 11-S, la tortura ha dejado de ser clandestina", lamenta Beltrán, citando como ejemplo la aprobación en EEUU de una ley de Comisiones Militares que, según explicó, "permite la práctica de la tortura de forma legal".
Añadió que "la guerra contra el terror" emprendida tras los atentados "está haciendo retroceder libertades conseguidas en una parte del mundo hace 60 años". "Países de larga tradición democrática están creando sistemas excepcionales que vulneran derechos humanos", sentenció.
"El 11-S nos vendió que un recorte de las libertades podía dar lugar a un mundo más seguro, pero la realidad es muy distinta y actualmente tenemos un mundo más inseguro", concluyó el director de Amnistía Internacional en España.
http://www.elmundo.es/navegante/2007/09/11/tecnologia/1189501395.html
BOLIVIA: Aduana Nacional inaugura moderno sistema de remates por Internet
La Paz, 11 sep (ABI).- Con el propósito de mejorar sus ingresos fiscales, la Aduana Nacional inauguró este martes el moderno sistema de remates por Internet a través del sitio web: www.remates.aduana.gov.bo.
El presidente de la entidad recaudadora, César López, en conferencia de prensa explicó que ese innovador sistema asegura la transparencia de los procesos de remate aduaneros.
Dijo que los remates aduaneros, hasta antes de la vigencia del nuevo reglamento aprobado por el Directorio de la Aduana Nacional, tenía un matiz manejado en medio de denuncias de corrupción.
"Los remates antes se hacían en la primera convocatoria, existía una rebaja del 40 por ciento del valor de la mercancía y la participación de los comerciantes era cero, sólo participaba el dueño de la mercancía", expresó.
López indicó que en un segundo proceso de remate se registraba una rebaja de la mercancía del 15 por ciento y tampoco podía participar ninguna persona interesada.
Declaró que en ese marco, se llegaba a una tercera convocatoria de remate, en el que ni siquiera se tenía un precio base lo que implicaba que el comerciante dueño de aquella mercancía, se la podía llevar en un precio de "gallina muerta".
"Hoy los remates, en vista de ser por Internet, mantienen los parámetros que impone la ley que es en una primera instancia, con un costo menos del 40 por ciento con la diferencia de que ya no habrá necesidad de llegar a la instancia del sin precio base", añadió.
La autoridad aduanera explicó que de los remates por Internet podrá participar cualquier ciudadano boliviano a través del Internet.
Mpa/Pta ABI
http://abi.bo/index.php?i=noticias_texto&j=20070911182028
El presidente de la entidad recaudadora, César López, en conferencia de prensa explicó que ese innovador sistema asegura la transparencia de los procesos de remate aduaneros.
Dijo que los remates aduaneros, hasta antes de la vigencia del nuevo reglamento aprobado por el Directorio de la Aduana Nacional, tenía un matiz manejado en medio de denuncias de corrupción.
"Los remates antes se hacían en la primera convocatoria, existía una rebaja del 40 por ciento del valor de la mercancía y la participación de los comerciantes era cero, sólo participaba el dueño de la mercancía", expresó.
López indicó que en un segundo proceso de remate se registraba una rebaja de la mercancía del 15 por ciento y tampoco podía participar ninguna persona interesada.
Declaró que en ese marco, se llegaba a una tercera convocatoria de remate, en el que ni siquiera se tenía un precio base lo que implicaba que el comerciante dueño de aquella mercancía, se la podía llevar en un precio de "gallina muerta".
"Hoy los remates, en vista de ser por Internet, mantienen los parámetros que impone la ley que es en una primera instancia, con un costo menos del 40 por ciento con la diferencia de que ya no habrá necesidad de llegar a la instancia del sin precio base", añadió.
La autoridad aduanera explicó que de los remates por Internet podrá participar cualquier ciudadano boliviano a través del Internet.
Mpa/Pta ABI
http://abi.bo/index.php?i=noticias_texto&j=20070911182028
viernes, 7 de septiembre de 2007
ESPAÑA: Ros anuncia el mercado secundario del espectro radioeléctrico
El secretario de Estado de Telecomunicaciones, Franscisco Ros, anuncio hoy que el reglamento que regulará el mercado secundario del espectro radioeléctrico, con la posibilidad de traspaso de frecuencias en algunas bandas, está ya muy avanzado y en periodo de consulta.
Ros clausuró hoy el XXI Encuentro de las Telecomunicaciones organizada por la patronal Aetic y la fundación Telefónica y la colaboración de la entidad pública Red.es.
En su intervención dijo que el Consejo Asesor de las Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información (CATSI) tiene este proyecto desde mediados de julio y antes de que termine el mes deberá presentar los comentarios oportunos.
Ros explicó que se le ha preguntado al CATSI sobre que bandas de radiofrecuencias se debe comenzar a establecer este mercado secundario que permitirá a las operadoras obtener frecuencias adicionales o incrementar las que tienen en función de las disponibilidades.
Con esta medida se trata de incrementar la eficiencia del espectro que es un recurso público escaso, dijo Ros.
España se adelanta así a la regulación europea, prevista para 2010, aunque incorporando los criterios que se debaten en Bruselas.
El reglamento recogerá el principio de la neutralidad tecnológica lo que supondrá, entre otras cosas, que los operadores de telefonía móvil que tienen frecuencias 900 y 1.800 las podrán utilizar para los servicios de tercera generación UMTS que necesitan mayores recursos de red.
El secretario de Estado señaló que se establecerá un registro público de titulares de frecuencias.
El nuevo reglamento contemplará también la posibilidad de habilitar bandas de frecuencias para ser usadas libremente por sus titulares en la provisión de los servicios que decidan, siempre garantizando la protección frente a interferencias, dijo.
En declaraciones a periodistas, Ros dijo que la petición del consejero delegado de Yoigo, Johan Adsjoe, de una pequeña frecuencia 900 podría resolverse a través de la nueva legislación si se abriera este espectro.
El secretario de Estado también hizo hincapié en que el anteproyecto de ley que regulará la televisión de movilidad por satélite y de televisión digital terrestre en movilidad, se ha incorporado en el proyecto de Ley de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información que se debate en el parlamento.
Dijo que espera que esta Ley este aprobada a finales de año lo que supondrá que en 2008 podría salir el concurso del multiplex para la televisión por móvil con un mínimo de 16 canales por el que diversas empresas podrán dar sus contenidos sólo con una autorización y con el acuerdo de la operadora que gane el concurso.
Precisamente hoy, el director general de Telefónica de España, Antonio Viana Baptista, señaló en Santander que esta operadora podría acudir al concurso en función del importe económico y que cuenta ya con lo más importante, que son los más de 22 millones de usuarios de telefonía móvil.
Sobre el Plan Técnico de la TDT que regulará los plazos del 'apagón analógico' el secretario de Estado de Telecomunicaciones dijo que esta totalmente terminado y puede aprobarse en cualquier momento por el Consejo de Ministros.
En la agenda del ministerio de Industria está también para su inminente aprobación la orden ministerial que regulará los mensajes cortos de telefonía móvil (SMS Premium) con una legislación muy similar a la de los números '900' de tarificación especial.
Recordó que el mercado de SMS fue de 1.600 millones de euros en 2006 de los que los Premium supusieron 400 millones.
La nueva normativa está dirigida a la protección de los usuarios y supondrá la existencia de números de 6 cifras para los servicios de suscripción y de 5 para los demás, en los que el primer número indicará el tipo de contenido que se contrata.
El Secretario de Estado aprovechó su intervención para destacar la actividad del instituto público Inteco en materia de seguridad de Internet en España y la calidad de los servicios de las telecomunicaciones españolas, similar a la Europea.
