Ciudad de México
Lunes 27 de agosto de 2007
Desde hoy, la Secretaría de Seguridad Pública local (SSPDF) subirá a la página de Internet los nombres de los mil 478 personas capturadas entre enero y junio, y puestos en libertad en el presente año que cuentan con antecedentes penales.
Joel Ortega Cuevas, titular de la SSPDF, explicó que a la par del nombre de los delincuentes, se anexará el tipo de delitos que hayan cometido, ya que el problema principal de la delincuencia es la reincidencia, que pasó de 30 por ciento el año pasado a 37 en lo que va de este año.
El problema no es sólo que entren y salgan de las cárceles, dijo, sino que cuando lo hacen se vuelven más violentos en su actuación y cometen delitos que afectan más la integridad de las personas, no sólo en materia de robo, sino de narcomenudeo y demás ilícitos.
Este trabajo, señaló, servirá además para que todos aquellos que tienen capacidad de decisión en la materia hagan algo, y recordó que desde el 26 de octubre del año pasado entregó a los legisladores locales una iniciativa de ley para retirar privilegios a las personas detenidas por cometer más de un mismo delito, sin importar que no sean iguales.
"Lo que queremos es que la gente se sensibilice, que quien tiene algo qué hacer, que lo haga y si el legislador tiene paradas las reformas a la ley, que haga algo para evitar que el porcentaje de reincidencia siga creciendo, como ha sucedido en este año".
http://www.eluniversal.com.mx/notas/445464.html
martes, 28 de agosto de 2007
ARGENTINA: Impulsan nueva ley de marcas que castiga a consumidores
La iniciativa contempla un agravamiento de penas de hasta seis años de prisión y un aumento en las multas para quienes compren mercaderías falsificadas
La senadora radical, Mirian Belen Curletti, presentó un proyecto de ley que tiene por finalidad modificar la ley de marcas en materia penal. La iniciativa contempla un agravamiento en las penas por la comisión de delitos marcarios, un significativo aumento en las multas y la prologanción de los plazos de prescripción de la acción penal.
El proyecto pretende modificar el artículo 31 de la ley 22362 y establece una pena de 3 meses a 6 años de prisión para aquellas personas que incurran en la falsificación de marcas, en contraposición con los 2 meses a 2 años de prisión que establece la actual ley marcaria.
Las sanciones alcanzan también al “que compre o adquiera productos o servicios con marca registrada falsificada o fraudulentamente imitada, a sabiendas de su origen ilícito” Esta medida es importante porque, de prosperar la iniciativa presentada, sería la primera vez que se castigaría a los consumidores que compren mercaderías falsificadas o pirateadas.
De este modo, se pretende instalar en la cultura de los consumidores que la compra de mercadería falsificada constituye un delito; por eso se busca castigar a aquellos consumidores que, sabiendo que adquieren una mercadería en infracción a la ley marcaria, igualmente deciden comprar ese tipo de productos.
La infracción podrá verificarse cuando inspectores de la AFIP se hagan presentes en ferias que vendan este tipo de productos y constaten que no sólo el vendedor está vendiendo la mercadería falsificada, sino también que el consumidor la está adquiriendo; de esta forma los inspectores dejarán constancia en las actas de ambas circunstancias.
También prevé, como aspecto novedoso, castigar a quién utilice una marca registrada para conformar un dominio o dirección de internet y “que conocía o debía conocer que ella pertenecía a un tercero”. En este caso, también se estaría castigando a particulares que, sabiendo que existe una marca ya registrada a favor de un tercero, igualmente conforman un dominio o dirección de internet con esa marca.
El proyecto tiene previsto prolongar el plazo de prescripción de la acción penal a 6 años, en contraposición a los 2 años que actualmente establece la ley vigente. Esto se produce porque en materia penal el plazo de prescripción de la acción está fijado por el máximo de la pena y el proyecto contempla una pena máxima de 6 años.
Otros puntos importantes
La iniciativa, en su artículo 2, castiga a “todas aquellas personas que permitan o faciliten la comisión de este delito autorizando o facilitando de cualquier forma un predio para la comercialización de productos en infracción cuando este sea a escala comercial, es decir, cuando permita la instalación de muchos locales comerciales, stands, o puestos en el mismo predio.”
De esta manera, y en caso de que la iniciativa tenga luz verde en la Cámara de Senadores, también podrían ser castigados aquellas personas que organicen o promocionen la instalación de ferias o mercados en lo que se venda mercadería “pirateada”.
El proyecto comprende la extensión de la responsabilidad penal para los directores administradores, administradores y representantes que participen en el ilícito (falsificación marcaria) en el caso que se encuentren implicadas sociedades regulares o irregulares.
También es importante el rol que se le otorga a la AFIP en todos los procesos iniciado o en trámite por infracción a la ley 22362; ya que convierte en obligatoria la intervención de esa dependencia y que ésta se constituya en el proceso como auxiliar del Ministerio Público.
Por último se establece modificar el artículo 25 de la ley marcaria estableciendo que “la acción de nulidad prescribe a los diez (10) años, salvo en los supuestos de mala fe en que no rige esta limitación”. La acción de nulidad es la que tiene el legítimo titular de la marca para demandar la nulidad de una marca mal registrada por un tercero.
http://www.infobaeprofesional.com/notas/52248-Impulsan-nueva-ley-de-marcas-que-castiga-a-consumidores.html&cookie
La senadora radical, Mirian Belen Curletti, presentó un proyecto de ley que tiene por finalidad modificar la ley de marcas en materia penal. La iniciativa contempla un agravamiento en las penas por la comisión de delitos marcarios, un significativo aumento en las multas y la prologanción de los plazos de prescripción de la acción penal.
El proyecto pretende modificar el artículo 31 de la ley 22362 y establece una pena de 3 meses a 6 años de prisión para aquellas personas que incurran en la falsificación de marcas, en contraposición con los 2 meses a 2 años de prisión que establece la actual ley marcaria.
Las sanciones alcanzan también al “que compre o adquiera productos o servicios con marca registrada falsificada o fraudulentamente imitada, a sabiendas de su origen ilícito” Esta medida es importante porque, de prosperar la iniciativa presentada, sería la primera vez que se castigaría a los consumidores que compren mercaderías falsificadas o pirateadas.
De este modo, se pretende instalar en la cultura de los consumidores que la compra de mercadería falsificada constituye un delito; por eso se busca castigar a aquellos consumidores que, sabiendo que adquieren una mercadería en infracción a la ley marcaria, igualmente deciden comprar ese tipo de productos.
La infracción podrá verificarse cuando inspectores de la AFIP se hagan presentes en ferias que vendan este tipo de productos y constaten que no sólo el vendedor está vendiendo la mercadería falsificada, sino también que el consumidor la está adquiriendo; de esta forma los inspectores dejarán constancia en las actas de ambas circunstancias.
También prevé, como aspecto novedoso, castigar a quién utilice una marca registrada para conformar un dominio o dirección de internet y “que conocía o debía conocer que ella pertenecía a un tercero”. En este caso, también se estaría castigando a particulares que, sabiendo que existe una marca ya registrada a favor de un tercero, igualmente conforman un dominio o dirección de internet con esa marca.
El proyecto tiene previsto prolongar el plazo de prescripción de la acción penal a 6 años, en contraposición a los 2 años que actualmente establece la ley vigente. Esto se produce porque en materia penal el plazo de prescripción de la acción está fijado por el máximo de la pena y el proyecto contempla una pena máxima de 6 años.
Otros puntos importantes
La iniciativa, en su artículo 2, castiga a “todas aquellas personas que permitan o faciliten la comisión de este delito autorizando o facilitando de cualquier forma un predio para la comercialización de productos en infracción cuando este sea a escala comercial, es decir, cuando permita la instalación de muchos locales comerciales, stands, o puestos en el mismo predio.”
De esta manera, y en caso de que la iniciativa tenga luz verde en la Cámara de Senadores, también podrían ser castigados aquellas personas que organicen o promocionen la instalación de ferias o mercados en lo que se venda mercadería “pirateada”.
El proyecto comprende la extensión de la responsabilidad penal para los directores administradores, administradores y representantes que participen en el ilícito (falsificación marcaria) en el caso que se encuentren implicadas sociedades regulares o irregulares.
También es importante el rol que se le otorga a la AFIP en todos los procesos iniciado o en trámite por infracción a la ley 22362; ya que convierte en obligatoria la intervención de esa dependencia y que ésta se constituya en el proceso como auxiliar del Ministerio Público.
Por último se establece modificar el artículo 25 de la ley marcaria estableciendo que “la acción de nulidad prescribe a los diez (10) años, salvo en los supuestos de mala fe en que no rige esta limitación”. La acción de nulidad es la que tiene el legítimo titular de la marca para demandar la nulidad de una marca mal registrada por un tercero.
http://www.infobaeprofesional.com/notas/52248-Impulsan-nueva-ley-de-marcas-que-castiga-a-consumidores.html&cookie
domingo, 26 de agosto de 2007
ARGENTINA:Telefónica violaría la Ley si entra a Telecom
Así lo advirtió Henoch Aguiar, especialista en comunicaciones y ex funcionario nacional. El pliego de licitación especifica que "ningún operador puede integrar a otro" explicó el especialista
El posible ingreso del grupo español Telefónica en la empresa Telecom Argentina, a través de la adquisición de la fracción de capital que la compañía Pirelli poseía en Telecom Italia, iría en contra de la ley argentina, según advirtió el ex secretario de Comunicaciones de la Nación, Henoch Aguiar.
El abogado especializado en comunicaciones recordó que los pliegos de la privatización de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel), definidos en la década del 90 por el gobierno de Carlos Menem, establecen que ninguna de las dos incumbentes que se dividieron el mercado en 1990 puede tomar participación en el capital accionario de la otra.
Aguiar explicó a Infobaeprofesional.com que "un punto específico del pliego de licitación señala que un operador en ningún momento puede integrar al otro, y que el mismo no puede formar parte más que de un consorcio". Y remarcó que la entrada de Telefónica en Telecom "violará la ley argentina".
Argumentó que la posible infracción a la ley de privatización, en el caso que Telefónica ingrese en Telecom Argentina, es clara, porque al inicio del proceso de venta de Entel, se especificó que una operadora y la otra debían hacerse cargo de las zonas Norte y Sur del país, pero siempre bajo la forma de adjudicatarios independientes entre sí.
"El texto lo dice bien conciso: es causal de caducidad de la licencia el cambio en la tenencia del operador controlante, o la cesión total o parcial del contrato de gerenciamiento. O sea, Telefónica es el operador principal; no puede serlo a la vez de Telecom. No puede estar en los dos lados a la vez", aseguró.
Telefónica -que selló su ingreso en Telecom Italia en abril pasado- cuenta en la Argentina con más de 13 millones de clientes en todo el país, y más de 4,7 millones de líneas fijas.