Se refirió también a los últimos datos de la Oficina de Atención al Usuario de las Telecomunicaciones en la que en el primer semestre del año se presentaron 9.578 reclamaciones frente a un total de 80 millones de contratos.
Las quejas de mayor volumen, el 30 por ciento son de acceso a Internet, el 28,6 de telefonía móvil, el 21,7 a la fija y el 12,4 de paquetes de voz-datos.
Terra Actualidad - EFE
Ros clausuró hoy el XXI Encuentro de las Telecomunicaciones organizada por la patronal Aetic y la fundación Telefónica y la colaboración de la entidad pública Red.es.
En su intervención dijo que el Consejo Asesor de las Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información (CATSI) tiene este proyecto desde mediados de julio y antes de que termine el mes deberá presentar los comentarios oportunos.
Ros explicó que se le ha preguntado al CATSI sobre que bandas de radiofrecuencias se debe comenzar a establecer este mercado secundario que permitirá a las operadoras obtener frecuencias adicionales o incrementar las que tienen en función de las disponibilidades.
Con esta medida se trata de incrementar la eficiencia del espectro que es un recurso público escaso, dijo Ros.
España se adelanta así a la regulación europea, prevista para 2010, aunque incorporando los criterios que se debaten en Bruselas.
El reglamento recogerá el principio de la neutralidad tecnológica lo que supondrá, entre otras cosas, que los operadores de telefonía móvil que tienen frecuencias 900 y 1.800 las podrán utilizar para los servicios de tercera generación UMTS que necesitan mayores recursos de red.
El secretario de Estado señaló que se establecerá un registro público de titulares de frecuencias.
El nuevo reglamento contemplará también la posibilidad de habilitar bandas de frecuencias para ser usadas libremente por sus titulares en la provisión de los servicios que decidan, siempre garantizando la protección frente a interferencias, dijo.
En declaraciones a periodistas, Ros dijo que la petición del consejero delegado de Yoigo, Johan Adsjoe, de una pequeña frecuencia 900 podría resolverse a través de la nueva legislación si se abriera este espectro.
El secretario de Estado también hizo hincapié en que el anteproyecto de ley que regulará la televisión de movilidad por satélite y de televisión digital terrestre en movilidad, se ha incorporado en el proyecto de Ley de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información que se debate en el parlamento.
Dijo que espera que esta Ley este aprobada a finales de año lo que supondrá que en 2008 podría salir el concurso del multiplex para la televisión por móvil con un mínimo de 16 canales por el que diversas empresas podrán dar sus contenidos sólo con una autorización y con el acuerdo de la operadora que gane el concurso.
Precisamente hoy, el director general de Telefónica de España, Antonio Viana Baptista, señaló en Santander que esta operadora podría acudir al concurso en función del importe económico y que cuenta ya con lo más importante, que son los más de 22 millones de usuarios de telefonía móvil.
Sobre el Plan Técnico de la TDT que regulará los plazos del 'apagón analógico' el secretario de Estado de Telecomunicaciones dijo que esta totalmente terminado y puede aprobarse en cualquier momento por el Consejo de Ministros.
En la agenda del ministerio de Industria está también para su inminente aprobación la orden ministerial que regulará los mensajes cortos de telefonía móvil (SMS Premium) con una legislación muy similar a la de los números '900' de tarificación especial.
Recordó que el mercado de SMS fue de 1.600 millones de euros en 2006 de los que los Premium supusieron 400 millones.
La nueva normativa está dirigida a la protección de los usuarios y supondrá la existencia de números de 6 cifras para los servicios de suscripción y de 5 para los demás, en los que el primer número indicará el tipo de contenido que se contrata.
El Secretario de Estado aprovechó su intervención para destacar la actividad del instituto público Inteco en materia de seguridad de Internet en España y la calidad de los servicios de las telecomunicaciones españolas, similar a la Europea.
Se refirió también a los últimos datos de la Oficina de Atención al Usuario de las Telecomunicaciones en la que en el primer semestre del año se presentaron 9.578 reclamaciones frente a un total de 80 millones de contratos.
Las quejas de mayor volumen, el 30 por ciento son de acceso a Internet, el 28,6 de telefonía móvil, el 21,7 a la fija y el 12,4 de paquetes de voz-datos.
Terra Actualidad - EFE
miércoles, 5 de septiembre de 2007
MEXICO: Prevé AMIPCI ventas en Internet por 765 mdd en 2007
Al cierre de 2007 se prevé que el mercado electrónico en México registre ventas por 765 millones de dólares, lo que representaría un aumento de aproximadamente 59 por ciento respecto a 2006.
La vicepresidenta del Comité de Investigación de Mercados de la Asociación Mexicana de Internet, Adriana Peña, dio a conocer que el año pasado las ventas por Internet en el país ascendieron a 482 millones de dólares, un crecimiento anual de 53 por ciento.
Al presentar el más reciente estudio sobre el comercio electrónico en México, detalló que 61 por ciento de las ventas se registró en la Ciudad de México, a pesar de que esta capital no concentra más de 25 por ciento de los internautas del país.
Indicó que 60 por ciento de la comercialización se generó en el sector turismo y 34 por ciento en consumo, principalmente en electrónica y cómputo.
Por su parte, el presidente de la AMIPCI, Francisco Ceballos, subrayó que la confianza del consumidor es mayor, pues -recordó- sólo una de cada tres mil operaciones electrónicas presenta controversia, sin que esto signifique necesariamente fraude.
El estudio midió lo que las empresas venden en México a través de Internet, no lo que los consumidores compran.
Así, las transacciones electrónicas representaron 5.2 por ciento de las ventas totales, incluyendo al comercio real, no virtual.
En ese sentido, Mauricio Braverman, vicepresidente de Comercio Electrónico en AMIPCI y vicepresidente de Productos Visa Internacional México, dijo que el medio de pago electrónico preferido fue la tarjeta. “Al comparar al mundo virtual con el real, el dinero electrónico tiene 60 por ciento de penetración”, expuso.
Francisco Ceballos informó que suman 110 los sitios o páginas electrónicas certificados y que cuentan con el sello de confianza, lo que significa -apuntó- que están sujetos a la Ley Federal de Protección al Consumidor y registrados con dirección y número telefónico.
Aclaró que el temor a un fraude no es el único inhibidor por el cual muchos consumidores no utilizan el Internet para hacer sus compras, sino también porque hay quienes no tienen tarjeta para hacer sus pagos.
Sigue Prevé AMIPCI ventas… dos y última … pagos Por ello, Braverman anunció que se fomentará la compra por Internet con tarjeta, a través de promociones y descuentos, al tiempo que se promueve la cultura de la privacidad.
Enrique Bustamante, director general de la AMIPCI, precisó que hasta 60 por ciento de los correos electrónicos en México son “spam” (correos no deseados) y provienen de Brasil, Europa del Este y Asia. Los intrusos cibernéticos ya no atracan a instituciones como bancos, sino “al eslabón más sensible”, al usuario final, concluyó.
http://www.milenio.com/index.php/2007/09/05/116736/
La vicepresidenta del Comité de Investigación de Mercados de la Asociación Mexicana de Internet, Adriana Peña, dio a conocer que el año pasado las ventas por Internet en el país ascendieron a 482 millones de dólares, un crecimiento anual de 53 por ciento.
Al presentar el más reciente estudio sobre el comercio electrónico en México, detalló que 61 por ciento de las ventas se registró en la Ciudad de México, a pesar de que esta capital no concentra más de 25 por ciento de los internautas del país.
Indicó que 60 por ciento de la comercialización se generó en el sector turismo y 34 por ciento en consumo, principalmente en electrónica y cómputo.
Por su parte, el presidente de la AMIPCI, Francisco Ceballos, subrayó que la confianza del consumidor es mayor, pues -recordó- sólo una de cada tres mil operaciones electrónicas presenta controversia, sin que esto signifique necesariamente fraude.
El estudio midió lo que las empresas venden en México a través de Internet, no lo que los consumidores compran.
Así, las transacciones electrónicas representaron 5.2 por ciento de las ventas totales, incluyendo al comercio real, no virtual.
En ese sentido, Mauricio Braverman, vicepresidente de Comercio Electrónico en AMIPCI y vicepresidente de Productos Visa Internacional México, dijo que el medio de pago electrónico preferido fue la tarjeta. “Al comparar al mundo virtual con el real, el dinero electrónico tiene 60 por ciento de penetración”, expuso.
Francisco Ceballos informó que suman 110 los sitios o páginas electrónicas certificados y que cuentan con el sello de confianza, lo que significa -apuntó- que están sujetos a la Ley Federal de Protección al Consumidor y registrados con dirección y número telefónico.
Aclaró que el temor a un fraude no es el único inhibidor por el cual muchos consumidores no utilizan el Internet para hacer sus compras, sino también porque hay quienes no tienen tarjeta para hacer sus pagos.
Sigue Prevé AMIPCI ventas… dos y última … pagos Por ello, Braverman anunció que se fomentará la compra por Internet con tarjeta, a través de promociones y descuentos, al tiempo que se promueve la cultura de la privacidad.
Enrique Bustamante, director general de la AMIPCI, precisó que hasta 60 por ciento de los correos electrónicos en México son “spam” (correos no deseados) y provienen de Brasil, Europa del Este y Asia. Los intrusos cibernéticos ya no atracan a instituciones como bancos, sino “al eslabón más sensible”, al usuario final, concluyó.
http://www.milenio.com/index.php/2007/09/05/116736/
PERU: Intervienen cabinas de internet donde niños visualizaban juegos de asfixia
Con el fin de proteger a los niños y adolescentes del peligroso "juego de asfixia", que ya ha costado la vida a tres infantes en el país, la municipalidad de Lince realizó un operativo sorpresa en diversas cabinas de internet del distrito para exigir a los propietarios que instalen un sistema de protección en sus computadoras.
Un contingente de la Policía Municipal intervino varios locales en el Centro Comercial Arenales y detectó que las computadoras de diversos establecimientos dedicados al alquiler de internet carecían de un bloqueador electrónico que impida a los menores de edad tener acceso a páginas web pornográficas y al “juego de asfixia”.
Esta acción de prevención, fue llevada a cabo por los policías municipales para evitar que algún niño de la jurisdicción pueda ser víctima de esos juegos mortales que se difunden por internet.
Durante el operativo, se verificó que al menos cinco establecimientos dedicados al alquiler de computadoras carecían del protector electrónico, mientras que otros negocios de este rubro no contaban con licencia de funcionamiento.
El alcalde de Lince, Martín Príncipe Laines, dijo que “la niñez nos convoca a diseñar y aplicar medidas de protección especial, judicial, educativa o asistencial, orientada a restituir sus derechos vulnerados de los que han sido excluidos”.
Adujo que el internet es una maravilla tecnológica del siglo XXI, pero su uso sin control se convierte en un arma de doble filo, pues la información y contenido mal manejado puede crear confusión en conceptos y alterar la conducta de los niños.
La jefa de la Policía Municipal, Roxana Araujo, informó que el concejo de Lince seguirá realizando operativos sorpresas en las cabinas de internet del distrito para que cumplan la ley. Añadió que las cabinas que violaron las disposiciones municipales serán sancionadas de acuerdo a lo establecido por las ordenanzas.
http://www.24horaslibre.com/nacionales/1188919634.php
Un contingente de la Policía Municipal intervino varios locales en el Centro Comercial Arenales y detectó que las computadoras de diversos establecimientos dedicados al alquiler de internet carecían de un bloqueador electrónico que impida a los menores de edad tener acceso a páginas web pornográficas y al “juego de asfixia”.
Esta acción de prevención, fue llevada a cabo por los policías municipales para evitar que algún niño de la jurisdicción pueda ser víctima de esos juegos mortales que se difunden por internet.
Durante el operativo, se verificó que al menos cinco establecimientos dedicados al alquiler de computadoras carecían del protector electrónico, mientras que otros negocios de este rubro no contaban con licencia de funcionamiento.
El alcalde de Lince, Martín Príncipe Laines, dijo que “la niñez nos convoca a diseñar y aplicar medidas de protección especial, judicial, educativa o asistencial, orientada a restituir sus derechos vulnerados de los que han sido excluidos”.
Adujo que el internet es una maravilla tecnológica del siglo XXI, pero su uso sin control se convierte en un arma de doble filo, pues la información y contenido mal manejado puede crear confusión en conceptos y alterar la conducta de los niños.
La jefa de la Policía Municipal, Roxana Araujo, informó que el concejo de Lince seguirá realizando operativos sorpresas en las cabinas de internet del distrito para que cumplan la ley. Añadió que las cabinas que violaron las disposiciones municipales serán sancionadas de acuerdo a lo establecido por las ordenanzas.
http://www.24horaslibre.com/nacionales/1188919634.php
martes, 4 de septiembre de 2007
ESPAÑA: Librerías extranjeras venden en Internet libros españoles mucho más baratos que en España
El mayor ahorro se logra en títulos de éxito con unos meses en el mercado La ley establece un precio fijo para su venta en las librerías nacionales
CÉSAR COCA/MADRID
Supongamos que usted desea leer el último gran 'best seller' que ha dado la industria editorial española, 'La catedral del mar', de Ildefonso Falcones. Si baja a la librería de la esquina, pagará por la edición 'normal' 19,90 euros. Lo mismo que en cualquier otro punto de venta en todo el país, porque la ley 10/2007 de 22 de junio establece un precio fijo para los libros. Ahora bien, si adquiere la obra a través de alguna librería virtual, puede conseguirla en edición idéntica por poco más de 14 euros, incluido el transporte hasta su casa, lo que muchas veces supone que el ejemplar cruza el Atlántico.
La legislación española establece la necesidad de determinar un precio para los libros, salvo en el caso de los de texto y algunas otras excepciones menores (restos de edición, por ejemplo). Dice expresamente que «toda persona que edita, importa o reimporta libros está obligada a establecer un precio fijo de venta al público (...) todo ello con independencia del lugar en que se realice la venta o del procedimiento u operador económico a través del cual se efectúa la transacción». Al margen de la curiosa pretensión del legislador de fijar normas para empresas extranjeras que operan en sus países, el punto relevante es que un particular que adquiere un volumen es un comprador y no un importador. Un comprador que adquiere un libro, por ejemplo, en un país donde no hay precio fijo, y por tanto aprovecha las ofertas.
Porque la clave está en que hay muchos países donde el precio del libro cambia de una librería a otra, a veces con diferencia de varios euros en establecimientos que están puerta con puerta. Son libreros que apuran sus márgenes para conseguir mayores ventas. Y lo hacen también con libros editados fuera de sus países. Ello es posible porque el precio al que el editor vende a esas librerías no es el mismo que el establecido para España. Diversas fuentes consultadas por este periódico han reconocido que los editores venden a las librerías españolas a un precio y a las extranjeras (o a los distribuidores) a otro, siempre inferior. Los contratos con los autores recogen a veces también que éstos cobrarán menos en concepto de derechos por los libros exportados. De todo ello se benefician los libreros extranjeros.