En el ámbito de la telefonía móvil, la empresa dispone de 9,7 millones de líneas a través de su marca Movistar, y 660.000 clientes de conexión de banda ancha a Internet.
"Con el control de Telecom, Telefónica pasará a ser una empresa que domine el 75 por ciento del mercado local de celulares. Se trata de una fusión por más de 6.000 millones de dólares, y que toca al conjunto de las telecomunicaciones del país; la infraestructura más cara", comentó Aguiar.
Participación
"Ellos expresaron que no se habían hecho con un control total de la telefónica, pero en la práctica compraron la parte de Pirelli, y esa compañía tomaba las principales decisiones en Telecom", señaló Aguiar.
"Pirelli marcaba el rumbo (en Telecom): designaba políticas, nombraba directores, modificaba las pautas de inversión... Quién compra ese poder es, precisamente, dueño de todas las decisiones de relevancia", amplió.
Aguiar puso como ejemplo a seguir la actitud de la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) de Brasil, un organismo que al conocer el ingreso de Telefónica en Telecom Italia, envío una nota a la operadora exigiendo explicaciones sobre cómo repercute en el mercado brasileño la unión entre estas empresas.
Activo
El ex funcionario negó que si se hace valer lo expresado en los pliegos de privatización de Entel, Telefónica corra peligro de verse desposeída de sus activos en la Argentina.
"No estamos hablando de medidas extremas como expropiaciones ni mucho menos", aclaró Aguiar. Y explicó que, de respetarse la ley, Telefónica debe vender toda su participación en Telecom Argentina.
"Ser titular único de las redes de todo el país significa quedarse con el activo más importante para crear la Sociedad de la Información en la Argentina”, concluyó.
Infobaeprofesional.com
El posible ingreso del grupo español Telefónica en la empresa Telecom Argentina, a través de la adquisición de la fracción de capital que la compañía Pirelli poseía en Telecom Italia, iría en contra de la ley argentina, según advirtió el ex secretario de Comunicaciones de la Nación, Henoch Aguiar.
El abogado especializado en comunicaciones recordó que los pliegos de la privatización de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel), definidos en la década del 90 por el gobierno de Carlos Menem, establecen que ninguna de las dos incumbentes que se dividieron el mercado en 1990 puede tomar participación en el capital accionario de la otra.
Aguiar explicó a Infobaeprofesional.com que "un punto específico del pliego de licitación señala que un operador en ningún momento puede integrar al otro, y que el mismo no puede formar parte más que de un consorcio". Y remarcó que la entrada de Telefónica en Telecom "violará la ley argentina".
Argumentó que la posible infracción a la ley de privatización, en el caso que Telefónica ingrese en Telecom Argentina, es clara, porque al inicio del proceso de venta de Entel, se especificó que una operadora y la otra debían hacerse cargo de las zonas Norte y Sur del país, pero siempre bajo la forma de adjudicatarios independientes entre sí.
"El texto lo dice bien conciso: es causal de caducidad de la licencia el cambio en la tenencia del operador controlante, o la cesión total o parcial del contrato de gerenciamiento. O sea, Telefónica es el operador principal; no puede serlo a la vez de Telecom. No puede estar en los dos lados a la vez", aseguró.
Telefónica -que selló su ingreso en Telecom Italia en abril pasado- cuenta en la Argentina con más de 13 millones de clientes en todo el país, y más de 4,7 millones de líneas fijas.
En el ámbito de la telefonía móvil, la empresa dispone de 9,7 millones de líneas a través de su marca Movistar, y 660.000 clientes de conexión de banda ancha a Internet.
"Con el control de Telecom, Telefónica pasará a ser una empresa que domine el 75 por ciento del mercado local de celulares. Se trata de una fusión por más de 6.000 millones de dólares, y que toca al conjunto de las telecomunicaciones del país; la infraestructura más cara", comentó Aguiar.
Participación
"Ellos expresaron que no se habían hecho con un control total de la telefónica, pero en la práctica compraron la parte de Pirelli, y esa compañía tomaba las principales decisiones en Telecom", señaló Aguiar.
"Pirelli marcaba el rumbo (en Telecom): designaba políticas, nombraba directores, modificaba las pautas de inversión... Quién compra ese poder es, precisamente, dueño de todas las decisiones de relevancia", amplió.
Aguiar puso como ejemplo a seguir la actitud de la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) de Brasil, un organismo que al conocer el ingreso de Telefónica en Telecom Italia, envío una nota a la operadora exigiendo explicaciones sobre cómo repercute en el mercado brasileño la unión entre estas empresas.
Activo
El ex funcionario negó que si se hace valer lo expresado en los pliegos de privatización de Entel, Telefónica corra peligro de verse desposeída de sus activos en la Argentina.
"No estamos hablando de medidas extremas como expropiaciones ni mucho menos", aclaró Aguiar. Y explicó que, de respetarse la ley, Telefónica debe vender toda su participación en Telecom Argentina.
"Ser titular único de las redes de todo el país significa quedarse con el activo más importante para crear la Sociedad de la Información en la Argentina”, concluyó.
Infobaeprofesional.com
jueves, 23 de agosto de 2007
MCAFEE: “NUEVOS CRIMINALES CIBERNÉTICOS ACECHAN EN INTERNET
“De aficionados a profesionales”, así describe el Informe sobre Criminología McAfee 2007, la evolución que han experimentado los hackers en los últimos dos años. Del adolescente desaliñado y solitario que buscaba publicidad y notoriedad entre sus pares, quedan cada vez menos. Hoy los cibercriminales son profesionales organizados con conocimiento, capacidades y conexiones suficientes para emprender acciones delictivas a gran escala y en línea, buscando dinero.
Son delincuentes invasivos y sofisticados, se escudan en el anonimato de la Red, utilizan la ingeniería social y suelen actuar en bandas o como miembros de estratégicas cadenas de estafadores virtuales.
Existen varios tipos de delincuentes cibernéticos como los hackers y crackers tradicionales (programadores especializados que aún buscan prestigio en su comunidad); instaladores de bots (infectan miles de equipos para que operen bajo sus comandos); phisher, pharmer, y spammer (utilizan ingeniería social y tecnología para fraudes electrónicos); script kiddy (aprendices de hacker); y bandas cibernéticas.
Sin embargo, el último año surgieron nuevos perfiles, como:
• Cybermules o miembros reemplazables de una banda. Puede que no siempre estas “mulas” sepan que están participando en un crimen. Las mulas sirven como un frente, reciben dinero obtenido de fraude en Internet y una porción de este dinero se la transfieren a sus jefes-hackers. La mula asume la mayor parte del riesgo y obtiene la recompensa más pequeña. Si capturan a la mula, el ciber-delincuente que organizó el delito se lleva la mayor parte de los beneficios financieros y queda libre.
• Carders: Criminales cibernéticos que se concentran exclusivamente en el robo de tarjetas de crédito. Han desarrollado una próspera comunidad en línea usando salas de chat privadas y encriptadas y foros en línea con nombres como CardersMarket (que en alguna ocasión se describió como “el Wal- Mart del Underground”).
• Cyberpunk: Delincuente en línea que usa sus habilidades para ingresar a sistemas y redes computacionales. El término proviene de las novelas de ciencia ficción, que incluyen Neuromancer y Shockwave Rider. No siempre el dinero es su objetivo principal, pese a que a la larga utilizan sus habilidades para el crimen. Muchos ataques de cyberpunk son cybergraffiti, una alteración vergonzosa de un sitio Web objetivo.
Aunque los criminales cibernéticos pueden comenzar transacciones en un foro o sitio Web, por lo general las terminan en salas de chat privadas o en tableros de mensajes cerrados, donde son más difíciles de seguir. Además, transfieren dinero con seguridad usando servicios de pago en línea anónimos como e-gold.
El ambiente Internet permite a los criminales cibernéticos usar estructuras menos jerárquicas que las bandas tradicionales. Se forman confederaciones libres, a pesar de que los miembros pueden vivir a miles de kilómetros de distancia y nunca reunirse en persona. Esto ayuda a hacer que el cibercrimen sea rápido y flexible, y la naturaleza de su comunidad dificulta que la ley alcance el accionar de estas bandas. Los procesos judiciales son un desafío, dado que muchos ciberdelincuentes operan desde jurisdicciones con leyes débiles y poca capacidad o interés en cooperar con las fuerzas de policía internacionales. Por otra parte, el FBI ya ha manifestado su sospecha que los simpatizantes de grupos terroristas han comenzado a usar esquemas de phishing para reunir fondos para los grupos que apoya.
Son delincuentes invasivos y sofisticados, se escudan en el anonimato de la Red, utilizan la ingeniería social y suelen actuar en bandas o como miembros de estratégicas cadenas de estafadores virtuales.
Existen varios tipos de delincuentes cibernéticos como los hackers y crackers tradicionales (programadores especializados que aún buscan prestigio en su comunidad); instaladores de bots (infectan miles de equipos para que operen bajo sus comandos); phisher, pharmer, y spammer (utilizan ingeniería social y tecnología para fraudes electrónicos); script kiddy (aprendices de hacker); y bandas cibernéticas.
Sin embargo, el último año surgieron nuevos perfiles, como:
• Cybermules o miembros reemplazables de una banda. Puede que no siempre estas “mulas” sepan que están participando en un crimen. Las mulas sirven como un frente, reciben dinero obtenido de fraude en Internet y una porción de este dinero se la transfieren a sus jefes-hackers. La mula asume la mayor parte del riesgo y obtiene la recompensa más pequeña. Si capturan a la mula, el ciber-delincuente que organizó el delito se lleva la mayor parte de los beneficios financieros y queda libre.
• Carders: Criminales cibernéticos que se concentran exclusivamente en el robo de tarjetas de crédito. Han desarrollado una próspera comunidad en línea usando salas de chat privadas y encriptadas y foros en línea con nombres como CardersMarket (que en alguna ocasión se describió como “el Wal- Mart del Underground”).
• Cyberpunk: Delincuente en línea que usa sus habilidades para ingresar a sistemas y redes computacionales. El término proviene de las novelas de ciencia ficción, que incluyen Neuromancer y Shockwave Rider. No siempre el dinero es su objetivo principal, pese a que a la larga utilizan sus habilidades para el crimen. Muchos ataques de cyberpunk son cybergraffiti, una alteración vergonzosa de un sitio Web objetivo.
Aunque los criminales cibernéticos pueden comenzar transacciones en un foro o sitio Web, por lo general las terminan en salas de chat privadas o en tableros de mensajes cerrados, donde son más difíciles de seguir. Además, transfieren dinero con seguridad usando servicios de pago en línea anónimos como e-gold.