Un ejemplo con números: para un libro cuyo precio de venta al público sea (sin contar el IVA) de 20 euros, el librero tiene un margen de 6 y el distribuidor de 4 euros. Es decir, el circuito comercial del libro se queda con la mitad del precio de venta. Una conocida editora catalana explica que su firma suele vender a librerías y distribuidores extranjeros a un precio que está entre el 30% y el 35% del de venta, en vez del 50%. A eso se suma el porte hasta su destino, en general el mercado estadounidense. Resultado: el librero tiene un amplio margen para rebajar el precio final y todavía obtener un beneficio razonable.
Costes menores
En otras ocasiones, la editorial española tiene una filial en algún país, sobre todo latinoamericano, y es allí donde se imprimen los ejemplares destinados a aquel mercado. El volumen puede ser idéntico al producido en España, aunque a veces el papel es de una calidad inferior y la encuadernación nunca se hace en pasta dura. Sea como fuere, los costes de producción son mucho más bajos, lo que permite reducir de forma sustancial el precio de venta. Esos ejemplares también pueden llegar a un comprador español a través de las librerías virtuales con un precio menor incluso aunque se sume el coste del envío.
El comprador no consigue siempre un libro más barato comprándolo en la Red. El mayor beneficio se alcanza en títulos de amplia tirada, en general novelas, que llevan algunos meses en el mercado. La antigüedad es un factor esencial, porque la agresiva política de almacenamiento de las empresas estadounidenses hace que no les compense tener depositados ejemplares de un libro más allá de unos pocos meses. Pasado ese tiempo, los volúmenes aún no vendidos se rebajan, hasta llegar incluso a ofrecerse por debajo de su coste, para deshacerse cuanto antes de ellos.
El comprador debe encontrar la librería o el distribuidor que quieren eliminar 'stocks' para dar con la mejor oferta. Pero también hay una 'web' que le ayuda: en la página www.addall.com, aparecen los títulos clasificados según su precio y la librería que los tiene en venta (Amazon, Amazon Canadá, Abebooks, Books Close Outs, BooksAMillion, Barnes and Noble, Powell's, Indigo y muchas más).
Una búsqueda mediante este sistema permite comprobar el 'beneficio' que un comprador obtendría de esta forma. Algunos títulos de gran venta consultados por este periódico, además del citado de Ildefonso Falcones: 'Travesuras de la niña mala', de Mario Vargas Llosa: 19,5 euros en librería en España, 17,2 en librería virtual; 'Las pequeñas memorias', de José Saramago: 18 euros en España, 15,2 en Internet; 'El enigma del cuatro', de Ian Caldwell y Dustin Thomason, 21 euros frente a 14,4; 'El pedestal de las estatuas', de Antonio Gala, 22 euros frente a 21,3; y 'El hijo del acordeonista', de Bernardo Atxaga, 22,6 euros ante 18,6.
En los clásicos, donde las ediciones son generalmente de bolsillo, no suele haber beneficio para el comprador, porque el precio de venta en España es bajo y el coste del transporte es determinante. Con todo, 'Guerra y paz' de León Tólstoi en la misma edición cuesta 9,95 en España y se puede adquirir hasta por 8,88 en Internet, siempre incluido el porte hasta el domicilio. En otros casos, es más caro comprarlo fuera. 'Las olas' de Virginia Woolf, que en edición comentada cuesta 12,5 euros en una librería española, no se podría adquirir por menos de 17,3 en un establecimiento virtual, y 'La Regenta', prologada por Ricardo Gullón, sale 5,5 euros más caro en Internet que en la librería de toda la vida.
Mercado desequilibrado
Especialistas en el sector reconocen que las librerías en Internet pueden desequilibrar el mercado en algún momento, sobre todo en el segmento de los 'best seller'. Pero eso sucederá, matizan, cuando el comercio electrónico esté más extendido. Según el último informe del sector, uno de cada cuatro españoles compró algo el año pasado en la Red, y de ellos uno de cada siete adquirió algún libro.
Cifras aún muy bajas para ser una amenaza seria al sector tradicional, que vive su propia metamorfosis por la dificultad de rentabilizar sus inversiones. Porque si los editores españoles obtienen una rentabilidad media del 4,5% de su facturación, según un reciente estudio, los libreros encuentran grandes dificultades para llegar a esa cifra. Fuentes del sector estiman que poner hoy una buena librería, con una superficie amplia y un fondo apreciable, en el centro de una capital de tamaño medio o grande, requiere de una inversión no inferior a 9 millones de euros. Algo que hoy por hoy sólo está al alcance de los grandes grupos. Por eso, muchas librerías optan por instalarse en un lugar no tan céntrico y reforzar su servicio de venta por Internet. Porque al final, dicen todos los expertos, el librero es un personaje imprescindible para los verdaderos lectores, por su capacidad para guiarlos en el maremagnum de las decenas de miles de títulos que se publican cada año. Algo que un frío catálogo en Internet no puede hacer. Aunque sucede que los libros en los que se consigue mejor precio en la Red son precisamente aquellos que no necesitan ser recomendados.
http://www.ideal.es/jaen/prensa/20070902/vivir/librerias-extranjeras-venden-internet_20070902.html
CÉSAR COCA/MADRID
Supongamos que usted desea leer el último gran 'best seller' que ha dado la industria editorial española, 'La catedral del mar', de Ildefonso Falcones. Si baja a la librería de la esquina, pagará por la edición 'normal' 19,90 euros. Lo mismo que en cualquier otro punto de venta en todo el país, porque la ley 10/2007 de 22 de junio establece un precio fijo para los libros. Ahora bien, si adquiere la obra a través de alguna librería virtual, puede conseguirla en edición idéntica por poco más de 14 euros, incluido el transporte hasta su casa, lo que muchas veces supone que el ejemplar cruza el Atlántico.
La legislación española establece la necesidad de determinar un precio para los libros, salvo en el caso de los de texto y algunas otras excepciones menores (restos de edición, por ejemplo). Dice expresamente que «toda persona que edita, importa o reimporta libros está obligada a establecer un precio fijo de venta al público (...) todo ello con independencia del lugar en que se realice la venta o del procedimiento u operador económico a través del cual se efectúa la transacción». Al margen de la curiosa pretensión del legislador de fijar normas para empresas extranjeras que operan en sus países, el punto relevante es que un particular que adquiere un volumen es un comprador y no un importador. Un comprador que adquiere un libro, por ejemplo, en un país donde no hay precio fijo, y por tanto aprovecha las ofertas.
Porque la clave está en que hay muchos países donde el precio del libro cambia de una librería a otra, a veces con diferencia de varios euros en establecimientos que están puerta con puerta. Son libreros que apuran sus márgenes para conseguir mayores ventas. Y lo hacen también con libros editados fuera de sus países. Ello es posible porque el precio al que el editor vende a esas librerías no es el mismo que el establecido para España. Diversas fuentes consultadas por este periódico han reconocido que los editores venden a las librerías españolas a un precio y a las extranjeras (o a los distribuidores) a otro, siempre inferior. Los contratos con los autores recogen a veces también que éstos cobrarán menos en concepto de derechos por los libros exportados. De todo ello se benefician los libreros extranjeros.