El ambiente Internet permite a los criminales cibernéticos usar estructuras menos jerárquicas que las bandas tradicionales. Se forman confederaciones libres, a pesar de que los miembros pueden vivir a miles de kilómetros de distancia y nunca reunirse en persona. Esto ayuda a hacer que el cibercrimen sea rápido y flexible, y la naturaleza de su comunidad dificulta que la ley alcance el accionar de estas bandas. Los procesos judiciales son un desafío, dado que muchos ciberdelincuentes operan desde jurisdicciones con leyes débiles y poca capacidad o interés en cooperar con las fuerzas de policía internacionales. Por otra parte, el FBI ya ha manifestado su sospecha que los simpatizantes de grupos terroristas han comenzado a usar esquemas de phishing para reunir fondos para los grupos que apoya.
MEXICO: Mercado siempre disponible para redes, el gobierno
Por: Ricardo Román Chang
La convergencia tecnológica es el vehiculo idóneo para el desarrollo de los gobiernos en México; ella juega un papel importante de acuerdo con la reciente Ley General de Transparencia aprobada en la Cámara de Diputados, el artículo 6 constitucional el 4 de marzo del 2007 que, como consecuencia, obliga a la federación y estados, a ser más eficientes y a rendir cuentas.
Aún más, las redes son una opción para facilitar el acceso a la información desde cualquier computadora con enlace a Internet. Mediante ellas se accederá en un futuro cercano, por ejemplo, el expediente clínico de los afiliados al IMSS, el cual no depende de un chip, sino simplemente de una red privada virtual; o los expedientes únicos de averiguaciones previas en las instancias del Poder Judicial.
La utilización de redes contribuye a cumplir con los estándares internacionales de acceso a la información, planteados por la World Wide Consortium (W3C); así como a combatir esa brecha digital inalcanzable para algunos, pero comprometedor para otros, sobre todo para la industria.
En otro aspecto, las redes facilitan la implantación de la ventanilla única para mejorar la atención a los ciudadanos, y la difusión de la cultura de medición de resultados en funcionarios y servidores públicos (que genera transparencia al interior del gobierno).
Para no dejar hueco alguno, es indispensable reformar o legislar desde la Constitución Federal el derecho de acceso a la información, y plasmar los mínimos exigibles en las leyes locales para evitar retrocesos en la construcción de la cultura de transparencia. Pero también complementar ese derecho con la adopción de una Ley de Datos Personales y una Ley de Archivos, no para forzar a una homogeneidad artificial, sino para hacer realidad una política pública.
Se comprende entonces cómo las redes informáticas permiten compartir información de manera más transparente, ofrecer servicios más eficientes y facilitar la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones. A su vez, la Web puede ser el medio más democrático del que dispone un gobierno para establecer lazos directos con los ciudadanos y superar las barreras geográficas, culturales, económicas, jerárquicas y de discapacidad.
Esfuerzo consciente
Contradictoriamente, la Red lo mismo puede reducir o ensanchar la brecha existente entre quienes tienen más oportunidades y quienes tienen menos; y enriquecer la relación entre ciudadanía y gobierno, o bien empobrecerla. En consecuencia, los responsables de crear y administrar las tecnologías deben hacer un esfuerzo consciente para que éstas generen los efectos positivos.
Esos esfuerzos deben encaminarse a facilitar la creación, el archivo y la administración de contenidos utilizando sistemas accesibles, así como a proteger esos contenidos. También, a dotar de transparencia el uso de recursos públicos, promover la participación ciudadana en los temas gubernamentales, así como la colaboración entre gobiernos mediante la confluencia de sistemas gubernamentales en los niveles federal, estatal y municipal.
Por lo dicho, se comprende cómo la generalización de las redes y su uso hacen que el gobierno sea un mercado natural de la tecnología de comunicación; mercado que se magnifica con la aplicación constante de las mejores prácticas siempre en evolución.
La convergencia tecnológica es el vehiculo idóneo para el desarrollo de los gobiernos en México; ella juega un papel importante de acuerdo con la reciente Ley General de Transparencia aprobada en la Cámara de Diputados, el artículo 6 constitucional el 4 de marzo del 2007 que, como consecuencia, obliga a la federación y estados, a ser más eficientes y a rendir cuentas.
Aún más, las redes son una opción para facilitar el acceso a la información desde cualquier computadora con enlace a Internet. Mediante ellas se accederá en un futuro cercano, por ejemplo, el expediente clínico de los afiliados al IMSS, el cual no depende de un chip, sino simplemente de una red privada virtual; o los expedientes únicos de averiguaciones previas en las instancias del Poder Judicial.
La utilización de redes contribuye a cumplir con los estándares internacionales de acceso a la información, planteados por la World Wide Consortium (W3C); así como a combatir esa brecha digital inalcanzable para algunos, pero comprometedor para otros, sobre todo para la industria.
En otro aspecto, las redes facilitan la implantación de la ventanilla única para mejorar la atención a los ciudadanos, y la difusión de la cultura de medición de resultados en funcionarios y servidores públicos (que genera transparencia al interior del gobierno).
Para no dejar hueco alguno, es indispensable reformar o legislar desde la Constitución Federal el derecho de acceso a la información, y plasmar los mínimos exigibles en las leyes locales para evitar retrocesos en la construcción de la cultura de transparencia. Pero también complementar ese derecho con la adopción de una Ley de Datos Personales y una Ley de Archivos, no para forzar a una homogeneidad artificial, sino para hacer realidad una política pública.
Se comprende entonces cómo las redes informáticas permiten compartir información de manera más transparente, ofrecer servicios más eficientes y facilitar la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones. A su vez, la Web puede ser el medio más democrático del que dispone un gobierno para establecer lazos directos con los ciudadanos y superar las barreras geográficas, culturales, económicas, jerárquicas y de discapacidad.
Esfuerzo consciente
Contradictoriamente, la Red lo mismo puede reducir o ensanchar la brecha existente entre quienes tienen más oportunidades y quienes tienen menos; y enriquecer la relación entre ciudadanía y gobierno, o bien empobrecerla. En consecuencia, los responsables de crear y administrar las tecnologías deben hacer un esfuerzo consciente para que éstas generen los efectos positivos.
Esos esfuerzos deben encaminarse a facilitar la creación, el archivo y la administración de contenidos utilizando sistemas accesibles, así como a proteger esos contenidos. También, a dotar de transparencia el uso de recursos públicos, promover la participación ciudadana en los temas gubernamentales, así como la colaboración entre gobiernos mediante la confluencia de sistemas gubernamentales en los niveles federal, estatal y municipal.
Por lo dicho, se comprende cómo la generalización de las redes y su uso hacen que el gobierno sea un mercado natural de la tecnología de comunicación; mercado que se magnifica con la aplicación constante de las mejores prácticas siempre en evolución.
martes, 21 de agosto de 2007
ARGENTINA: Aseguran que en 2009, el 25% de los empledos trabajará desde su casa
Un estudio reveló que en los últimos años aumentaron en todo el mundo los teletrabajadores, que cumplen sus tareas mediante internet.
Buenos Aires.- En el 2009, el 25% de los trabajadores del mundo harán sus tareas sin concurrir físicamente a la oficina, porque mantendrán contacto con sus jefes mediante internet y otras tecnologías, según un estudio difundido hoy por la consultora internacional IDC.
En la Argentina, en apenas cuatro años se duplicó el número de teletrabajadores, es decir, empleados que trabajan a distancia mediante el uso de herramientas tecnológicas, que pasaron de 320 mil en el 2003 a unos 620 mil en la actualidad, según un relevamiento de la consultora Enrique Carrier & Asociados.
En América latina, países como la Argentina, Brasil y México se consideran culturas mayormente orientadas al diálogo y con una fuerte preferencia hacia las comunicaciones cara a cara, por lo cual los expertos creen que la adopción del trabajo móvil será más lenta.
El estudio de Carrier sólo incluye a teletrabajadores que, haciéndolo total o parcialmente en forma independiente, también habilitaron un espacio laboral en su domicilio, en la casa de la novia o en lo de la suegra. Desde allí resuelven la tarea que le encargaron una o varias compañías, o los centros de investigación social o científica.
Expertos señalan que el crecimiento del teletrabajo se debe a la escasa oferta de oportunidades laborales para los profesionales mayores de 35 años.
La mayoría de los teletrabajadores son profesionales que a principios de los 90 -cuando el desempleo se extendió en nuestro país - concluyeron sus estudios universitarios.
Y que, ante la falta de oportunidades, emplearon las nuevas tecnologías para ofrecer sus servicios en el campo de la traducción, la arquitectura, la abogacía, el diseño gráfico y el diseño de sitios Web, y algo similar hicieron sociólogos, filósofos, antropólogos, historiadores y científicos de varias especialidades.
Beneficios
En la Argentina, el Ministerio de Trabajo elevó al Parlamento una ley que crea la figura de teletrabajador para que este empleado tenga los mismos beneficios y protecciones que los trabajadores tradicionales.
Este es uno de los temas debatidos en la agenda digital que trabajan en conjunto el sector privado y el Gobierno y que estos días se debate en el Congreso Anual de Usuaria, la organización no gubernamental fundada por los profesionales de la actividad tecnológica.
La contracara de la implementación de esta modalidad de trabajo es que la empresa empleadora se hace cargo de que el profesional tenga en su casa los mismos recursos tecnológicos y de comunicación que tiene en la oficia.
Hay empresas que ya pagan la conexión a internet de todos sus empleados que trabajan en sus casas.
Incluso, muchas compañías se empiezan a inclinar por esta posibilidad basándose en que los empleadores valoran más el cumplimiento de los objetivos y el nivel de productividad que la formalidad del horario, explican los especialistas. (NA)
CHILE: Productora multada por Violar Ley del Consumidor
(Orbe) La conocida productora DG Medios fue condenada a pagar una multa de 300 mil pesos luego de que se determinara que cometió infracción a la Ley del Consumidor al no respetar las condiciones acordadas con los consumidores en la venta de entradas al concierto de U2 efectuado el año pasado.
Los problemas comenzaron cuando los fanáticos que compraron sus entradas a través de una multitienda que las promovía por Internet, recibieron sus tickets con ubicaciones distintas a las que les habían ofrecido y a un costo mayor por concepto de "acercamiento".
La situación motivó una serie de reclamos ante el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), organismo que denunció a la empresa a la Justicia al estimar que estaba infringiendo los derechos de los consumidores.
La compañía argumentó que las condiciones siempre fueron de conocimiento público toda vez que se habilitaron carteles en la multitienda informando del valor correspondiente y los cargos por despacho del ticket a domicilio.
No obstante los tribunales acogieron los reclamos de los consumidores y la denuncia del Sernac, estimando que DG Medios violó la Ley del Consumidor y causó menoscabo a los afectados.
En un comunicado oficial, el organismo destacó la importancia del fallo destacando que "confirma una vez más que las empresas deben cumplir lo que acuerdan con los consumidores entregando un servicio de calidad, así como tienen que responder cuando cometen negligencias".
Los problemas comenzaron cuando los fanáticos que compraron sus entradas a través de una multitienda que las promovía por Internet, recibieron sus tickets con ubicaciones distintas a las que les habían ofrecido y a un costo mayor por concepto de "acercamiento".
La situación motivó una serie de reclamos ante el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), organismo que denunció a la empresa a la Justicia al estimar que estaba infringiendo los derechos de los consumidores.
La compañía argumentó que las condiciones siempre fueron de conocimiento público toda vez que se habilitaron carteles en la multitienda informando del valor correspondiente y los cargos por despacho del ticket a domicilio.
No obstante los tribunales acogieron los reclamos de los consumidores y la denuncia del Sernac, estimando que DG Medios violó la Ley del Consumidor y causó menoscabo a los afectados.
En un comunicado oficial, el organismo destacó la importancia del fallo destacando que "confirma una vez más que las empresas deben cumplir lo que acuerdan con los consumidores entregando un servicio de calidad, así como tienen que responder cuando cometen negligencias".
sábado, 18 de agosto de 2007
ESPAÑA: ¿Controlar Internet?
A finales de los años sesenta, la Agencia de Proyectos Avanzados (ARPA), dependiente del Ministerio de Defensa de los Estados Unidos, recibió el encargo de crear una red de comunicación que pudiera estar operativa, incluso ante un desastre de grandes dimensiones. Así apareció, Arpanet, en 1969. En ella están los protocolos básicos que utiliza Internet hoy en día. Progresivamente, Arpanet se fue haciendo pública. Unos años más tarde, en 1990, aparecería la popular World Wide Web (www) y en 1992 se crea la Internet Society, organismo que la administra, y se abre un nuevo horizonte al que se irían asomando poco a poco los ciudadanos del planeta. Ya en 2006 alcanzó los 1.100 millones de usuarios, y se prevé que en diez años la cantidad de navegantes de la Red aumentará a 2.000 millones, y aunque el comercio electrónico se encuentra en una fase muy primaria, su explosión es cuestión de tiempo. Esos 2.000 millones de potenciales consumidores son un poderoso aliciente.
Quién diría que, en algo más de una década, Internet movilizaría a la opinión pública mundial contra los proyectos belicistas del Gobierno del país que fuera su creador, los EE UU. Sin embargo, así fue. Internet se volvió pacifista y los días 2 y 3 febrero de 2003, por primera vez en la historia, tuvieron lugar una serie de manifestaciones a nivel universal contra los planes de guerra de George Bush para Irak.
Pero lo inquietante, de éste y otros acontecimientos, es que no fueron promovidos por ninguna fuerza social convencional, sino por plataformas cívicas que comparten un mismo proyecto surgido desde cualquier punto de la red, y actúan como si se tratara de una mente colectiva. Es innegable que hoy en día en torno a Internet está surgiendo una nueva categoría de luchadores por los derechos civiles, que, descontentos con la gestión que se está haciendo de los intereses colectivos, denuncian la democracia representativa por insuficiente y piden más participación; son conscientes de que las nuevas tecnologías lo posibilitan, y están tomando la iniciativa.
Sin duda, hoy en día las tecnologías de la información y la comunicación están generando una redefinición radical del funcionamiento de la sociedad, similar al momento en que la humanidad alcanzó la luz de la razón, liberándose de la cultura bíblica del medioevo, que le llevaría al taylorismo de la era industrial, "la mano de obra" que sucumbe ante el informacionalismo que nos conduce a la sociedad del conocimiento. Ahora, al igual que en el Ancien Régime, se defiende, regulando y prohibiendo. Pero a diferencia de entonces, ahora los cambios son rápidos y profundos y nadie a ciencia cierta sabe adónde nos dirigimos.
Esta incertidumbre genera resistencia entre los poderes tradicionales. Un ejemplo son los derechos de autor: sus titulares se han sentido defraudados y desamparados y reclaman un mayor apoyo social para que no muera la cultura. Sin embargo, desde el otro extremo se sostiene que nunca la música o el cine han estado más vivos que ahora -y desde luego nunca ha sido más fácil el acceso a la cultura- y reclaman otras iniciativas, como las licencias copylef que permiten la reproducción de una obra para uso personal y su difusión sin fines comerciales. Sus patrocinadores sostienen que, a diferencia del copyright, que mira a la cultura como pura mercadería, el copylef encuentra su fundamento en la creatividad y en el acceso al conocimiento y la cultura.
La Ley de Propiedad Intelectual, y el proyecto de Ley de Impulso de la sociedad de la Información, parten del carácter de defensa. Así, la primera, además de restringir el derecho a la copia privada y de cita, impone un canon compensatorio por lucro cesante, y la segunda quita a los jueces la exclusividad para retirar contenidos de las páginas web, y por dos veces se ha intentado introducir un procedimiento sin precedentes en el Derecho español y no informado por el Consejo General del Poder Judicial, a pesar de afectar a las competencias judiciales. Es el llamado procedimiento "de notificación y retirada", es decir, una auténtica patada digital, ya que habilita a las gestoras de derechos de autor para que, sin declaración judicial alguna, tras unas simples notificaciones, puedan exigir a los proveedores de Internet que retiren los contenidos de las páginas que albergan.
Sin embargo, el lobby que defiende ese intervencionismo lo justifica en la necesidad de paliar la lentitud judicial. Pero, en realidad, lo que teme no es el retraso judicial en sí, sino que los jueces, como ya viene ocurriendo, se nieguen a cerrar las páginas web si no se acredita un fin comercial. Por otra parte, esa pretendida lentitud se resuelve mediante la creación de más juzgados, pero no eliminando las garantías de los ciudadanos.
Nadie duda de la necesidad de restablecer el equilibrio entre el derecho individual de autor y el derecho colectivo a la cultura, sino del procedimiento elegido. Y se recuerda la directiva 2000/31/CE que aconseja "pactar códigos de conducta". También sería deseable bajar los precios de los productos, ya que el salario mínimo es de 570 euros.
En conclusión, estamos ante un momento de cambio de paradigma en el que lo viejo intenta poner trabas al futuro que ya está aquí, de manos de Internet, y por eso quiere controlar la red. Pero Internet se basa en el principio de intercambio libre de información. Los militares norteamericanos engendraron un monstruo llamado Internet. No dejemos ahora que nadie lo domestique.
Pedro Martínez es teniente fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Quién diría que, en algo más de una década, Internet movilizaría a la opinión pública mundial contra los proyectos belicistas del Gobierno del país que fuera su creador, los EE UU. Sin embargo, así fue. Internet se volvió pacifista y los días 2 y 3 febrero de 2003, por primera vez en la historia, tuvieron lugar una serie de manifestaciones a nivel universal contra los planes de guerra de George Bush para Irak.
Pero lo inquietante, de éste y otros acontecimientos, es que no fueron promovidos por ninguna fuerza social convencional, sino por plataformas cívicas que comparten un mismo proyecto surgido desde cualquier punto de la red, y actúan como si se tratara de una mente colectiva. Es innegable que hoy en día en torno a Internet está surgiendo una nueva categoría de luchadores por los derechos civiles, que, descontentos con la gestión que se está haciendo de los intereses colectivos, denuncian la democracia representativa por insuficiente y piden más participación; son conscientes de que las nuevas tecnologías lo posibilitan, y están tomando la iniciativa.
Sin duda, hoy en día las tecnologías de la información y la comunicación están generando una redefinición radical del funcionamiento de la sociedad, similar al momento en que la humanidad alcanzó la luz de la razón, liberándose de la cultura bíblica del medioevo, que le llevaría al taylorismo de la era industrial, "la mano de obra" que sucumbe ante el informacionalismo que nos conduce a la sociedad del conocimiento. Ahora, al igual que en el Ancien Régime, se defiende, regulando y prohibiendo. Pero a diferencia de entonces, ahora los cambios son rápidos y profundos y nadie a ciencia cierta sabe adónde nos dirigimos.
Esta incertidumbre genera resistencia entre los poderes tradicionales. Un ejemplo son los derechos de autor: sus titulares se han sentido defraudados y desamparados y reclaman un mayor apoyo social para que no muera la cultura. Sin embargo, desde el otro extremo se sostiene que nunca la música o el cine han estado más vivos que ahora -y desde luego nunca ha sido más fácil el acceso a la cultura- y reclaman otras iniciativas, como las licencias copylef que permiten la reproducción de una obra para uso personal y su difusión sin fines comerciales. Sus patrocinadores sostienen que, a diferencia del copyright, que mira a la cultura como pura mercadería, el copylef encuentra su fundamento en la creatividad y en el acceso al conocimiento y la cultura.
La Ley de Propiedad Intelectual, y el proyecto de Ley de Impulso de la sociedad de la Información, parten del carácter de defensa. Así, la primera, además de restringir el derecho a la copia privada y de cita, impone un canon compensatorio por lucro cesante, y la segunda quita a los jueces la exclusividad para retirar contenidos de las páginas web, y por dos veces se ha intentado introducir un procedimiento sin precedentes en el Derecho español y no informado por el Consejo General del Poder Judicial, a pesar de afectar a las competencias judiciales. Es el llamado procedimiento "de notificación y retirada", es decir, una auténtica patada digital, ya que habilita a las gestoras de derechos de autor para que, sin declaración judicial alguna, tras unas simples notificaciones, puedan exigir a los proveedores de Internet que retiren los contenidos de las páginas que albergan.
Sin embargo, el lobby que defiende ese intervencionismo lo justifica en la necesidad de paliar la lentitud judicial. Pero, en realidad, lo que teme no es el retraso judicial en sí, sino que los jueces, como ya viene ocurriendo, se nieguen a cerrar las páginas web si no se acredita un fin comercial. Por otra parte, esa pretendida lentitud se resuelve mediante la creación de más juzgados, pero no eliminando las garantías de los ciudadanos.
Nadie duda de la necesidad de restablecer el equilibrio entre el derecho individual de autor y el derecho colectivo a la cultura, sino del procedimiento elegido. Y se recuerda la directiva 2000/31/CE que aconseja "pactar códigos de conducta". También sería deseable bajar los precios de los productos, ya que el salario mínimo es de 570 euros.
En conclusión, estamos ante un momento de cambio de paradigma en el que lo viejo intenta poner trabas al futuro que ya está aquí, de manos de Internet, y por eso quiere controlar la red. Pero Internet se basa en el principio de intercambio libre de información. Los militares norteamericanos engendraron un monstruo llamado Internet. No dejemos ahora que nadie lo domestique.
Pedro Martínez es teniente fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
miércoles, 15 de agosto de 2007
MEXICO: Reciben 104 sitios de Internet Sello de Confianza Amipci
Al obtener el sello, empresas e instituciones son reconocidas como responsables de cumplir con las disposiciones legales aplicables como las dispuestas en la Ley Federal de Protección al Consumidor.
La Amipci dio a conocer la lista de los primeros 104 sitios de Internet que recibieron el Sello de Confianza, el cual reconoce a los negocios o instituciones que promueven el cumplimiento de la privacidad de la información.