Un ejemplo con números: para un libro cuyo precio de venta al público sea (sin contar el IVA) de 20 euros, el librero tiene un margen de 6 y el distribuidor de 4 euros. Es decir, el circuito comercial del libro se queda con la mitad del precio de venta. Una conocida editora catalana explica que su firma suele vender a librerías y distribuidores extranjeros a un precio que está entre el 30% y el 35% del de venta, en vez del 50%. A eso se suma el porte hasta su destino, en general el mercado estadounidense. Resultado: el librero tiene un amplio margen para rebajar el precio final y todavía obtener un beneficio razonable.
Costes menores
En otras ocasiones, la editorial española tiene una filial en algún país, sobre todo latinoamericano, y es allí donde se imprimen los ejemplares destinados a aquel mercado. El volumen puede ser idéntico al producido en España, aunque a veces el papel es de una calidad inferior y la encuadernación nunca se hace en pasta dura. Sea como fuere, los costes de producción son mucho más bajos, lo que permite reducir de forma sustancial el precio de venta. Esos ejemplares también pueden llegar a un comprador español a través de las librerías virtuales con un precio menor incluso aunque se sume el coste del envío.
El comprador no consigue siempre un libro más barato comprándolo en la Red. El mayor beneficio se alcanza en títulos de amplia tirada, en general novelas, que llevan algunos meses en el mercado. La antigüedad es un factor esencial, porque la agresiva política de almacenamiento de las empresas estadounidenses hace que no les compense tener depositados ejemplares de un libro más allá de unos pocos meses. Pasado ese tiempo, los volúmenes aún no vendidos se rebajan, hasta llegar incluso a ofrecerse por debajo de su coste, para deshacerse cuanto antes de ellos.
El comprador debe encontrar la librería o el distribuidor que quieren eliminar 'stocks' para dar con la mejor oferta. Pero también hay una 'web' que le ayuda: en la página www.addall.com, aparecen los títulos clasificados según su precio y la librería que los tiene en venta (Amazon, Amazon Canadá, Abebooks, Books Close Outs, BooksAMillion, Barnes and Noble, Powell's, Indigo y muchas más).
Una búsqueda mediante este sistema permite comprobar el 'beneficio' que un comprador obtendría de esta forma. Algunos títulos de gran venta consultados por este periódico, además del citado de Ildefonso Falcones: 'Travesuras de la niña mala', de Mario Vargas Llosa: 19,5 euros en librería en España, 17,2 en librería virtual; 'Las pequeñas memorias', de José Saramago: 18 euros en España, 15,2 en Internet; 'El enigma del cuatro', de Ian Caldwell y Dustin Thomason, 21 euros frente a 14,4; 'El pedestal de las estatuas', de Antonio Gala, 22 euros frente a 21,3; y 'El hijo del acordeonista', de Bernardo Atxaga, 22,6 euros ante 18,6.
En los clásicos, donde las ediciones son generalmente de bolsillo, no suele haber beneficio para el comprador, porque el precio de venta en España es bajo y el coste del transporte es determinante. Con todo, 'Guerra y paz' de León Tólstoi en la misma edición cuesta 9,95 en España y se puede adquirir hasta por 8,88 en Internet, siempre incluido el porte hasta el domicilio. En otros casos, es más caro comprarlo fuera. 'Las olas' de Virginia Woolf, que en edición comentada cuesta 12,5 euros en una librería española, no se podría adquirir por menos de 17,3 en un establecimiento virtual, y 'La Regenta', prologada por Ricardo Gullón, sale 5,5 euros más caro en Internet que en la librería de toda la vida.
Mercado desequilibrado
Especialistas en el sector reconocen que las librerías en Internet pueden desequilibrar el mercado en algún momento, sobre todo en el segmento de los 'best seller'. Pero eso sucederá, matizan, cuando el comercio electrónico esté más extendido. Según el último informe del sector, uno de cada cuatro españoles compró algo el año pasado en la Red, y de ellos uno de cada siete adquirió algún libro.
Cifras aún muy bajas para ser una amenaza seria al sector tradicional, que vive su propia metamorfosis por la dificultad de rentabilizar sus inversiones. Porque si los editores españoles obtienen una rentabilidad media del 4,5% de su facturación, según un reciente estudio, los libreros encuentran grandes dificultades para llegar a esa cifra. Fuentes del sector estiman que poner hoy una buena librería, con una superficie amplia y un fondo apreciable, en el centro de una capital de tamaño medio o grande, requiere de una inversión no inferior a 9 millones de euros. Algo que hoy por hoy sólo está al alcance de los grandes grupos. Por eso, muchas librerías optan por instalarse en un lugar no tan céntrico y reforzar su servicio de venta por Internet. Porque al final, dicen todos los expertos, el librero es un personaje imprescindible para los verdaderos lectores, por su capacidad para guiarlos en el maremagnum de las decenas de miles de títulos que se publican cada año. Algo que un frío catálogo en Internet no puede hacer. Aunque sucede que los libros en los que se consigue mejor precio en la Red son precisamente aquellos que no necesitan ser recomendados.
http://www.ideal.es/jaen/prensa/20070902/vivir/librerias-extranjeras-venden-internet_20070902.html
domingo, 2 de septiembre de 2007
VENEZUELA: Prevén incremento en controles a la convertibilidad de divisas
EDUARDO CAMEL ANDERSON
EL UNIVERSAL
El presidente de la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi), Manuel Barroso, dijo este jueves que espera que la revisión que hace la Asamblea Nacional de la Ley de Ilícitos Cambiarios derive en una normativa más férrea en los controles sobre el uso que den los ciudadanos a los dólares a los cuales acceden, así como al tipo de información que circula en los medios de comunicación.
Barroso rechazó el hecho de que los medios de comunicación hablen del mercado paralelo del dólar "como un mercado que existe y que tiene razón de ser.
"El mercado paralelo es una distorsión que no se justifica y que en algunos casos incluso es tomado como marcador de precios, lo cual no debería admitirse", afirmó.
Dijo que hay sanciones ya establecidas para los medios de comunicación que publiquen el precio referencial del dólar en el mercado negro, y que "el impacto de esas informaciones no debería ser el que es".
Rechazó igualmente el hecho de que ciudadanos que han obtenido la aprobación de Cadivi para consumos en el exterior "estén haciendo esos gastos sin haber viajado", lo cual, dijo, constituye a todas luces una ilegalidad, que espera sea rebatida con el concurso de la banca venezolana, en el marco de la ley que salga reformada de la Asamblea Nacional.
También detectó Cadivi irregularidades en tarjetas aprobadas para compras a través de Internet que se utilizan para fines distintos "como la generación de efectivo, junto con empresas que se prestan para ello".
"En todos los casos tenemos la seguridad de que se incrementarán los controles. Ningún ciudadano que utilice sus asignaciones correctamente tiene algo que temer".
"No existe un cupo asignado que alguien puede pensar que es de su exclusiva propiedad, para que alguien pueda venderlo o traspasarlo".
Descartó asimismo que se maneje una eventual ampliación de la asignación de divisas para esos dos conceptos.
Los montos que corresponden al consumo en el exterior son determinados por el Banco Central de Venezuela y el Ministerio del Poder Popular para las Finanzas.
"A Cadivi, como ente ejecutador, le corresponde únicamente llevar a cabo la decisión que en ese ámbito se establezca. Al menos desde esa perspectiva no se maneja ninguna propuesta de incremento".
PerspectivaLa Comisión actualmente revisa toda la normativa vigente bajo su potestad, que regula al control cambiario del país, para adecuarla a los requerimientos de los sectores y del mercado impulsado por una alta demanda de bienes y servicios.