En un comunicado, la Asociación Mexicana de Internet (Amipci) detalla que la entrega de este sello electrónico, que cuenta con un certificado digital, se realiza en colaboración con la Secretaría de Economía y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco)
Esta iniciativa tripartita “logra mayor confianza de los consumidores en desarrollar cualquier tipo de operación e implica la expansión de Internet como herramienta de uso generalizado y aceptado”.
Al obtener el sello, explica, empresas e instituciones son reconocidas como responsables de cumplir con las disposiciones legales aplicables como las dispuestas en la Ley Federal de Protección al Consumidor, con los lineamientos de privacidad del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacifico (APEC), así como con el Código de Ética de la Amipci.
Para obtener este certificado legal, tanto negocios, instituciones o sitios de Internet sólo deben presentar una solicitud en www.sellosdeconfianza.org.mx.
La Amipci realiza una verificación de la existencia del sitio, líneas de contacto reales y las políticas de privacidad para proceder al otorgamiento del sello electrónico y el certificado digital.
El Sello de Confianza Amipci surgió a principios de este año con el objetivo de impulsar el comercio electrónico, la procuración para el uso correcto de información personal en sitios de Internet y el respeto a las políticas de privacidad.
En la actualidad es reconocido como el primer distintivo para sitios de Internet en México que respalda a los proveedores de bienes y servicios en línea.
Notimex
La Amipci dio a conocer la lista de los primeros 104 sitios de Internet que recibieron el Sello de Confianza, el cual reconoce a los negocios o instituciones que promueven el cumplimiento de la privacidad de la información.
En un comunicado, la Asociación Mexicana de Internet (Amipci) detalla que la entrega de este sello electrónico, que cuenta con un certificado digital, se realiza en colaboración con la Secretaría de Economía y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco)
Esta iniciativa tripartita “logra mayor confianza de los consumidores en desarrollar cualquier tipo de operación e implica la expansión de Internet como herramienta de uso generalizado y aceptado”.
Al obtener el sello, explica, empresas e instituciones son reconocidas como responsables de cumplir con las disposiciones legales aplicables como las dispuestas en la Ley Federal de Protección al Consumidor, con los lineamientos de privacidad del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacifico (APEC), así como con el Código de Ética de la Amipci.
Para obtener este certificado legal, tanto negocios, instituciones o sitios de Internet sólo deben presentar una solicitud en www.sellosdeconfianza.org.mx.
La Amipci realiza una verificación de la existencia del sitio, líneas de contacto reales y las políticas de privacidad para proceder al otorgamiento del sello electrónico y el certificado digital.
El Sello de Confianza Amipci surgió a principios de este año con el objetivo de impulsar el comercio electrónico, la procuración para el uso correcto de información personal en sitios de Internet y el respeto a las políticas de privacidad.
En la actualidad es reconocido como el primer distintivo para sitios de Internet en México que respalda a los proveedores de bienes y servicios en línea.
Notimex
ECUADOR: Publicidad en Internet, a supervisión
Los mensajes de los candidatos a la Asamblea ofrecen de todo para conseguir a través de la nueva Carta Magna
Cientos de jóvenes promocionan candidatos como Ximena Bohórquez en las calles de Quito ‘Si se parte de la premisa de que lo único que una Asamblea Nacional Constituyente hace es construir una nueva Constitución bajo lineamientos normativos macro y no micro, todos los candidatos que ofrecen solucionar el problema del desempleo o de la corrupción, entre otras promesas, están mintiendo”. Así opina el experto en publicidad Andrés Seminario, tras afirmar que no se puede ir a la Asamblea para prometer erradicar los problemas sociales de un plumazo y en seis meses que esta durará desde el 31 de octubre de este año.
“Por suerte los ecuatorianos y los consumidores de un mercado electoral no son tontos y van a saber cuáles ofertas están ‘sobreprometiendo’ cosas que definitivamente no van a poder cumplir”.
Agrega que a pesar de que se iba a dar un control de contenidos que regulaba la publicidad política, él observa que no existe control (por parte del Tribunal Supremo Electoral) porque han permitido que haya candidatos “ofreciendo cosas imposibles”.
Además advierte que el TSE tomó medidas inadecuadas como por ejemplo entregar de una manera antitécnica los espacios a ciertas listas en canales en UHF que no tienen prácticamente sintonía, y a otras, en espacios en frecuencias VHF en canales de señal abierta, cuando la mayoría de ecuatorianos tiene un televisor para ver canales en señal abierta.
En tanto, Gonzalo Pinto, director de Comunicación del TSE, dice que el organismo controló el contenido para que no se separe de las normas establecidas, pero en cuanto a la creatividad y a las ofertas de los candidatos, eso “no se puede controlar”.
“Eso es contenido de cada uno y el lector puede escogerlo o no”, afirmó.
Por otro lado, el TSE empezó a controlar los gastos que iniciaron los candidatos a asambleístas en los medios de comunicación, incluso a través de la Internet.
Fabricio Fantoni, de la Unidad de Control del Gasto Electoral del TSE, dice que aunque la publicidad en Internet no está prohibida por el Estatuto Electoral, son gastos que los candidatos hacen dentro del proceso, y en caso de que no se reporten, se puede llevar a perder la dignidad para la que fueron elegidos de conformidad con lo que establece la Ley Orgánica del Gasto.
“El marco jurídico no es solo el Estatuto; tenemos la Ley del Gasto y el Instructivo del Juzgamiento de Cuentas”, aclara.
En las próximas horas, el TSE redactará un listado de los proveedores de Internet para pedir la información de qué candidatos optaron por esta alterativa.
“Si no se reportan los gastos, se establece el ocultamiento de la información”, advirtió Fantoni.
Los gastos de precampaña en la Internet también deberán ser reportados, aunque no se controlaron anteriormente. (SC)
http://www.hoy.com.ec/
Cientos de jóvenes promocionan candidatos como Ximena Bohórquez en las calles de Quito ‘Si se parte de la premisa de que lo único que una Asamblea Nacional Constituyente hace es construir una nueva Constitución bajo lineamientos normativos macro y no micro, todos los candidatos que ofrecen solucionar el problema del desempleo o de la corrupción, entre otras promesas, están mintiendo”. Así opina el experto en publicidad Andrés Seminario, tras afirmar que no se puede ir a la Asamblea para prometer erradicar los problemas sociales de un plumazo y en seis meses que esta durará desde el 31 de octubre de este año.
“Por suerte los ecuatorianos y los consumidores de un mercado electoral no son tontos y van a saber cuáles ofertas están ‘sobreprometiendo’ cosas que definitivamente no van a poder cumplir”.
Agrega que a pesar de que se iba a dar un control de contenidos que regulaba la publicidad política, él observa que no existe control (por parte del Tribunal Supremo Electoral) porque han permitido que haya candidatos “ofreciendo cosas imposibles”.
Además advierte que el TSE tomó medidas inadecuadas como por ejemplo entregar de una manera antitécnica los espacios a ciertas listas en canales en UHF que no tienen prácticamente sintonía, y a otras, en espacios en frecuencias VHF en canales de señal abierta, cuando la mayoría de ecuatorianos tiene un televisor para ver canales en señal abierta.
En tanto, Gonzalo Pinto, director de Comunicación del TSE, dice que el organismo controló el contenido para que no se separe de las normas establecidas, pero en cuanto a la creatividad y a las ofertas de los candidatos, eso “no se puede controlar”.
“Eso es contenido de cada uno y el lector puede escogerlo o no”, afirmó.
Por otro lado, el TSE empezó a controlar los gastos que iniciaron los candidatos a asambleístas en los medios de comunicación, incluso a través de la Internet.
Fabricio Fantoni, de la Unidad de Control del Gasto Electoral del TSE, dice que aunque la publicidad en Internet no está prohibida por el Estatuto Electoral, son gastos que los candidatos hacen dentro del proceso, y en caso de que no se reporten, se puede llevar a perder la dignidad para la que fueron elegidos de conformidad con lo que establece la Ley Orgánica del Gasto.
“El marco jurídico no es solo el Estatuto; tenemos la Ley del Gasto y el Instructivo del Juzgamiento de Cuentas”, aclara.
En las próximas horas, el TSE redactará un listado de los proveedores de Internet para pedir la información de qué candidatos optaron por esta alterativa.
“Si no se reportan los gastos, se establece el ocultamiento de la información”, advirtió Fantoni.
Los gastos de precampaña en la Internet también deberán ser reportados, aunque no se controlaron anteriormente. (SC)
http://www.hoy.com.ec/
martes, 14 de agosto de 2007
CUBA: EEUU severo con la compra de tabacos cubanos en internet
EEUU severo con la compra de tabacos cubanos en internet
Las autoridades estadounidenses tienen un nuevo foco de atención para impedir las violaciones del embargo impuesto al régimen de Fidel Castro: las ventas de tabaco cubano a través de internet.
De acuerdo con cifras del Departamento del Tesoro, durante el presente año fiscal las multas a individuos que desde Estados Unidos han adquirido puros cubanos utilizando la internet ascienden ya a $20,268. El período fiscal 2007 concluye el próximo 30 de septiembre.
Se trata de una modalidad sin precedentes en los controles de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC), que por primera vez en sus reportes menciona violaciones del embargo por compras de productos cubanos usando la red cibernética.
Las multas impuestas por la OFAC a individuos y compañías estadounidenses que han violado el embargo durante el actual período fiscal totalizan $498,934, una cifra que duplica ya el monto del 2006 y se aproxima a los $529,000 del 2005.
Las estadísticas de la OFAC indican que de las 29 multas gravadas hasta agosto del 2007 por transgredir las regulaciones del embargo, 14 han sido impuestas a compradores de puros originales cubanos en la internet.
Las violaciones ocurrieron entre el 2002 y el 2006 y en la mayoría de los casos los infractores se negaron a ofrecer voluntariamente información a las autoridades. El monto de las multas impuestas oscila entre $200 y $6,000.
Los funcionarios del Departamento del Tesoro consideran que la cantidad de casos en esta novedosa categoría no implica un cambio en la política de restricciones respecto a Cuba.
''Hay diversos factores que influyen en la proliferación de estos casos, pero el incremento de penalidades por una violación en particular no refleja necesariamente un reforzamiento de la política bajo el embargo'', declaró Molly Millerwise, portavoz de la OFAC.
Pero resulta obvio que la iniciativa para controlar los comerciantes cibernéticos de puros cubanos cobró fuerza a partir de septiembre del 2004, cuando la OFAC emitió una estricta regulación que ''actualizaba'' las disposiciones vigentes desde 1998 para la importación de tabaco, semillas y productos derivados, producidos o manufacturados en la isla.
La medida prohíbe comprar tabaco cubano por catálogos o vía internet a los ciudadanos estadounidenses y los residentes legales del país. Ni siquiera permite adquirir, transportar u operar con puros y otros bienes cubanos desde un tercer país a las personas que estén bajo jurisdicción de EEUU.
Tampoco las personas que viajen legalmente a la isla pueden regresar con tabaco o ron cubanos en su equipaje, aunque se trate de mercancías adquiridas dentro del límite de $100 permitidos por la ley.
Las multas personales por violar esas regulaciones pueden ascender hasta los $65,000. Si el caso termina en un tribunal federal, las personas que sean declaradas culpables tendrían que pagar hasta $250,000 o cumplir condenas de 10 años de cárcel.
La era de la internet ha puesto en guardia a las autoridades federales en el seguimiento de correspondencia electrónica, los salones de conversación o chats y otros usos de la red que pudieran arrojar actividades ilegales con países enemigos.
Las investigaciones con avanzadas técnicas cibernéticas para rastrear a los sospechosos de violar las leyes son ya práctica común de los agentes del FBI, y no han excluido las pistas sobre presuntos transgresores del embargo.
Millerwise admitió que la OFAC ha cooperado con ''una amplia gama de agencias federales para implementar las leyes del embargo'', pero declinó comentar sobre operaciones y organismos específicos.
La vigilancia estadounidense sobre el trasiego de puros en la internet coincide con una resolución del gobierno cubano, en vigor desde el pasado 1ro. de junio, la cual limita la cantidad de tabaco torcido que los viajeros pueden cargar en su equipaje a la salida del país.
La resolución No. 6/2007 de la Aduana General de Cuba intenta cerrarle las puertas al tráfico de tabacos desde la isla, y estipula que los viajeros sólo podrán llevar consigo 50 unidades de tabaco torcido. Las cantidades que excedan la cincuentena de puros pueden ser exportadas únicamente si los tabacos están contenidos en envases originales, cerrados y sellados con el holograma oficial, y el viajero acredita la adquisición lícita con una factura.
Empresarios cubanoamericanos de la industria tabacalera en el sur de la Florida saludaron la iniciativa del Departamento del Tesoro, aunque desestimaron que pudiera tener una influencia significativa sobre sus negocios.
''Me alegro que se aplique la ley, pero para mi negocio no significa nada'', manifestó Ernesto Padilla, propietario de la firma Padilla Cigars en Miami. Sus puros enrollados a mano en Miami han figurado por dos años consecutivos en la venerada nómina de los 25 mejores tabacos del mundo, según la revista Cigar Aficionado.
Padilla consideró que ''el mito del tabaco cubano'' se ha venido abajo en los últimos años, y opinó que la verdadera amenaza a los empresarios locales no son los puros fabricados en la isla, sino los impuestos que planea imponer el Congreso a las ventas de tabacos y cigarrillos en Estados Unidos.
Las autoridades estadounidenses tienen un nuevo foco de atención para impedir las violaciones del embargo impuesto al régimen de Fidel Castro: las ventas de tabaco cubano a través de internet.
De acuerdo con cifras del Departamento del Tesoro, durante el presente año fiscal las multas a individuos que desde Estados Unidos han adquirido puros cubanos utilizando la internet ascienden ya a $20,268. El período fiscal 2007 concluye el próximo 30 de septiembre.
Se trata de una modalidad sin precedentes en los controles de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC), que por primera vez en sus reportes menciona violaciones del embargo por compras de productos cubanos usando la red cibernética.
Las multas impuestas por la OFAC a individuos y compañías estadounidenses que han violado el embargo durante el actual período fiscal totalizan $498,934, una cifra que duplica ya el monto del 2006 y se aproxima a los $529,000 del 2005.
Las estadísticas de la OFAC indican que de las 29 multas gravadas hasta agosto del 2007 por transgredir las regulaciones del embargo, 14 han sido impuestas a compradores de puros originales cubanos en la internet.
Las violaciones ocurrieron entre el 2002 y el 2006 y en la mayoría de los casos los infractores se negaron a ofrecer voluntariamente información a las autoridades. El monto de las multas impuestas oscila entre $200 y $6,000.
Los funcionarios del Departamento del Tesoro consideran que la cantidad de casos en esta novedosa categoría no implica un cambio en la política de restricciones respecto a Cuba.
''Hay diversos factores que influyen en la proliferación de estos casos, pero el incremento de penalidades por una violación en particular no refleja necesariamente un reforzamiento de la política bajo el embargo'', declaró Molly Millerwise, portavoz de la OFAC.
Pero resulta obvio que la iniciativa para controlar los comerciantes cibernéticos de puros cubanos cobró fuerza a partir de septiembre del 2004, cuando la OFAC emitió una estricta regulación que ''actualizaba'' las disposiciones vigentes desde 1998 para la importación de tabaco, semillas y productos derivados, producidos o manufacturados en la isla.
La medida prohíbe comprar tabaco cubano por catálogos o vía internet a los ciudadanos estadounidenses y los residentes legales del país. Ni siquiera permite adquirir, transportar u operar con puros y otros bienes cubanos desde un tercer país a las personas que estén bajo jurisdicción de EEUU.
Tampoco las personas que viajen legalmente a la isla pueden regresar con tabaco o ron cubanos en su equipaje, aunque se trate de mercancías adquiridas dentro del límite de $100 permitidos por la ley.
Las multas personales por violar esas regulaciones pueden ascender hasta los $65,000. Si el caso termina en un tribunal federal, las personas que sean declaradas culpables tendrían que pagar hasta $250,000 o cumplir condenas de 10 años de cárcel.
La era de la internet ha puesto en guardia a las autoridades federales en el seguimiento de correspondencia electrónica, los salones de conversación o chats y otros usos de la red que pudieran arrojar actividades ilegales con países enemigos.
Las investigaciones con avanzadas técnicas cibernéticas para rastrear a los sospechosos de violar las leyes son ya práctica común de los agentes del FBI, y no han excluido las pistas sobre presuntos transgresores del embargo.
Millerwise admitió que la OFAC ha cooperado con ''una amplia gama de agencias federales para implementar las leyes del embargo'', pero declinó comentar sobre operaciones y organismos específicos.
La vigilancia estadounidense sobre el trasiego de puros en la internet coincide con una resolución del gobierno cubano, en vigor desde el pasado 1ro. de junio, la cual limita la cantidad de tabaco torcido que los viajeros pueden cargar en su equipaje a la salida del país.
La resolución No. 6/2007 de la Aduana General de Cuba intenta cerrarle las puertas al tráfico de tabacos desde la isla, y estipula que los viajeros sólo podrán llevar consigo 50 unidades de tabaco torcido. Las cantidades que excedan la cincuentena de puros pueden ser exportadas únicamente si los tabacos están contenidos en envases originales, cerrados y sellados con el holograma oficial, y el viajero acredita la adquisición lícita con una factura.
Empresarios cubanoamericanos de la industria tabacalera en el sur de la Florida saludaron la iniciativa del Departamento del Tesoro, aunque desestimaron que pudiera tener una influencia significativa sobre sus negocios.
''Me alegro que se aplique la ley, pero para mi negocio no significa nada'', manifestó Ernesto Padilla, propietario de la firma Padilla Cigars en Miami. Sus puros enrollados a mano en Miami han figurado por dos años consecutivos en la venerada nómina de los 25 mejores tabacos del mundo, según la revista Cigar Aficionado.
Padilla consideró que ''el mito del tabaco cubano'' se ha venido abajo en los últimos años, y opinó que la verdadera amenaza a los empresarios locales no son los puros fabricados en la isla, sino los impuestos que planea imponer el Congreso a las ventas de tabacos y cigarrillos en Estados Unidos.
ESPAÑA: Cibervoyeurismo en las playas
La alarma saltó hace unas semanas cuando un informe del Observatorio Español de Internet alertaba sobre la "llegada masiva del voyeurismo digital". El estudio, dirigido por el director de la organización, Francisco Canals, versaba sobre la proliferación en Internet de páginas en las que se divulgan fotografías de personas anónimas, normalmente desnudas o semidesnudas, capturadas sin el consentimiento de sus protagonistas en las playas y otros espacios públicos.
Según el informe, el nuevo "voyeurista digital" es alguien que se dedica a captar imágenes por medios digitales (normalmente teléfonos móviles dotados de cámara) "por puro afán de coleccionismo, diversión o autocomplacencia sexual, sin ningún ánimo de beneficio económico". En la mayoría de casos, el perfil es el de un adolescente o persona muy joven.
Francisco Canals, que ha charlado con QUESABESDE.COM, asegura que sólo en España existen más de 500 páginas web con estas características. En ellas -asegura el investigador- se comparten más de 10.000 fotografías de bañistas, tomadas y divulgadas sin el conocimiento de los mismos.
Ruido mediático
Como casi siempre que se habla de Internet, la prensa generalista no tardó en hacerse eco del informe, poniendo el grito en el cielo y demonizando a la red como un nido incontrolable de obsesos sexuales. No faltó el tertuliano de turno que, en un alarde de democracia, reclamó más control en las playas (suponemos que policial).
Sin embargo, la noticia ha conseguido revitalizar el manido -pero inconcluso- debate en torno a la captura y divulgación de imágenes "robadas" a sus protagonistas.
Lo cierto es que la ley española es bastante tajante al respecto de proteger el derecho a la intimidad y la propia imagen de las personas sin relevancia pública. Pero no se pueden poner diques al poderoso mar de Internet, entorno en el que muchas veces la legislación queda en papel mojado.
Cobertura legal
La disposición primera del artículo 18 de la Constitución española aporta el rango de fundamental al derecho a la propia imagen. Además, el cuarto apartado del mismo artículo establece que "la ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos".
La Ley Orgánica de 5 de mayo de 1982, que se encarga de desarrollar este derecho fundamental, determina ilegítima "la captación, reproducción o publicación por fotografía, filme, o cualquier otro procedimiento, de la imagen de una persona en lugares o momentos de su vida privada o fuera de ellos".
Aunque, a modo de excepciones, la ley no impide "su captación, reproducción o publicación por cualquier medio cuando se trate de personas que ejerzan un cargo público o una profesión de notoriedad o proyección pública y la imagen se capte durante un acto público o en lugares abiertos al público", ni "la utilización de la caricatura de dichas personas, de acuerdo con el uso social", ni tampoco "la información gráfica sobre un suceso o acaecimiento público cuando la imagen de una persona determinada aparezca como meramente accesoria".
En otras palabras, sólo se podrá captar y divulgar la imagen de una persona anónima cuando ésta aparezca de forma accesoria en un acontecimiento público (por ejemplo, haciendo cola para acudir a un evento deportivo). Nada más.
Aplicación práctica
Hasta aquí, la teoría. Sin embargo, la aplicación práctica de esta legislación se antoja inviable en un entorno de magnitudes tan difícilmente cuantificables como es Internet.