Agregó también Barroso que se están realizando en la institución cambios en la plataforma tecnológica de la institución, y que no se descarta que en las modificaciones a las normativas vigentes se firmen nuevas providencias conjuntas con otros entes, como fue el caso de este jueves, cuando se rubricó una junto al Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) que actualiza los casos en los que las empresas del sector pueden solicitar divisas ante Cadivi.
http://www.eluniversal.com/2007/08/31/eco_art_preven-incremento-en_444714.shtmlVENEZUELA: CNE inició consultas de ley para control de registros
BARCELONA / PUERTO LA CRUZ.- Un sistema nacional centralizado plantea el Consejo Nacional Electoral (CNE) en su proyecto de Ley Orgánica de Registro Civil. Ayer, en varios estados del país fue presentada la propuesta a los alcaldes para la respectiva retroalimentación del tema.
En Anzoátegui, la oficina regional del CNE, a cargo de Edgar Mata, cumplió ayer con la tarea y dictó un taller informativo en la sede del Colegio de los Contadores, en Barcelona.
Mata comentó que la comisión nacional para el Registro Civil estima consignar a más tardar en noviembre ese proyecto normativo a la Asamblea Nacional (AN).
Entre las novedades del plan normativo -continuó Mata- destaca el uso de nuevas tecnologías para administrar los datos, la unificación de criterios en el levantamiento de la información ciudadana y hasta la incorporación de la lengua indígena en el nuevo sistema.
Además los ciudadanos tendrán un número de identificación del registro desde el nacimiento para tener más control de la data.
Contempla el acceso vía internet y también las firmas electrónicas.
En respuesta
Otto Padrón, ex gobernador del estado Anzoátegui y coredactor de la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política, opina que será “peligroso” que el CNE se haga cargo del registro civil.
“El comportamiento que ha tenido este organismo electoral ha sido bastante parcializado, por lo que se puede presumir que este manejo se traduciría en dividendos”.
Según Padrón, el Registro Electoral (RE) está “abultado” y existe el riesgo de que el CNE genere partidas de nacimiento, fe de vida, constancias de residencias y otros documentos a su conveniencia.
“Ahora que las cédulas se sacan hasta en una plaza, sin ningún control, vemos gente que tiene hasta dos documentos de identidad, o extranjeros que lo poseen sin cumplir los requisitos. Además, para que alguien sea alcalde, la ley establece que debe tener mínimo tres años residenciado en el municipio. Si el consejo electoral lo desea, a través del registro civil pudiera darle este requisito a alguien que no pertenezca a la jurisdicción”.
El Tiempo buscó contactar - sin éxito- a los dos prefectos de Sotillo, Fernando Martínez y Juan Aquias; y al de Urbaneja, Víctor Figueredo.
190 artículos
El proyecto de la Ley Orgánica de Registro Civil que prepara actualmente el Consejo Nacional Electoral (CNE) tiene 190 artículos en total, más varias disposiciones transitorias. El CNE se ampara en el artículo 293, numeral 7 de la Constitución Nacional para solicitarle a la Asamblea Nacional (AN) el control de los registros.
http://www.eltiempo.com.ve/noticias/default.asp?id=122714
En Anzoátegui, la oficina regional del CNE, a cargo de Edgar Mata, cumplió ayer con la tarea y dictó un taller informativo en la sede del Colegio de los Contadores, en Barcelona.
Mata comentó que la comisión nacional para el Registro Civil estima consignar a más tardar en noviembre ese proyecto normativo a la Asamblea Nacional (AN).
Entre las novedades del plan normativo -continuó Mata- destaca el uso de nuevas tecnologías para administrar los datos, la unificación de criterios en el levantamiento de la información ciudadana y hasta la incorporación de la lengua indígena en el nuevo sistema.
Además los ciudadanos tendrán un número de identificación del registro desde el nacimiento para tener más control de la data.
Contempla el acceso vía internet y también las firmas electrónicas.
En respuesta
Otto Padrón, ex gobernador del estado Anzoátegui y coredactor de la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política, opina que será “peligroso” que el CNE se haga cargo del registro civil.
“El comportamiento que ha tenido este organismo electoral ha sido bastante parcializado, por lo que se puede presumir que este manejo se traduciría en dividendos”.
Según Padrón, el Registro Electoral (RE) está “abultado” y existe el riesgo de que el CNE genere partidas de nacimiento, fe de vida, constancias de residencias y otros documentos a su conveniencia.
“Ahora que las cédulas se sacan hasta en una plaza, sin ningún control, vemos gente que tiene hasta dos documentos de identidad, o extranjeros que lo poseen sin cumplir los requisitos. Además, para que alguien sea alcalde, la ley establece que debe tener mínimo tres años residenciado en el municipio. Si el consejo electoral lo desea, a través del registro civil pudiera darle este requisito a alguien que no pertenezca a la jurisdicción”.
El Tiempo buscó contactar - sin éxito- a los dos prefectos de Sotillo, Fernando Martínez y Juan Aquias; y al de Urbaneja, Víctor Figueredo.
190 artículos
El proyecto de la Ley Orgánica de Registro Civil que prepara actualmente el Consejo Nacional Electoral (CNE) tiene 190 artículos en total, más varias disposiciones transitorias. El CNE se ampara en el artículo 293, numeral 7 de la Constitución Nacional para solicitarle a la Asamblea Nacional (AN) el control de los registros.
http://www.eltiempo.com.ve/noticias/default.asp?id=122714
martes, 28 de agosto de 2007
MEXICO: Subirá SSPDF a Internet nombres de personas capturadas
Ciudad de México
Lunes 27 de agosto de 2007
Desde hoy, la Secretaría de Seguridad Pública local (SSPDF) subirá a la página de Internet los nombres de los mil 478 personas capturadas entre enero y junio, y puestos en libertad en el presente año que cuentan con antecedentes penales.
Joel Ortega Cuevas, titular de la SSPDF, explicó que a la par del nombre de los delincuentes, se anexará el tipo de delitos que hayan cometido, ya que el problema principal de la delincuencia es la reincidencia, que pasó de 30 por ciento el año pasado a 37 en lo que va de este año.
El problema no es sólo que entren y salgan de las cárceles, dijo, sino que cuando lo hacen se vuelven más violentos en su actuación y cometen delitos que afectan más la integridad de las personas, no sólo en materia de robo, sino de narcomenudeo y demás ilícitos.
Este trabajo, señaló, servirá además para que todos aquellos que tienen capacidad de decisión en la materia hagan algo, y recordó que desde el 26 de octubre del año pasado entregó a los legisladores locales una iniciativa de ley para retirar privilegios a las personas detenidas por cometer más de un mismo delito, sin importar que no sean iguales.
"Lo que queremos es que la gente se sensibilice, que quien tiene algo qué hacer, que lo haga y si el legislador tiene paradas las reformas a la ley, que haga algo para evitar que el porcentaje de reincidencia siga creciendo, como ha sucedido en este año".
http://www.eluniversal.com.mx/notas/445464.html
Lunes 27 de agosto de 2007
Desde hoy, la Secretaría de Seguridad Pública local (SSPDF) subirá a la página de Internet los nombres de los mil 478 personas capturadas entre enero y junio, y puestos en libertad en el presente año que cuentan con antecedentes penales.
Joel Ortega Cuevas, titular de la SSPDF, explicó que a la par del nombre de los delincuentes, se anexará el tipo de delitos que hayan cometido, ya que el problema principal de la delincuencia es la reincidencia, que pasó de 30 por ciento el año pasado a 37 en lo que va de este año.
El problema no es sólo que entren y salgan de las cárceles, dijo, sino que cuando lo hacen se vuelven más violentos en su actuación y cometen delitos que afectan más la integridad de las personas, no sólo en materia de robo, sino de narcomenudeo y demás ilícitos.