¿Qué hacer entonces si nuestra imagen es divulgada sin nuestro consentimiento? La Asociación de Internautas ha trazado la hoja de ruta a seguir en caso de ser víctima de un robado en la playa, aunque no son especialmente optimistas con el éxito de la empresa.
Básicamente, si alguien localiza una imagen suya en alguna página de Internet (algo ya de por sí muy difícil), la asociación recomienda intentar contactar con el propietario del dominio y pedir su retirada. En caso de no tener éxito con la solicitud, el siguiente paso es denunciar el caso ante la policía.
Responsabilidades
Pero el eje de la controversia aparece a la hora de señalar los auténticos responsables de estas vulneraciones sistemáticas del derecho a la propia imagen.
Demonizar a Internet se antoja un ejercicio de irresponsabilidad. Es cierto que la red magnifica la difusión de cualquier contenido hasta cotas impensables hace algunos años, pero no se puede culpar a un medio de la maldad o inconsciencia de algunos de sus usuarios. El voyeurismo ya existía mucho antes.
Sin embargo, Canals opina que Internet y la proliferación de dispositivos de captura también generan un "atractivo digital" que puede incitar a un usuario de estas tecnologías a ejecutar prácticas ilícitas. "Muchas personas pueden disponer ahora, casi sin buscarlo, de una cámara en sus móviles, lo que genera una oportunidad digital que antes no existía", comenta a QUESABESDE.COM.
Parece coherente que la responsabilidad de una fotografía pueda recaer sobre el autor de la misma, pero todo tiene sus matices, ya que el medio en el que la imagen es publicada también determina el cariz de la misma.
A modo de ejemplo, tal y como señala a este medio un fotógrafo madrileño que prefiere mantenerse en el anonimato, una misma fotografía de un bebé puede llegar a ser entrañable en un anuncio de pañales publicado en una revista y provocar la náusea con su aparición en un foro de pederastia.
Así, no pasa nada si la fotografía de unas bañistas en top-less aparece en un periódico ilustrando una noticia veraniega, pero sí que ocurre si la misma captura recala en una página pornográfica. Para otro veterano fotoperiodista, esta última situación constituiría un uso fraudulento de la imagen que exculparía de responsabilidad al autor.
El control de los foros
Entonces, ¿es responsable la página web que aloja esa imagen? A día de hoy, prácticamente todos los foros que soportan esta temática se escudan en un resquicio legal, indicando de forma clara que no pueden controlar el ingente volumen de mensajes publicados por sus usuarios, delegando la responsabilidad a sus autores y actuando de forma no proactiva a las presuntas violaciones.
Esta posición, sin embargo, es discutida por algunos sectores que no ven en ello más que una excusa. Políticas más restrictivas a la publicación de los llamados "posts" podrían ser una solución para los más críticos con este "mirar para otro lado".
En el mismo sentido se expresa Canals, que considera que las páginas web sí tienen su parte de responsabilidad en la presencia de este tipo de contenidos. "Particularmente, las páginas especializadas en voyeurismo y las que se aprovechan del tirón de visitas que estas imágenes generan para ingresar dinero por medio de la publicidad", matiza Canals.
El hecho es que contenidos puramente ilegales habitan a millones en la red, abarcando todos los ámbitos imaginables.
Los sectores más conservadores ya han puesto el grito en el cielo -llevan haciéndolo regularmente todos los veranos desde hace unos años-, abogando por posiciones tan radicales como la limitación -léase prohibición- de la desnudez en los lugares públicos, e incluso del propio uso de cámaras digitales en determinadas zonas.
De hecho, en Estados Unidos ya se ha comenzado a prohibir las cámaras digitales en las playas privadas de algunos complejos hoteleros y recintos deportivos. En este mundo que nos ha tocado vivir, siempre acaban pagando justos por pecadores.
El director del Observatorio Español de Internet no cree que este tipo de políticas restrictivas sirvan de mucho, y considera que "la única solución es la educación en valores, del mismo modo que se hace para evitar que la gente conduzca después de beber alcohol o para que use el preservativo en sus relaciones sexuales". "Es necesaria la figura de un pedagogo virtual", sentencia Canals.
Doble moral
En cualquier caso, el problema principal en esta polémica radica en la doble moral de nuestras sociedades. Hace no muchos meses el top-less de una famosa actriz española desató la locura en la red, llegando a colapsar la página web de la publicación que compró esas fotografías.
¿Qué ocurriría si los que se jactaban del poco cuidado de la famosa a la hora de esconderse de las miradas indiscretas fueran los protagonistas de esas fotografías?
Peculiar es también la percepción que algunos paparazzi tienen de este nuevo voyeurismo digital, en el que ven un peligro para su propio trabajo.
"Nosotros -nos comenta un profesional del robado rosa- no usamos siempre grandes teleobjetivos. De hecho, en las playas es ya normal usar alguna cámara digital compacta que sea fácilmente disimulable o con cuerpo giratorio para que no se nos vea mucho. Ahora, cuando nos vean, enseguida van a pensar que estamos fotografiando a alguna turista y nos van a delatar, echando por tierra nuestro trabajo."
En la recámara queda la pregunta de si el hecho de ser un personaje de relevancia pública justifica la captura y difusión de imágenes suyas tomadas sin su consentimiento. El autor del estudio sobre el voyeurismo digital lo tiene claro: "La vara de medir no debería ser diferente para un personaje conocido que para un ciudadano anónimo."
Cabe recordar que, recientemente, dos sentencias judiciales condenaban a las revistas Diez Minutos y Sorpresa a indemnizar al popular presentador Andreu Buenafuente por publicar un desnudo suyo robado en una playa ibicenca.
Una vez más, la combinación de píxel e Internet se convierte, gracias a los medios generalistas de masas, en un cóctel peligroso al que recurrir cuando las noticias escasean en época estival. Culpar de los males a Internet parece ser el deporte nacional, y todo indica que la fotografía digital se ha sumado al elenco de herramientas contra el bien.
Según el informe, el nuevo "voyeurista digital" es alguien que se dedica a captar imágenes por medios digitales (normalmente teléfonos móviles dotados de cámara) "por puro afán de coleccionismo, diversión o autocomplacencia sexual, sin ningún ánimo de beneficio económico". En la mayoría de casos, el perfil es el de un adolescente o persona muy joven.
Francisco Canals, que ha charlado con QUESABESDE.COM, asegura que sólo en España existen más de 500 páginas web con estas características. En ellas -asegura el investigador- se comparten más de 10.000 fotografías de bañistas, tomadas y divulgadas sin el conocimiento de los mismos.
Ruido mediático
Como casi siempre que se habla de Internet, la prensa generalista no tardó en hacerse eco del informe, poniendo el grito en el cielo y demonizando a la red como un nido incontrolable de obsesos sexuales. No faltó el tertuliano de turno que, en un alarde de democracia, reclamó más control en las playas (suponemos que policial).
Sin embargo, la noticia ha conseguido revitalizar el manido -pero inconcluso- debate en torno a la captura y divulgación de imágenes "robadas" a sus protagonistas.
Lo cierto es que la ley española es bastante tajante al respecto de proteger el derecho a la intimidad y la propia imagen de las personas sin relevancia pública. Pero no se pueden poner diques al poderoso mar de Internet, entorno en el que muchas veces la legislación queda en papel mojado.
Cobertura legal
La disposición primera del artículo 18 de la Constitución española aporta el rango de fundamental al derecho a la propia imagen. Además, el cuarto apartado del mismo artículo establece que "la ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos".
La Ley Orgánica de 5 de mayo de 1982, que se encarga de desarrollar este derecho fundamental, determina ilegítima "la captación, reproducción o publicación por fotografía, filme, o cualquier otro procedimiento, de la imagen de una persona en lugares o momentos de su vida privada o fuera de ellos".
Aunque, a modo de excepciones, la ley no impide "su captación, reproducción o publicación por cualquier medio cuando se trate de personas que ejerzan un cargo público o una profesión de notoriedad o proyección pública y la imagen se capte durante un acto público o en lugares abiertos al público", ni "la utilización de la caricatura de dichas personas, de acuerdo con el uso social", ni tampoco "la información gráfica sobre un suceso o acaecimiento público cuando la imagen de una persona determinada aparezca como meramente accesoria".
En otras palabras, sólo se podrá captar y divulgar la imagen de una persona anónima cuando ésta aparezca de forma accesoria en un acontecimiento público (por ejemplo, haciendo cola para acudir a un evento deportivo). Nada más.
Aplicación práctica
Hasta aquí, la teoría. Sin embargo, la aplicación práctica de esta legislación se antoja inviable en un entorno de magnitudes tan difícilmente cuantificables como es Internet.
¿Qué hacer entonces si nuestra imagen es divulgada sin nuestro consentimiento? La Asociación de Internautas ha trazado la hoja de ruta a seguir en caso de ser víctima de un robado en la playa, aunque no son especialmente optimistas con el éxito de la empresa.
Básicamente, si alguien localiza una imagen suya en alguna página de Internet (algo ya de por sí muy difícil), la asociación recomienda intentar contactar con el propietario del dominio y pedir su retirada. En caso de no tener éxito con la solicitud, el siguiente paso es denunciar el caso ante la policía.
Responsabilidades
Pero el eje de la controversia aparece a la hora de señalar los auténticos responsables de estas vulneraciones sistemáticas del derecho a la propia imagen.
Demonizar a Internet se antoja un ejercicio de irresponsabilidad. Es cierto que la red magnifica la difusión de cualquier contenido hasta cotas impensables hace algunos años, pero no se puede culpar a un medio de la maldad o inconsciencia de algunos de sus usuarios. El voyeurismo ya existía mucho antes.
Sin embargo, Canals opina que Internet y la proliferación de dispositivos de captura también generan un "atractivo digital" que puede incitar a un usuario de estas tecnologías a ejecutar prácticas ilícitas. "Muchas personas pueden disponer ahora, casi sin buscarlo, de una cámara en sus móviles, lo que genera una oportunidad digital que antes no existía", comenta a QUESABESDE.COM.
Parece coherente que la responsabilidad de una fotografía pueda recaer sobre el autor de la misma, pero todo tiene sus matices, ya que el medio en el que la imagen es publicada también determina el cariz de la misma.
A modo de ejemplo, tal y como señala a este medio un fotógrafo madrileño que prefiere mantenerse en el anonimato, una misma fotografía de un bebé puede llegar a ser entrañable en un anuncio de pañales publicado en una revista y provocar la náusea con su aparición en un foro de pederastia.
Así, no pasa nada si la fotografía de unas bañistas en top-less aparece en un periódico ilustrando una noticia veraniega, pero sí que ocurre si la misma captura recala en una página pornográfica. Para otro veterano fotoperiodista, esta última situación constituiría un uso fraudulento de la imagen que exculparía de responsabilidad al autor.