Este trabajo, señaló, servirá además para que todos aquellos que tienen capacidad de decisión en la materia hagan algo, y recordó que desde el 26 de octubre del año pasado entregó a los legisladores locales una iniciativa de ley para retirar privilegios a las personas detenidas por cometer más de un mismo delito, sin importar que no sean iguales.
"Lo que queremos es que la gente se sensibilice, que quien tiene algo qué hacer, que lo haga y si el legislador tiene paradas las reformas a la ley, que haga algo para evitar que el porcentaje de reincidencia siga creciendo, como ha sucedido en este año".
http://www.eluniversal.com.mx/notas/445464.html
ARGENTINA: Impulsan nueva ley de marcas que castiga a consumidores
La iniciativa contempla un agravamiento de penas de hasta seis años de prisión y un aumento en las multas para quienes compren mercaderías falsificadas
La senadora radical, Mirian Belen Curletti, presentó un proyecto de ley que tiene por finalidad modificar la ley de marcas en materia penal. La iniciativa contempla un agravamiento en las penas por la comisión de delitos marcarios, un significativo aumento en las multas y la prologanción de los plazos de prescripción de la acción penal.
El proyecto pretende modificar el artículo 31 de la ley 22362 y establece una pena de 3 meses a 6 años de prisión para aquellas personas que incurran en la falsificación de marcas, en contraposición con los 2 meses a 2 años de prisión que establece la actual ley marcaria.
Las sanciones alcanzan también al “que compre o adquiera productos o servicios con marca registrada falsificada o fraudulentamente imitada, a sabiendas de su origen ilícito” Esta medida es importante porque, de prosperar la iniciativa presentada, sería la primera vez que se castigaría a los consumidores que compren mercaderías falsificadas o pirateadas.
De este modo, se pretende instalar en la cultura de los consumidores que la compra de mercadería falsificada constituye un delito; por eso se busca castigar a aquellos consumidores que, sabiendo que adquieren una mercadería en infracción a la ley marcaria, igualmente deciden comprar ese tipo de productos.
La infracción podrá verificarse cuando inspectores de la AFIP se hagan presentes en ferias que vendan este tipo de productos y constaten que no sólo el vendedor está vendiendo la mercadería falsificada, sino también que el consumidor la está adquiriendo; de esta forma los inspectores dejarán constancia en las actas de ambas circunstancias.
También prevé, como aspecto novedoso, castigar a quién utilice una marca registrada para conformar un dominio o dirección de internet y “que conocía o debía conocer que ella pertenecía a un tercero”. En este caso, también se estaría castigando a particulares que, sabiendo que existe una marca ya registrada a favor de un tercero, igualmente conforman un dominio o dirección de internet con esa marca.
El proyecto tiene previsto prolongar el plazo de prescripción de la acción penal a 6 años, en contraposición a los 2 años que actualmente establece la ley vigente. Esto se produce porque en materia penal el plazo de prescripción de la acción está fijado por el máximo de la pena y el proyecto contempla una pena máxima de 6 años.
Otros puntos importantes
La iniciativa, en su artículo 2, castiga a “todas aquellas personas que permitan o faciliten la comisión de este delito autorizando o facilitando de cualquier forma un predio para la comercialización de productos en infracción cuando este sea a escala comercial, es decir, cuando permita la instalación de muchos locales comerciales, stands, o puestos en el mismo predio.”
De esta manera, y en caso de que la iniciativa tenga luz verde en la Cámara de Senadores, también podrían ser castigados aquellas personas que organicen o promocionen la instalación de ferias o mercados en lo que se venda mercadería “pirateada”.
El proyecto comprende la extensión de la responsabilidad penal para los directores administradores, administradores y representantes que participen en el ilícito (falsificación marcaria) en el caso que se encuentren implicadas sociedades regulares o irregulares.
También es importante el rol que se le otorga a la AFIP en todos los procesos iniciado o en trámite por infracción a la ley 22362; ya que convierte en obligatoria la intervención de esa dependencia y que ésta se constituya en el proceso como auxiliar del Ministerio Público.
Por último se establece modificar el artículo 25 de la ley marcaria estableciendo que “la acción de nulidad prescribe a los diez (10) años, salvo en los supuestos de mala fe en que no rige esta limitación”. La acción de nulidad es la que tiene el legítimo titular de la marca para demandar la nulidad de una marca mal registrada por un tercero.
http://www.infobaeprofesional.com/notas/52248-Impulsan-nueva-ley-de-marcas-que-castiga-a-consumidores.html&cookie
La senadora radical, Mirian Belen Curletti, presentó un proyecto de ley que tiene por finalidad modificar la ley de marcas en materia penal. La iniciativa contempla un agravamiento en las penas por la comisión de delitos marcarios, un significativo aumento en las multas y la prologanción de los plazos de prescripción de la acción penal.
El proyecto pretende modificar el artículo 31 de la ley 22362 y establece una pena de 3 meses a 6 años de prisión para aquellas personas que incurran en la falsificación de marcas, en contraposición con los 2 meses a 2 años de prisión que establece la actual ley marcaria.
Las sanciones alcanzan también al “que compre o adquiera productos o servicios con marca registrada falsificada o fraudulentamente imitada, a sabiendas de su origen ilícito” Esta medida es importante porque, de prosperar la iniciativa presentada, sería la primera vez que se castigaría a los consumidores que compren mercaderías falsificadas o pirateadas.
De este modo, se pretende instalar en la cultura de los consumidores que la compra de mercadería falsificada constituye un delito; por eso se busca castigar a aquellos consumidores que, sabiendo que adquieren una mercadería en infracción a la ley marcaria, igualmente deciden comprar ese tipo de productos.
La infracción podrá verificarse cuando inspectores de la AFIP se hagan presentes en ferias que vendan este tipo de productos y constaten que no sólo el vendedor está vendiendo la mercadería falsificada, sino también que el consumidor la está adquiriendo; de esta forma los inspectores dejarán constancia en las actas de ambas circunstancias.
También prevé, como aspecto novedoso, castigar a quién utilice una marca registrada para conformar un dominio o dirección de internet y “que conocía o debía conocer que ella pertenecía a un tercero”. En este caso, también se estaría castigando a particulares que, sabiendo que existe una marca ya registrada a favor de un tercero, igualmente conforman un dominio o dirección de internet con esa marca.
El proyecto tiene previsto prolongar el plazo de prescripción de la acción penal a 6 años, en contraposición a los 2 años que actualmente establece la ley vigente. Esto se produce porque en materia penal el plazo de prescripción de la acción está fijado por el máximo de la pena y el proyecto contempla una pena máxima de 6 años.
Otros puntos importantes
La iniciativa, en su artículo 2, castiga a “todas aquellas personas que permitan o faciliten la comisión de este delito autorizando o facilitando de cualquier forma un predio para la comercialización de productos en infracción cuando este sea a escala comercial, es decir, cuando permita la instalación de muchos locales comerciales, stands, o puestos en el mismo predio.”
De esta manera, y en caso de que la iniciativa tenga luz verde en la Cámara de Senadores, también podrían ser castigados aquellas personas que organicen o promocionen la instalación de ferias o mercados en lo que se venda mercadería “pirateada”.
El proyecto comprende la extensión de la responsabilidad penal para los directores administradores, administradores y representantes que participen en el ilícito (falsificación marcaria) en el caso que se encuentren implicadas sociedades regulares o irregulares.
También es importante el rol que se le otorga a la AFIP en todos los procesos iniciado o en trámite por infracción a la ley 22362; ya que convierte en obligatoria la intervención de esa dependencia y que ésta se constituya en el proceso como auxiliar del Ministerio Público.
Por último se establece modificar el artículo 25 de la ley marcaria estableciendo que “la acción de nulidad prescribe a los diez (10) años, salvo en los supuestos de mala fe en que no rige esta limitación”. La acción de nulidad es la que tiene el legítimo titular de la marca para demandar la nulidad de una marca mal registrada por un tercero.
http://www.infobaeprofesional.com/notas/52248-Impulsan-nueva-ley-de-marcas-que-castiga-a-consumidores.html&cookie
domingo, 26 de agosto de 2007
ARGENTINA:Telefónica violaría la Ley si entra a Telecom
Así lo advirtió Henoch Aguiar, especialista en comunicaciones y ex funcionario nacional. El pliego de licitación especifica que "ningún operador puede integrar a otro" explicó el especialista
El posible ingreso del grupo español Telefónica en la empresa Telecom Argentina, a través de la adquisición de la fracción de capital que la compañía Pirelli poseía en Telecom Italia, iría en contra de la ley argentina, según advirtió el ex secretario de Comunicaciones de la Nación, Henoch Aguiar.
El abogado especializado en comunicaciones recordó que los pliegos de la privatización de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel), definidos en la década del 90 por el gobierno de Carlos Menem, establecen que ninguna de las dos incumbentes que se dividieron el mercado en 1990 puede tomar participación en el capital accionario de la otra.
Aguiar explicó a Infobaeprofesional.com que "un punto específico del pliego de licitación señala que un operador en ningún momento puede integrar al otro, y que el mismo no puede formar parte más que de un consorcio". Y remarcó que la entrada de Telefónica en Telecom "violará la ley argentina".
Argumentó que la posible infracción a la ley de privatización, en el caso que Telefónica ingrese en Telecom Argentina, es clara, porque al inicio del proceso de venta de Entel, se especificó que una operadora y la otra debían hacerse cargo de las zonas Norte y Sur del país, pero siempre bajo la forma de adjudicatarios independientes entre sí.
"El texto lo dice bien conciso: es causal de caducidad de la licencia el cambio en la tenencia del operador controlante, o la cesión total o parcial del contrato de gerenciamiento. O sea, Telefónica es el operador principal; no puede serlo a la vez de Telecom. No puede estar en los dos lados a la vez", aseguró.
Telefónica -que selló su ingreso en Telecom Italia en abril pasado- cuenta en la Argentina con más de 13 millones de clientes en todo el país, y más de 4,7 millones de líneas fijas.
En el ámbito de la telefonía móvil, la empresa dispone de 9,7 millones de líneas a través de su marca Movistar, y 660.000 clientes de conexión de banda ancha a Internet.
"Con el control de Telecom, Telefónica pasará a ser una empresa que domine el 75 por ciento del mercado local de celulares. Se trata de una fusión por más de 6.000 millones de dólares, y que toca al conjunto de las telecomunicaciones del país; la infraestructura más cara", comentó Aguiar.
Participación
"Ellos expresaron que no se habían hecho con un control total de la telefónica, pero en la práctica compraron la parte de Pirelli, y esa compañía tomaba las principales decisiones en Telecom", señaló Aguiar.
"Pirelli marcaba el rumbo (en Telecom): designaba políticas, nombraba directores, modificaba las pautas de inversión... Quién compra ese poder es, precisamente, dueño de todas las decisiones de relevancia", amplió.
Aguiar puso como ejemplo a seguir la actitud de la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) de Brasil, un organismo que al conocer el ingreso de Telefónica en Telecom Italia, envío una nota a la operadora exigiendo explicaciones sobre cómo repercute en el mercado brasileño la unión entre estas empresas.
Activo
El ex funcionario negó que si se hace valer lo expresado en los pliegos de privatización de Entel, Telefónica corra peligro de verse desposeída de sus activos en la Argentina.
"No estamos hablando de medidas extremas como expropiaciones ni mucho menos", aclaró Aguiar. Y explicó que, de respetarse la ley, Telefónica debe vender toda su participación en Telecom Argentina.
"Ser titular único de las redes de todo el país significa quedarse con el activo más importante para crear la Sociedad de la Información en la Argentina”, concluyó.
Infobaeprofesional.com
El posible ingreso del grupo español Telefónica en la empresa Telecom Argentina, a través de la adquisición de la fracción de capital que la compañía Pirelli poseía en Telecom Italia, iría en contra de la ley argentina, según advirtió el ex secretario de Comunicaciones de la Nación, Henoch Aguiar.
El abogado especializado en comunicaciones recordó que los pliegos de la privatización de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel), definidos en la década del 90 por el gobierno de Carlos Menem, establecen que ninguna de las dos incumbentes que se dividieron el mercado en 1990 puede tomar participación en el capital accionario de la otra.
Aguiar explicó a Infobaeprofesional.com que "un punto específico del pliego de licitación señala que un operador en ningún momento puede integrar al otro, y que el mismo no puede formar parte más que de un consorcio". Y remarcó que la entrada de Telefónica en Telecom "violará la ley argentina".
Argumentó que la posible infracción a la ley de privatización, en el caso que Telefónica ingrese en Telecom Argentina, es clara, porque al inicio del proceso de venta de Entel, se especificó que una operadora y la otra debían hacerse cargo de las zonas Norte y Sur del país, pero siempre bajo la forma de adjudicatarios independientes entre sí.
"El texto lo dice bien conciso: es causal de caducidad de la licencia el cambio en la tenencia del operador controlante, o la cesión total o parcial del contrato de gerenciamiento. O sea, Telefónica es el operador principal; no puede serlo a la vez de Telecom. No puede estar en los dos lados a la vez", aseguró.
Telefónica -que selló su ingreso en Telecom Italia en abril pasado- cuenta en la Argentina con más de 13 millones de clientes en todo el país, y más de 4,7 millones de líneas fijas.
En el ámbito de la telefonía móvil, la empresa dispone de 9,7 millones de líneas a través de su marca Movistar, y 660.000 clientes de conexión de banda ancha a Internet.
"Con el control de Telecom, Telefónica pasará a ser una empresa que domine el 75 por ciento del mercado local de celulares. Se trata de una fusión por más de 6.000 millones de dólares, y que toca al conjunto de las telecomunicaciones del país; la infraestructura más cara", comentó Aguiar.
Participación
"Ellos expresaron que no se habían hecho con un control total de la telefónica, pero en la práctica compraron la parte de Pirelli, y esa compañía tomaba las principales decisiones en Telecom", señaló Aguiar.
"Pirelli marcaba el rumbo (en Telecom): designaba políticas, nombraba directores, modificaba las pautas de inversión... Quién compra ese poder es, precisamente, dueño de todas las decisiones de relevancia", amplió.
Aguiar puso como ejemplo a seguir la actitud de la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) de Brasil, un organismo que al conocer el ingreso de Telefónica en Telecom Italia, envío una nota a la operadora exigiendo explicaciones sobre cómo repercute en el mercado brasileño la unión entre estas empresas.
Activo
El ex funcionario negó que si se hace valer lo expresado en los pliegos de privatización de Entel, Telefónica corra peligro de verse desposeída de sus activos en la Argentina.
"No estamos hablando de medidas extremas como expropiaciones ni mucho menos", aclaró Aguiar. Y explicó que, de respetarse la ley, Telefónica debe vender toda su participación en Telecom Argentina.
"Ser titular único de las redes de todo el país significa quedarse con el activo más importante para crear la Sociedad de la Información en la Argentina”, concluyó.
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