El control de los foros
Entonces, ¿es responsable la página web que aloja esa imagen? A día de hoy, prácticamente todos los foros que soportan esta temática se escudan en un resquicio legal, indicando de forma clara que no pueden controlar el ingente volumen de mensajes publicados por sus usuarios, delegando la responsabilidad a sus autores y actuando de forma no proactiva a las presuntas violaciones.
Esta posición, sin embargo, es discutida por algunos sectores que no ven en ello más que una excusa. Políticas más restrictivas a la publicación de los llamados "posts" podrían ser una solución para los más críticos con este "mirar para otro lado".
En el mismo sentido se expresa Canals, que considera que las páginas web sí tienen su parte de responsabilidad en la presencia de este tipo de contenidos. "Particularmente, las páginas especializadas en voyeurismo y las que se aprovechan del tirón de visitas que estas imágenes generan para ingresar dinero por medio de la publicidad", matiza Canals.
El hecho es que contenidos puramente ilegales habitan a millones en la red, abarcando todos los ámbitos imaginables.
Los sectores más conservadores ya han puesto el grito en el cielo -llevan haciéndolo regularmente todos los veranos desde hace unos años-, abogando por posiciones tan radicales como la limitación -léase prohibición- de la desnudez en los lugares públicos, e incluso del propio uso de cámaras digitales en determinadas zonas.
De hecho, en Estados Unidos ya se ha comenzado a prohibir las cámaras digitales en las playas privadas de algunos complejos hoteleros y recintos deportivos. En este mundo que nos ha tocado vivir, siempre acaban pagando justos por pecadores.
El director del Observatorio Español de Internet no cree que este tipo de políticas restrictivas sirvan de mucho, y considera que "la única solución es la educación en valores, del mismo modo que se hace para evitar que la gente conduzca después de beber alcohol o para que use el preservativo en sus relaciones sexuales". "Es necesaria la figura de un pedagogo virtual", sentencia Canals.
Doble moral
En cualquier caso, el problema principal en esta polémica radica en la doble moral de nuestras sociedades. Hace no muchos meses el top-less de una famosa actriz española desató la locura en la red, llegando a colapsar la página web de la publicación que compró esas fotografías.
¿Qué ocurriría si los que se jactaban del poco cuidado de la famosa a la hora de esconderse de las miradas indiscretas fueran los protagonistas de esas fotografías?
Peculiar es también la percepción que algunos paparazzi tienen de este nuevo voyeurismo digital, en el que ven un peligro para su propio trabajo.
"Nosotros -nos comenta un profesional del robado rosa- no usamos siempre grandes teleobjetivos. De hecho, en las playas es ya normal usar alguna cámara digital compacta que sea fácilmente disimulable o con cuerpo giratorio para que no se nos vea mucho. Ahora, cuando nos vean, enseguida van a pensar que estamos fotografiando a alguna turista y nos van a delatar, echando por tierra nuestro trabajo."
En la recámara queda la pregunta de si el hecho de ser un personaje de relevancia pública justifica la captura y difusión de imágenes suyas tomadas sin su consentimiento. El autor del estudio sobre el voyeurismo digital lo tiene claro: "La vara de medir no debería ser diferente para un personaje conocido que para un ciudadano anónimo."
Cabe recordar que, recientemente, dos sentencias judiciales condenaban a las revistas Diez Minutos y Sorpresa a indemnizar al popular presentador Andreu Buenafuente por publicar un desnudo suyo robado en una playa ibicenca.
Una vez más, la combinación de píxel e Internet se convierte, gracias a los medios generalistas de masas, en un cóctel peligroso al que recurrir cuando las noticias escasean en época estival. Culpar de los males a Internet parece ser el deporte nacional, y todo indica que la fotografía digital se ha sumado al elenco de herramientas contra el bien.
domingo, 12 de agosto de 2007
MEXICO: Publica SCJN en Internet sentencia sobre reforma a Ley de Radio y TV
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) publicó anoche en su portal de Internet la versión definitiva de la sentencia que los ministros determinaron sobre la acción de inconstitucionalidad a las reformas hechas a la Ley de Radio, Televisión y Telecomunicaciones.
Se trata del informe en el que aparece la decisión que tomó el Máximo Tribunal del País de echar abajo los artículos que, a decir de los legisladores que impugnaron la ley, beneficiaban directamente a los actuales concesionarios.
Luego de que el pasado 7 de junio los ministros votaran en definitiva la llamada ley Televisa, este jueves el documento final elaborado por el ministro Salvador Aguirre Anguiano fue puesto a disposición de cualquier persona.
De hecho, a decir de fuentes de la Corte, es probable que las partes interesadas ya hayan sido notificadas. En este caso se trataría del Congreso de la Unión, el Poder Ejecutivo, los ex senadores que presentaron la demanda y la Comisión Federal de Telecomunicaciones.
Fueron 46 los artículos que en el 2006 modificó el Congreso. Y de ellos 16 fueron impugnados por un grupo de senadores.
En total ocho artículos fueron modificados total o parcialmente por la Corte.
Se trata del informe en el que aparece la decisión que tomó el Máximo Tribunal del País de echar abajo los artículos que, a decir de los legisladores que impugnaron la ley, beneficiaban directamente a los actuales concesionarios.
Luego de que el pasado 7 de junio los ministros votaran en definitiva la llamada ley Televisa, este jueves el documento final elaborado por el ministro Salvador Aguirre Anguiano fue puesto a disposición de cualquier persona.
De hecho, a decir de fuentes de la Corte, es probable que las partes interesadas ya hayan sido notificadas. En este caso se trataría del Congreso de la Unión, el Poder Ejecutivo, los ex senadores que presentaron la demanda y la Comisión Federal de Telecomunicaciones.
Fueron 46 los artículos que en el 2006 modificó el Congreso. Y de ellos 16 fueron impugnados por un grupo de senadores.
En total ocho artículos fueron modificados total o parcialmente por la Corte.
COLOMBIA:Emisoras web que lo toman en serio: surgieron de un proyecto casero y ahora asumen grandes retos
Cuando llegó la primera cotización de Sayco, a Mario Carvajal casi le da un 'patatús'. Tendría que pagar 70 millones de pesos para seguir haciendo lo que mantuvo durante dos años, solo por gusto:
Exponer la mejor música andina colombiana en su blog Bandolitis (www.bandolitis.com), que de repente se convirtió en la única vitrina del bambuco en la red mundial.
"Es que si no lo haces así, ¿cuándo vas a escuchar un bambuco por ahí?", pregunta Carvajal, diseñador de profesión y bandolista por afición.
Desde el anuncio, el proyecto que consistía en hacer streaming (transmisión de audio o video en la web sin permitir descarga) de la música que Carvajal tenía en sus discos, estuvo congelado por 10 meses mientras negociaba con Sayco y su proveedor de Internet, pero él entendió que era un paso definitivo que debía dar hacia la legalidad.
Como resultado, se redujo el cobro de 70 a un millón de pesos. Para pagarlos, Carvajal y el Trío Colombita tuvieron que organizar un concierto de caridad en el que participaron los músicos Gustavo Adolfo Rengifo, Guafa Trío, el cuarteto Perendengue, Luz Marina Posada y el Dueto Primavera, el pasado 18 de julio.
Bandolitis volvió al aire hace dos meses, pero su esfuerzo evidenció que aún falta mucho trabajo para definir las reglas de juego que deben seguir las emisoras web en Colombia, pese a que la entidad protectora de derechos de autor tiene un departamento denominado Nuevos Medios.
"Yo soy un 'pelagato' al que no le pueden sacar nada, así que quizás una demanda de Sayco no procedería -cuenta Carvajal, que dedica tres horas al día a su página-, pero ¿qué haría Sayco si yo viviera en Mongolia?"
Bandolitis suele tener en promedio 15 oyentes conectados de manera simultánea, cifra que no parece muy significativa si se compara con las emisoras convencionales, pero es una audiencia más participativa y se despliega por todo el mundo.
Pese a que hay plataformas para abrir emisoras gratuitas como Yahoo! o Rhapsody, montar una estación estable, cuya transmisión no se caiga y que soporte a un número significativo de usuarios de manera simultánea requiere inversión y planeación.
Según Édgar Duque, director de Dyna Radio (www.dyna-radio.com), "puedes montar una emisora con 100 mil pesos, pero si quieres una propuesta seria, requiere fácilmente una inversión mensual de 20 millones de pesos".
Su emisora, que funciona desde hace dos años y tiene 15 empleados de planta, ya cuenta con 60.000 usuarios únicos al mes, asegura Duque.
Pero, aunque suene extraño, los retos que aún mantienen las emisoras web colombianas no son diferentes de los que aún tienen las estaciones en línea en todo el mundo y que solo en E.U. son usadas por más de 38 millones de personas, según el instituto de investigación Internet Pew Internet & America Life Project (ver recuadros e infografía).
Día del silencio
El pasado 26 de junio, un gran número de emisoras web de Estados Unidos, entre las que estaban Yahoo! y Live365, apagaron sus micrófonos durante todo el día para protestar contra la nueva ley de tarifas de derechos por grabaciones, adicional a los que ya pagan por derechos de autor a los artistas.
La Comisión de Derechos de Autor de ese país estableció que a partir de junio, las estaciones que difundan por la red música registrada deben pagar a SoundExchange, una organización no gubernamental, una suma que oscilará entre 9 y 19 centavos de dólar por cada vez que una canción sea escuchada en sus plataformas, con retroactividad por los últimos 5 años.
El recaudo cubre el riesgo de que lo emitido por las emisoras web sea grabado por el usuario.
En respuesta, los emisores se organizaron en la iniciativa Save Net Radio (www.savenetradio.org) para reclamar que dicha medida iba a sepultarlos: "Si es difícil cobrar por descargas legales, lo es mucho más por solo transmitir música".
Pandora evalúa la posibilidad de retirarse del negocio
En un esfuerzo paralelo al de pequeñas emisoras en la red, los principales servicios de música debaten con la Recording Industry Association of America (RIAA) por los derechos de difusión.
Tim Westergren, presidente del proyecto Pandora, con 8 millones de suscriptores a su servicio gratuito, evalúa la posibilidad de retirarse.
"Seguimos teniendo la esperanza de que habrá una solución razonable con SoundExchange" -afirmó Westergren en entrevista con EL TIEMPO- "Si vemos que en algún punto no hay una salida, entonces no continuaremos".
Ocho años fueron necesarios para que saliera a la luz el Music Genome Project, experimento que intentó identificar el gusto musical de cada usuario mediante el servicio en línea Pandora.
Sin embargo, desde el pasado 3 de mayo tuvo que cerrar sus puertas a residentes fuera de Estados Unidos.
"Fue un día muy triste para nosotros y estamos bastante apenados de haber tenido que hacer eso", explicó Westergren.
No obstante, señaló que el futuro depende de qué tan dispuestos estén sellos discográficos y gobiernos a llegar a un acuerdo de difusión libre por la red.
CARLOS SOLANO
REDACTOR DE EL TIEMPO
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